Contar muertos no es un gusto. Ni un deporte, mucho menos una tarea que deba convertirse en cotidiana. La primera vez que en ZETA comenzamos a llevar un conteo de las ejecuciones producto del narcotráfico, fue al inicio de la década de los noventa. Asentado el cártel de los Arellano Félix en la región luego de una insana repartición del territorio mexicano para los capos del narco, los asentados en Baja California se creían –y acaso lo eran dada la impunidad que el Estado les confiere- amos de calles, trasiego, y vidas.

Entonces comenzaron a aparecer muertos por todos lados. Con saña, cuerpos baleados sin espacio tangible. Con tiro de gracia, golpeados hasta desfigurarlos; otros machacados y unos más quemados. Se notaba la fuerza bruta que solo sostiene un estado corrupto.

Contabilizar el número de ejecutados para develar una noticia a partir del análisis de la información, se volvió una norma en el Semanario, cuando el problema en lugar de disminuir fue creciendo hasta vulnerar a la sociedad toda. Restar los casos resueltos al total de los crímenes,  nos permitía saber el nivel de impunidad en Baja California.

Entonces utilizamos esos números, ese porcentaje de casos no resueltos, para denunciar a la autoridad, fuese Procuraduría General de la República o de Justicia del Estado, de ofrecer, con su incapacidad, falta de certeza jurídica e ineficiencia en el Ministerio Público, ofrecer la impunidad a los asesinos materiales e intelectuales para continuar su euforia de sangre y plomo.

Cuando los ejecutados crecieron en distintos estados de la República Mexicana, a la par que los cárteles de las drogas fueron acrecentando sus reales y diversificando la comisión de delitos hasta convertirse en ejemplo y definición de crimen organizado, empezamos a realizar un conteo nacional. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue el más cruento hasta este de Enrique Peña Nieto.

Los ejecutados brotaban en todos los confines de México. Estados como Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur, que habían registrado cero ejecuciones en un año, tenían manchas de sangre en calles y paredes de casas y hogares. Los cárteles trasmutaron a organizaciones criminales con más redes y células delincuenciales. En aquel sexenio, el último panista, pasaron de ser siete estructuras del narcotráfico, a más de 23 en seis años.

Los mexicanos pensamos que no podría haber peor época. Felipe Calderón Hinojosa,  concluía –a octubre de 2012- su sexenio con un total de 83 mil 191 ejecutados. La cifra de los asesinatos siempre fue en aumento durante su sexenio que inició el 1 de diciembre de 2006. En 2007 fueron 2 mil 826 ejecuciones, 6 mil 837 para el 2008 y 11 mil 753 el siguiente año. Para el 2010 la escalda de la violencia fue terrible: 19 mil 546 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado. En 2011 la violencia sorprendería de nueva cuenta: 24 mil 068, para finalizar con los últimos once meses de Calderón en el poder, con la cifra de 18 mil  161.

Y bueno, hay leyes que dicen que cuando algo puede salir mal, saldrá. A los mexicanos, en el primero de los seis años que le corresponde a Enrique Peña Nieto gobernar México por mandato popular, los números en tratándose de ejecuciones no han disminuido. De hecho, van al alza.

En los primeros once meses de Peña, éste  superó a Calderón en sus últimos once meses, en la estadística fatal. Al 31 de octubre de 2013, se contabilizaron en el país, 19 mil 16 ejecutados.  Lo cual significa que en su primer año, el priísta ya superó al panista en su último año.

Los números de los ejecutados en México y los estados con mayores incidencias, los publicamos en la edición del Semanario ZETA que se encuentra en circulación; son producto de un trabajo de investigación de las cifras oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los números de Procuradurías de las entidades federativas, y en casos específicos de municipios.

Las ciudades con más ejecutados en los primeros once meses de gobierno de Enrique Peña Nieto: Acapulco con 835; Distrito Federal, 708. Tijuana con 502, Culiacán con 410; Ciudad Juárez con 363, y Guadalajara  con 284.  Monterrey,  262 ejecutados,  Zapopan, 233; Chihuahua, 213, y en la décima posición, Torreón  con 209.

El Secretariado Ejecutivo reconoció hace algunas semanas, unos 17 mil homicidios dolosos en el mismo periodo. Pero el gobierno nos sigue debiendo la estadística de la impunidad. Cuántos de esos 19 mil 016 ejecutados han sido sujetos de justicia, cuántos asesinos están en prisión, a cuántos se les giró orden de aprehensión.

Sin embargo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pretende disminuir las cifras de la inseguridad, ocultándolas o reduciéndolas en una evidente manipulación, cuando la tónica de su estrategia en materia de seguridad no ha transitado de la retórica del eje “Un México por la Paz”, a la acción de no sólo encarcelar a los capos de las drogas, sino poner tras las rejas a los asesinos de mexicanos, sean o no, parte de esas estructuras, porque la simplona premisa de que “se matan entre ellos”, lo único que hace es mantener viva la impunidad.

Si la integración de la estadística se mantiene como en estos primeros once meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, también al final de su sexenio podría superar los ejecutados en la época de Calderón.

Afortunadamente para el Presidente, le quedan cinco años para recomponer la estrategia de seguridad, aplicar la Ley y hacer justicia, para que los asesinos como los narcotraficantes, no gocen de impunidad.

Adela Navarro Bello

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