La democracia mexicana se ha ido construyendo con cambios graduales, en el margen, que poco a poco han ido modificando el arreglo político de un régimen controlado por un solo partido, con un proceso de toma de decisiones centralizado en el Presidente de la República, sin contrapesos ni rendición de cuentas, a un proceso cada vez más descentralizado, con mayor representación de la pluralidad y con mecanismos de control del poder cada vez más eficaces. En ese desarrollo institucional, la creación de las comisiones de derechos humanos, tanto en el ámbito federal como en los estados, ha sido uno de los principales avances.

Pocas cosas hay peor entendidas, tanto por los políticos como por buena parte de los ciudadanos, que la defensa de los derechos humanos. Hace 20 años un gobernador, casi al final de su periodo, me decía que “esos de los derechos humanos” sólo servían para proteger a los delincuentes y atarles las manos a las autoridades. En aquel entonces se podría decir que la insensatez de aquel político era producto de la novedad del tema y del hecho de que apenas se estaban creando las instancias constitucionales para hacer efectivas las garantías constitucionales que durante años habían sido papel mojado. Dos décadas después, sin embargo, cuando se ha reformado la Constitución para hacer más explícitos aún los derechos primordiales de cualquier persona y hacerla coincidir con los tratados internacionales signados por nuestro país, todavía a muchos políticos les saca ronchas la existencia de comisiones encargadas de emitir recomendaciones que cuestionen la arbitrariedad gubernamental en el trato a las personas.

No son pocos los estados de la federación en los que los órganos encargados de señalar los abusos del poder son meras instancias burocráticas dóciles respecto a los designios del gobernador y con poca relevancia práctica. Ni siquiera el hecho de que sus facultades se limiten a emitir recomendaciones no vinculantes ha hecho que las autoridades locales se comprometan realmente con impulsar comisiones auténticamente autónomas que contribuyan a consolidar el estado de derecho y el ejercicio limitado y prudente del poder, esenciales para la democracia. El Distrito Federal es una de las excepciones más notables, sin duda debido al mayor avance de la construcción democrática en la capital respecto a otras entidades.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha tenido, desde su fundación, un desempeño notable y no se ha mostrado condescendiente con el poder, incluso cuando ha habido coincidencias ideológicas y afinidades políticas de sus titulares respecto a los jefes de gobierno. Los tres presidentes que ha tenido la CDHDF han demostrado probidad y compromiso y han realizado su labor con apego a sus atribuciones legales. No siempre sus resoluciones han sido bien aceptadas por las autoridades de la ciudad y no han faltado los momentos de rispidez, pero a pesar de ello hasta ahora la actuación imparcial de los Ombudsman no había sido castigada políticamente.

Luis González Placencia ha sido un presidente de la CDHDF activo y con compromisos claros con algunas de las causas más relevantes para hacer de la Ciudad de México una entidad cada vez más libre y democrática. Impulsó proyectos tan importantes como los relativos a la política de drogas con perspectiva de  derechos humanos y propició que la comisión fuera acuciosa en la investigación de casos de gran impacto social, como el de la desastrosa actuación de la policía de la Ciudad de México en la discoteca News Divine, para mencionar sólo la más conocida de sus recomendaciones. No fue un comisionado complaciente con el poder y ahora los políticos le han pasado la factura al negarle los votos necesarios para su ratificación en el cargo.

Algunos de los argumentos utilizados por los diputados del PAN para impedir su reelección me recordaron los dichos de aquel gobernador priista de hace dos décadas, cuando aún no salíamos del autoritarismo del régimen del PRI. Quienes aseguraron que González Placencia había usado su cargo para defender delincuentes mostraron el rostro intolerante de una derecha cerril, más que la imagen de un partido socialcristiano moderno. En su labor opositora, los legisladores de Acción Nacional mostraron su falta de compromiso con una causa que debe ser tarea de Estado. Facciosos como son, no encontraron mejor manera de salir de su irrelevancia política en la capital que castigando la autonomía del Ombusdman saliente.

Pero lo más grave del episodio es que dentro del propio partido del gobierno del D.F. se hicieron sentir las ansias de revancha del ex jefe de gobierno ofendido porque su pretendidamente impoluta gestión fuera cuestionada en aspectos concretos por la actuación de González Placencia, tal vez porque lo que esperaba de él Ebrard era sumisión y no que cumpliera cabalmente con la tarea que la ley le encomienda.

Feo espectáculo han dado los legisladores capitalinos, pero tampoco se ha visto una eficaz operación política por parte del Jefe de Gobierno para sacar adelante la reelección con la que se le suponía comprometido. Es lamentable lo ocurrido porque la ciudad pierde a un extraordinario funcionario, pero sobre todo porque muestra el poco compromiso de los partidos con una defensa eficaz de los derechos humanos y con la autonomía de un órgano que por su naturaleza puede resultar incómodo para el poder pero que es uno de los pilares del ejercicio justo de la autoridad, sin el cual el Estado no puede ganar en legitimidad. Los críticos de González Placencia son los mismos que han clamado a gritos por una actuación contundente de la policía capitalina contra los manifestantes y que proclaman a los cuatro vientos que la actuación policial no debe ser considerada represión si se usa para contener desmanes y evitar afectación grave a terceros; ellos mismos no entienden, empero, que eso sólo puede ser legítimo si existe una estricta vigilancia de que no se cometan violaciones a los derechos humanos.

En el proceso de relevo en la CDHDF no perdió Luis González Placencia, quien tuvo una actitud digna al retirar su solicitud de ratificación, con lo que puso por delante la integridad del órgano; perdió la Ciudad de México.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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