Hace algún tiempo, un ex funcionario de gobierno me platicó porqué reusó laborar con una nueva administración. Sucede que le habían extendido la invitación para presentarse a la oficina del ejecutivo y ver en cuál área podía su habilidad ser más útil. Acostumbrado a moverse en los terrenos de la inteligencia táctica, rápido tuvieron la idea de otorgarle un sitio en seguridad pública.

Antes, le dijeron, debía hablar con quien hace las contrataciones y es de la confianza plena del mandatario en cuestión. Hasta allá llegó. Le esperaban feliz. Le recibieron con los brazos abiertos y enorme sonrisa. Le querían en el equipo, es más, lo necesitaban dentro de la administración. Había una misión importante para él.

Y así como en los contratos aparece en letra pequeña lo que no se quiere ventilar pero se quiere vender, en las pláticas entre políticos se utiliza el susurro. La voz en volumen bajo, quedita casi imperceptible. De hecho es común ver cuando se acercan las caras en una escena que pasa del romanticismo puro a la confabulación total. Bueno así, bajando la voz al mínimo, acercándose al interlocutor, el funcionario les soltó: “queremos que nos digas dónde está el dinero en la dependencia; por dónde entra el dinero ilícito. La verdad, el jefe anda atorado de lana”.

En muchos partidos y en más familias, ganar un puesto de elección popular significa sacarse la lotería. También ocurre en los amigos del ganador, los cercanos al designado y los incondicionales del nombrado secretario. Muchos buscan sacar provecho económico del servicio público. Y pues el sistema mexicano está hecho para eso. Con todo y la simulada transparencia, la supuestamente supervisada función pública, y las leyes cada vez más rígidas en las agravantes cuando de un funcionario o servidor se trata, las transas en los gobiernos y los políticos en México siguen ocurriendo, y vaya mala memoria, siguen sorprendiendo.

Esta semana ejemplos hay muchos. El más sonado de todos, el mega fraude en dólares de Oceanografía que alcanza los 360 millones de dólares en malas jugadas financieras a través de Banamex-Citibank; la empresa propiedad en papel de Amado Yáñez y otros socios, ha sido relacionada sistemáticamente con los notorios hermanos Bribiesca, los hijos de la ex primera dama de México, Martha Sahagún, desde entonces casada con el ex Presidente Vicente Fox Quesada. Los muchachos, que bien a bien y a pesar de comisiones legislativas que los investigan, no han podido demostrar de origen, un modo decente, profesional y de trabajo en la vida, sí aceptaron a medios de comunicación –recuerdo el caso de Proceso- que en un momento dado mientras su tardío padrastro era el Ejecutivo Nacional, haber solicitado que un contrato de Petróleos Mexicanos, fuera adjudicado a Oceanografía, compañía que fue asegurada por la PGR, al alertarse el fraude, enterarse que en Estados Unidos también tiene demandas y además, en voz de Jesús Murillo Karam, se presume lavado de dinero.

Los señores Bribiesca arribaron al poder federal de la mano de su madre. Hoy día uno es diputado federal por Nueva Alianza y los otros dos siguen haciendo negocios. Llegaron al poder y presuntamente se sirvieron de él; sacaron provecho económico.

El otro caso de la semana es el del argentino Carlos Ahumada Kurtz, quien hizo negocios de la mano del Gobierno del Distrito Federal e invirtió dinero en el Partido de la Revolución Democrática, entonces -2004- y hasta la fecha, gobernado por políticos de extracción perredista. Ahora sale el señor Ahumada, que estuvo preso, fue investigado y los perredistas a quienes video grabó en lo que les daba dinero fueron entonces desprestigiados –hoy gozan de cabal salud con cargos en el sistema político mexicano y el gobierno-, regresa para decir –de verdad- que le regresen 200 millones de pesos que prestó al PRD cuando su dirigente era la hoy secretaria de desarrollo social, Rosario Robles.

La duda en el caso de Ahumada solo es una: ¿Querrá que le regresen sus billetes con ligas o sin ligas? Es inolvidable el caso del hoy asambleísta de la Ciudad de México, René Bejarano, cuando recibe el dinero de Ahumada y se lleva hasta las ligas con las cuales estaba sujeto.

El tercer caso de dinero y política, o dinero y gobierno, se dio en Tijuana hace unos días cuando el alcalde de la ciudad, el doctor Jorge Astiazarán Orcí, convocó a una conferencia de prensa para acusar al Síndico Arturo Ledesma y su hermano Miguel, de intentar extorsionarlo. Le pedía, dijo a grandes rasgos y con la intermediación de otros funcionarios de la Sindicatura, una parte de los 80 millones de dólares que sabían, se generaban de dinero ilícito en las distintas áreas de reglamentación municipal.

Los Ledesma, que según el dicho de Astiazarán –aceptó que su única prueba es su palabra- han quedado como esa clase política que entra a la administración pública para sacar provecho económico. Y su única respuesta ha sido, que el Presidente Municipal pruebe en tribunales sus dichos. No más.

En el PRI no se quedan atrás. Aunque no son tan ligeros para dejar pruebas verbales, sociales, de sociedad, documentos o heridos en el camino que les recuerden la clase corrupta que también son. El primero ejemplo que abre esta columna se dio en una administración priísta. Y hay más. El caso de un senador y un diputado federal que obligan a un alcalde –quizá a muchos- a hacer negocios con compañías ajenas pero propias, a cambio de liberar fondos federales para pagar obra y de paso a las compañías que les beneficiarán.

Particularmente esta semana, después que se detuvo al delincuente más buscado de México en el ámbito del narcotráfico y el crimen organizado, salieron a relucir los delincuentes de cuello blanco, y los servidores públicos, los políticos abusivos, que creen que llegar al poder es sacarse la lotería. Y cuantos hay de esos, y cuántos en mayor impunidad que Joaquín Guzmán Loera.

Resulta entonces que partidos, políticos, funcionarios federales, estatales y municipales, pueden hacer negocios ilícitos, tomar dinero ante las cámaras, extorsionar y robar, y nada, no pasa nada.

Adela Navarro Bello

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