Para asegundar, concretar, confirmar que el compromiso y la intención del Gobierno de Enrique Peña Nieto se sustenta en una estrategia integral de combate al crimen organizado y al narcotráfico, y que no se trata de una sola y muy particular aprehensión de un capo, los encargados de la procuración de justicia en este país, deben ir tras aquellos que durante trece años, proveyeron impunidad y protegieron con ello, a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Vaya, desde el momento mismo aquel 19 de enero de 2001 cuando se escapó del penal de Puente Grande en Jalisco, o cuando previo a ello su fuga comenzó a fraguarse al ser trasladado del penal de máxima seguridad el Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Desde entonces fueron trece años de impunidad, trece años durante los cuales fue protegido por gobiernos, corporaciones, funcionarios e incluso políticos. Trece años de corrupción y trece años de infiltración del narco lo mismo en instituciones que en autoridades pasando por partidos. Trece años de muertes, de ejecuciones y envenenamiento de la sociedad. Trece años en que una, varias o muchas personas contribuyeron al desarrollo y consolidación del cártel de Sinaloa. Es un hecho que ningún criminal puede permanecer tanto tiempo burlando al Estado Mexicano, sin contar con la protección de personas encargadas de ejercer y hacer cumplir precisamente el Estado de Derecho.

Los rumores que han alimentado de manera frívola la leyenda alrededor del capo que fue el más buscado del mundo, deben aclararse en bien de la justicia y para certeza de la sociedad, y solo podrá ubicarse a “El Chapo” en su justa dimensión de delincuente, cuando se devele que no lo hizo solo. Que compró voluntades, adquirió corporaciones, soldados, ministerios públicos, agentes, funcionarios, gobernadores y alcaldes, entre otros. Dicha acción debe confirmar que la estrategia contra el narcotráfico es perseguir, procesar y combatir con ello a todos quienes permitieron –y permiten- el desarrollo y crecimiento de las estructuras mafiosas abusando de las facultades que el gobierno les provee.

Durante dos sexenios se habló en reuniones cerradas y públicas, de la sospecha de una protección del gobierno federal para el cártel de Sinaloa, también de hordas de soldados que estaban a su servicio y protegían sus bienes en la sierra. De constructores que se encargaron de erigir sus casas y escondites, de funcionarios que le tramitaron documentos legales con nombres apócrifos para identidad suya y de sus familiares y su banda de delincuentes. De Policías de los tres órdenes de gobierno que le cubrían el paso y le retiraban la vigilancia en calles, avenidas, bulevares y carreteras para que el capo se trasladara de un lugar a otro.

De pistas clandestinas para el despegue y arribo de sus naves cargadas de criminales, de droga, de armas y de dinero. De carros siempre del modelo más reciente y acondicionados con blindaje especial que empresas le vendieron, que compañías le modificaron, le adaptaron, y de autoridades que los dieron de alta en la legalidad al ampararlos con licencias de conducir, placas y tarjetas de circulación. Empresas debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda que sirvieron para blanquear los miles de millones de dólares que los norteamericanos dicen que posee, así como grandes bodegas y almacenes donde resguardaba su ilícita mercancía antes de ser distribuida por territorio mexicano o traficada hacia los Estados Unidos.

Hay toda una estela de hombres y mujeres que desde el Estado Mexicano y desde la iniciativa privada, y desde el pequeño, el mediano y el comercio en general, y la industria, ayudaron para que durante trece años, “El Chapo” creciera su imperio de impunidad, droga y muerte; la medida, el golpe asestado a los criminales no debe pues, concluir con su detención, ni terminar la investigación con la encarcelación del capo; estas horas siguientes a la aprehensión son de una importancia sustancial para continuar con la apertura de averiguaciones previas sobre quienes integran la red criminal que Guzmán Loera construyó con quienes prófugos aún, le apoyaron en su vida mafiosa.

En este contexto la detención, que sí es importante, que sí resulta en un golpazo al crimen organizado, no debe ser el final. Los mexicanos requieren que la justicia llegue también hasta esos hombres y mujeres, que iniciando por las corporaciones policíacas y de la fuerza pública mexicana, siguiendo con los gobiernos y terminando con los mexicanos económicamente activos que le ayudaron a crecer, también sean sus rostros dados a conocer, sus empresas señaladas, sus partidos y funcionarios procesados y que la red de corrupción sea también detectada y encarcelada.

Para llegar a ello, para ir acabando con la impunidad y la corrupción en este particular caso y sentar un precedente para el resto de las células y organizaciones criminales, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene a la fuente de información que requería para investigar al resto, ya tiene al “Chapo” Guzmán, y antes que se vaya por una orden de extradición, o porque lo cambiaron de penal otra vez, las áreas de inteligencia que dicen trabajaron en la captura, deben concretar las indagaciones alternas para ir por los corruptos que durante trece años protegieron al narcotraficante.

La detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán no debe ser el fin, sino el inicio de una investigación que demuestre a los mexicanos, que el gobierno de Peña sí quiere acabar con la impunidad. De otra manera, quienes suceden al narcotraficante, podrán continuar con su ilícito negocio con libertad producto de esa corrupción institucional y social.

Ahora sí, que ahora es cuando. Antes del reacomodo.

Adela Navarro Bello

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