Hay guerras contra las drogas por todo lo alto, y hay guerras contra las drogas que son silenciosas. Ninguna ha funcionado en México.

Ni aquella en la que se concentró todo un programa de gobierno para combatir la inseguridad y el narcotráfico, como fue el caso de Felipe Calderón Hinojosa en el sexenio pasado, ni la actual donde se oculta la estrategia, se ignora el tema de la inseguridad y la violencia, se niega información y se actúa asegún de manera discreta y certera.

La realidad es que los ejecutados producto del crimen organizado, el narcotráfico y la lucha entre estos, e incluso contra algunas instituciones y corporaciones, van en aumento y no en descenso, lo que denota ciertamente, otra estrategia fallida en el combate a la inseguridad en México.

El viernes 14 de marzo en el Semanario ZETA publicamos el último recuento de ejecutados en el país. Homicidios dolosos registrados en todos los estados de la República y que son, en primera instancia, achacados a la criminalidad organizada y el narcotráfico. Balaceados, ahorcados, desmembrados, colgados, encontrados en fosas clandestinas, a orilla de carreteras y con el tiro de gracia, entre otros.

En total, en catorce meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra de víctimas de la violencia de alto impacto llegó a los 23 mil 640; en su primer año Peña superó los 20 mil ejecutados, manteniendo la escalada de los crímenes que viene desde la época de Calderón.

Y bueno a pesar que son de diferente partido, distinta ideología, disímil idiosincrasia, desigual su contexto social, y separada su vida política, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa no son tan diferentes. En tratándose del combate a la inseguridad los dos últimos presidentes de México han fallado, y aun cuando Peña solo lleva catorce meses en el cargo, no se ve, ni se lee, ni se siente una estrategia innovadora en relación a la implementada por su antecesor.

Mire, así como el Presidente Calderón tenía un Secretario de Gobernación en el que confiaba a ciegas para el tema de la inseguridad, como lo fueron los dos últimos, Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré, Peña ha concentrado la estrategia de ese delicado y gravísimo tema para el país, en Miguel Ángel Osorio Chong. Tanto que incluso desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y todas las facultades, corporación policíaca, herramientas y responsabilidades las descansó precisamente en la Secretaría de Gobernación.

También así como Calderón mantuvo Procuradores Generales de la República como ceros a la izquierda, o agencias de asuntos internos (en el último caso de la Procuradora Marisela Morales), Peña mantiene a un relegado, callado y tímido –en términos de acción de gobierno- Procurador Jesús Murillo Karam. De hecho, evidenciando una ineficiencia en las corporaciones policíacas actuales para combatir el crimen en las entidades federativas, llámese federal, ministerial o cualquier regional o local, el presidente Peña crea su Gendarmería Nacional, un proyecto de tan sonado, muy quemado por su falta de contexto judicial o ministerial para aportar al estado de derecho, la certeza jurídica, la seguridad y abonar al debilitamiento de la impunidad.

De manera abierta, dentro y fuera de México, Calderón centró su presidencia en trabajar para lograr la paz en la República y quitarse el mote entonces tan socorrido –y en inglés- de The war on drugs, la guerra contra las drogas; Enrique Peña Nieto solo le “dedicó” al tema uno de sus cinco ejes, el de “México en paz”, pero es en el que más alharaca ha hecho en términos de resultados de “alto impacto” para su administración –ahí el caso de la presentación no presentación ante los medios de “Joaquín” Archivaldo Guzmán “El Chapo”-.

Al igual que Calderón, Peña está apostándole a la estrategia de la aprehensión, la detención de los líderes de las decenas de organizaciones criminales que delinquen en el país, vulnerando a los mexicanos todos; también como sucedió en el pasado sexenio, no se ha elaborado un apartado dentro de la estrategia, para combatir las redes financieras de los criminales. No se ha consolidado la investigación de delitos financieros para no solo capturar a quienes encabezan los cárteles y células criminales, sino cerrarles el paso de los billetes, el blanqueo de los dólares y el crecimiento de las ilícitas fortunas que dan poderío a los criminales, elementos para comprar impunidad y mucho efectivo para corromper a los hombres y mujeres en las instituciones.

Tampoco en este sexenio como no se hizo en el pasado, se ha incluido en la estrategia, el combate a la impunidad a partir de fortalecer el Ministerio Público Federal, de otorgarle herramientas científicas, humanas y presupuestales, para judicializar los muchos casos de criminales en el país. De hecho, la mayoría de los criminales de medio pelo que ante la captura del líder van en ascenso, no cuentan con órdenes de aprehensión porque los agentes ministeriales, o son corruptos, o incapaces, o no pueden con tanta investigación y la comisión de tantos delitos.

La incapacidad o colusión del Ministerio Público, federal o estatal, se ve cuando Jueces quitan delitos o conceden amparos a los narcotraficantes, debido a investigaciones carentes de sustento científico o indagatorio, o son endebles en la presentación de pruebas o la colocación de los indiciados en las escenas o los hechos criminales en cuestión.

Ni antes ni ahora, el Ministerio Público ha recibido la atención que requiere para documentar, perseguir o promover ordenes de aprehensión ante el Poder Judicial para los criminales.

Todos esos vicios que no han sido erradicados: una estrategia fallida, un plan incompleto, corporaciones corrompidas, ministerio público reducido, la ausencia de consignación en delitos financieros ligados al narcotráfico, la impunidad,  y una visión corta del fenómeno de la inseguridad en México, son en gran medida, los orígenes de los miles de ejecutados que se van apilando día tras día en el País, tanto hoy como en el pasado.

Y los muertos, los ejecutados, los desmembrados, las balas, los enfrentamientos, las narcofosas, no son hechos que se puedan borrar con un discurso presidencial de reformas, o la manipulación de las cifras de la inseguridad por parte de Gobernación –vaya ahora el que cuenta averiguaciones previas y no cuenta víctimas, Monte Alejandro Rubido, ya es el Comisionado Nacional de Seguridad-; no; todos estos hechos delictivos se ven, se escuchan, se padecen, se lloran y se huye de ellos. Ahí están.

De los 23 mil 640 ejecutados en los catorce meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la mayoría se concentra en estados como Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, los mismos que a diario son protagonistas de las historias de horror de la inseguridad y que vemos, leemos o escuchamos en noticias.

No, realmente Enrique Peña Nieto no es tan diferente a Felipe Calderón Hinojosa. Y para muestra, los ejecutados que no han podido detener. Ahí están las cifras.

Adela Navarro Bello

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