María de la Luz Salcedo Palacios, conocida también como Lucero, perdió la virginidad a los 17 años. Lo sabemos ahora porque la jueza Paulina Iraís Medina Manzano, de Guanajuato, permitió que se usara ese argumento para tacharla de “inmoral”.

Lucero se opuso a una violación que podría haber derivado en homicidio. Su victimario le propinó una golpiza brutal por decirle que no. Molesto, le destrozó el rostro y le dejó marcas en todo el cuerpo.

Ella pudo hacer lo que hace el 92.1 por ciento de los mexicanos, según el INEGI: irse a su casa con los madrazos, dar gracias al cielo porque no amaneció desnuda y sin vida en alguna acequia, y cerrar la boca. Pero no: la abrió. Y lo hizo por ella, y por todas las que –así lo sostuvo en una entrevista– no denuncian. Acudió a las instituciones; recurrió al Ministerio Público en Guanajuato.

Ah, estúpida Lucero que no se dejó violar: ¡habría sido todo más fácil para esas instituciones! ¿Para qué se toma la molestia de ser el 7.9 por ciento que sí denuncia? A estas alturas, en ese estado católico que criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, estaría embarazada. Seguramente se habría visto obligada a dejar la escuela y el año siguiente tendría que emplearse, tal vez, como sirvienta en… ¿les gusta, por ejemplo, la casa del presidente del Tribunal en Guanajuato, Alfonso Fragoso Gutiérrez, el mismo que no quiere investigar a los funcionarios negligentes “para no entorpecer el caso”?

Estúpida Lucero que levanta la voz; que muestra en público los daños que provoca un hijo de esta sociedad machista que aplaude a las que cierran la boca y castiga a las que se defienden; que guarda en los sótanos de sus casas durante décadas los abusos sexuales de los sacerdotes para protegerlos (a ellos, claro, no a los niños).

Su agresor confeso, Miguel Ángel Jasso, anda por la calle.

Estúpida Lucero, que es guapa: ¿qué no sabe que las mujeres bonitas se merecen que las tundan hasta la muerte si salen a la calle?

¿Por qué se atreve a salir de noche a divertirse en un estado en el que las autoridades despachan desde el cerro de Cristo Rey?

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Guanajuato tiene una “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Le pongo comillas a propósito, porque me muero de la risa. Esa era la que, en teoría, tendría que haber garantizado a Lucero acceso a la justicia. La aprobó en noviembre del 2010 el Congreso local. Es un legajo de 52 artículos con los “principios y criterios” (también comillas deliberadas) que las autoridades deben acatar, incluso al generar políticas públicas, de acuerdo con una investigación de la periodista Carmen Pizano publicada en Zona Franca.

El artículo sexto, fracción IV, dice que se debe considerar violencia contra la mujer cuando alguna autoridad comete omisiones. Lucero estuvo el 12 de septiembre ante el Ministerio Público y una semana después la Procuraduría no había comenzado a investigar su caso.

¿De qué carajos sirve, pues, tener esas leyes?

El 18 de octubre, más de un mes después del atentado, el presidente del Tribunal dijo que no se investigaría a los funcionarios negligentes y omisos “para no entorpecer las investigaciones”. Increíble.

Y un día antes, el 17 de octubre, el Gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que no se investigaría a los funcionarios porque ya estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ello. Doblemente increíble.

(No los perdones, Padre, porque sí saben lo que hacen: se llama encubrimiento. O, si no es encubrimiento, entonces se llama estupidez).

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Falló el Ministerio Público, que no movió un dedo hasta que Lucero apareció en Facebook mostrando la huella de la bestia que la tocó.

Falló la Procuraduría, porque la negligencia y omisión derivó en la violación de los derechos humanos de Lucero.

Falló la Secretaría de Gobierno porque su obligación –establecida en la Ley– es vigilar que las entidades y dependencias “cumplan y respeten los derechos de las mujeres” y porque debe “vigilar que la representación legal se ejerza con respeto a los derechos humanos de las mujeres”.

Falló incluso la defensa de Lucero, la que por Ley le fue asignada: permitió que datos íntimos de ella salieran a la luz pública cuando el estúpido abogado mocho del agresor pudo decir que era una “inmoral”.

Falló la Secretaría de Salud, porque ni siquiera tiene personal para detectar actos de violencia y canalizarlos a resguardo como lo obliga la Ley.

Cuando Lucero llegó al hospital a atenderse, la pusieron a lado de Miguel Ángel Jasso, quien chocó después de dejarla molida a golpes.

Por supuesto que las estúpidas e inmorales son las personas a cargo de las instituciones de Guanajuato, no Lucero. Empezando con el Gobernador del Estado, y hasta el último agente que llevó su caso.

Si de estúpidos e inmorales pretenden llenar el reino de los cielos, entonces todos nos hemos equivocado.

Alejandro Páez Varela

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Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx

@paezvarela

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