Nos equivocamos en redondo quienes pensamos que en gobiernos como el de Guanajuato, panista y con sesgos de ultraderecha, no hay perspectiva de género.

La hay y muy afianzada: se piensa desde el machismo ancestral, no el que odia a las mujeres, sino el que las considera objetos bellos y tiernos que no tienen por que involucrarse en los asuntos de los hombres.

Es el caso de las instancias de seguridad pública de Guanajuato, donde el gobernador Miguel Márquez Márquez ha aprobado la aplicación del presupuesto más cuantioso de la historia con la compra de un sofisticado sistema de vigilancia electrónica en tiempo real que significará la erogación de 2 mil 700 millones de pesos en los seis años del gobierno.

Tanto el mandatario como el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa; y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, se han centrado en el tema de “blindar” la entidad contra los embates del crimen organizado que, de acuerdo a sus apreciaciones “proviene de fuera del estado.”

En este sentido, parece haber prioridades. La guerra contra el crimen organizado, tan valorada por los panistas, sigue siendo el gran proyecto, incluso cuando en Guanajuato la principal problemática de seguridad no es la de la violencia de los grupos narcodelictivos, sino los delitos patrimoniales sobre todo robos a casas habitación, el robo a comercios y el asalto en las calles, donde las cifras se han disparado en los últimos meses.

Las muertes de mujeres, calificados como feminicidios por organizaciones de la sociedad civil y minimizados por las autoridades como homicidios comunes, también han ido en incremento. En 2013 la cantidad de mujeres asesinadas suman ya alrededor de medio centenar, tantas como en el 2012, y el doble que en años como 2009 y 2010.

Lo más delicado es que las áreas especializadas que investigan los crímenes sexuales y la violencia intrafamiliar, han sido evidenciadas por su escasa capacitación, su falta de sensibilización y sus métodos, donde no se incorporan los protocolos de atención a víctimas y de perspectiva de género.

Así, al incremento de la violencia contra las mujeres, se agrega lo que ha sido calificado, incluso por mujeres panistas, como una segunda victimización a las afectadas por delitos, ahora de parte de las instituciones. Empero, eso no parece mover ninguna fibra de los responsables del gobierno.

Una y otra vez, el gobernador Miguel Márquez ha asegurado que su ministerio público “hace su parte”, en la atención a los crímenes derivados de la violencia de género. El mandatario ni siquiera se abre a la posibilidad de revisar lo que está pasando, no obstante que la cuestionable actuación de los funcionarios de la Procuraduría de Justicia ha sido documentada por denuncias de víctimas, investigaciones de organizaciones no gubernamentales y trabajos periodísticos.

La falta de sensibilización en los funcionarios ministeriales ha sido incluso reconocida por la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, la ex diputada panista Adriana Rodríguez Vizcarra, sin embargo esa opinión tampoco es valorada por su jefe, el gobernador.

Márquez ha llegado a decir que “no habrá programa gubernamental que resuelva el problema de la violencia feminicida, en tanto en la sociedad no exista la cultura del respeto hacia la mujer”.

Es decir, la sociología de bolsillo sirve de coartada para no instrumentar políticas públicas. Se traslada a la sociedad la responsabilidad de los cambios, para evadir la responsabilidad de quien maneja los presupuestos públicos. Márquez también ha dicho que “no puede tener un policía en cada casa”, a fin de evitar la violencia intrafamiliar.

Con ello, se evita realizar modificaciones a prácticas tan arcaicas e inútiles como la de tratar de reconciliar a las mujeres con sus golpeadores, como se ha mostrado en un caso reciente, donde una mujer, a la postre asesinada en León por su pareja, acudió a realizar repetidas denuncias por maltrato al Ministerio Público y en todos los casos se le respondió con una acción conciliatoria donde ella misma era la encargada de llevar el citatorio a su victimario.

Hoy, está muerta porque, según las autoridades de Guanajuato, no ha habido un cambio de cultura que respete a la mujer y «tampoco se puede poner un policía en cada casa.»

Queda claro, como también ha ocurrido en el caso de Lucero Salcedo, que para las autoridades de Guanajuato la violencia contra las mujeres no amerita acciones sustantivas. Cuando han modificado las leyes locales, a menudo a regañadientes, estas quedan solo en la letra sin que se traduzcan en modificaciones de los procedimientos institucionales.

Los reclamos de una acción positiva en materia de combate a la violencia de género, caen en oídos sordos precisamente, por que la perspectiva de género de los panistas que gobiernan en Guanajuato va en sentido contrario de la  historia. Aquí las mujeres siguen siendo un objeto que, cuando mucho, hay que “cuidar”, pero no seres humanos actuantes, con derechos y con capacidad de decisión.

Resulta muy esclarecedor que políticos como Miguel Márquez hablen de una “cultura de respeto a la mujer” y no de igualdad de derechos y de políticas que lo propicien. Por lo que se ve, aquí, en Guanajuato, las cosas no cambiarán por la acción del gobierno. Por fortuna, como muestran algunos casos recientes, es en la sociedad donde las cosas empiezan a moverse.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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