Finalmente el gobierno envió sus iniciativas de leyes reglamentarias de las recientes reformas constitucionales en materia educativa: una para reformar la Ley General de Educación y adecuarla al nuevo texto constitucional, una para normar al nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con autonomía constitucional y una para crear el Servicio Profesional Docente. Se trata de proyectos esenciales para que la reforma anunciada desde el día de la toma de posesión del nuevo Presidente se concrete; pero si en los detalles de las nuevas leyes acaban escondiéndose los demonios de la simulación, lo que en principio se presentó como una reforma estructural que sacudiría a nuestro anquilosado sistema educativo y modificaría a fondo el perverso sistema de incentivos que ha llevado al desastre en el que se encuentra la enseñanza en México, lo que se construirá será una nueva ficción aceptada que en poco cambiará el arreglo corporativo imperante desde la década de 1940.

Si bien la creación de un INEE autónomo tiene una enorme relevancia, pues crea un órgano especializado para medir el desempeño del sistema educativo en su conjunto, ajeno a las presiones burocráticas o sindicales, la evaluación no lo es todo en la reforma educativa necesaria. El centro del cambio radica en liberar a los profesores de la sujeción al control sindical y burocrático de sus carreras, de manera que su horizonte profesional se rija por su desempeño, su creatividad, su formación y sus resultados y no por su disciplina clientelista, a cambio de la cual se obtienen plazas, cambios de adscripción o ascensos. Un servicio profesional se debe basar en un sistema de incentivos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de carácter académico, donde los méritos valorados sean la calidad de la enseñanza y no el intercambio de favores a cambio de lealtad política o pagos a los delegados sindicales o a los funcionarios educativos.

La reforma constitucional estableció en términos adecuados la creación del servicio profesional docente; sin embargo, la legislación secundaria es la que va a determinar si en realidad vamos por fin a tener en México un sistema de méritos académicos para los maestros o si, por lo contrario, la carera magisterial va a seguir siendo un mecanismo de reparto de empleo público desvinculado de sus consecuencias sobre la formación de los niños y adolescentes del país.

La iniciativa presentada por el ejecutivo se queda, por decir lo menos, corta y está llena de recovecos por donde se puede colar el antiguo régimen de control sindical y burocrático. Su primer defecto es que no crea un servicio nacional docente, encargado de la gestión de la carrera de los maestros de todo el país, sino un conjunto de reglas de operación para que cada entidad federativa u organismo desconcentrado genere su propio sistema de gestión de plazas; el proyecto del gobierno falla en la diferenciación entre la carrera de los maestros y la plaza laboral. Un servicio profesional consistente debería partir de esa diferenciación inicial, con el objetivo de que los maestros pudieran diseñar su trayectoria profesional con independencia de la adscripción concreta en la que estuvieran en cada momento.

De acuerdo con la iniciativa presentada, cada estado o cada organismo descentralizado en el caso de la educación media (que en la nueva legislación mantiene el apellido de superior cuando ya no lo es más) va a gestionar su propio conjunto de plazas docentes. Si bien se establece el concurso de oposición para ocupar todos los puestos vacantes, las autoridades educativas locales serán las encargadas de llevar a cabo los concursos y las asignaciones de plazas de acuerdo a los lineamientos aprobados por el INEE y sujetos a la aprobación de la SEP, pero con amplia margen para decidir sobre la adjudicación concreta de los puestos a concursar. Se crea así, no un servicio profesional nacional, entendido como un sistema de certificación para poder concursar plazas concretas en cualquier lugar del país, sino 32 sistemas locales, más los correspondientes a los organismos de bachillerato, con reglas diferenciadas y recovecos para la discrecionalidad clientelista de las autoridades educativas locales.

En segundo lugar, la promoción se entiende esencialmente como el paso para ocupar puestos de dirección y supervisión. Si bien la iniciativa tiene un pequeño avance respecto al borrador presentado hace algunos meses, pues ya no sólo considera la creación de un sistema de estímulos que sustituya al actual programa de carrera magisterial, sino que incluye un capítulo sobre “la promoción en la función”, la estructura misma del capitulado muestra cómo en la concepción de la iniciativa la promoción se entiende sobre todo como la ocupación de puestos no docentes.

Un servicio profesional auténtico debería poner el énfasis en la promoción entre categorías y niveles que no implique el abandono de la labor frente al grupo. Un sistema en el cual las evaluaciones y los méritos en el desempeño, la formación y el liderazgo académico impliquen mayor salario y mayor autoridad sin abandonar el aula. En la iniciativa este proceso se envía a un programa que operarán las autoridades locales de acuerdo a lineamientos expedidos por la SEP; el corazón del sistema de incentivos positivos para que los maestros busquen su mejora constante se envía a reglamentos de carácter local, y si bien se vincula débilmente el sistema de promoción a los mecanismos de evaluación, éstos se exponen por separado y se pone el acento en sus consecuencias negativas, como la separación del cargo si en un período máximo de seis años y dos procesos de capacitación no se logra superar el proceso evaluativo. Puesto así, se subraya el carácter punitivo de la evaluación, en lugar de destacar su papel en el reconocimiento del buen desempeño. Puede ser una mera torpeza en la exposición del diseño institucional, pero ahí se va a centrar la principal oposición del PRD y de las fuerzas sindicales contra la ley.

Un punto más de los muchos que se pueden criticar: al vincular la carrera del maestro a la plaza y no separar el concurso por el puesto concreto de la pertenencia al servicio, deja en manos de las autoridades educativas locales —y seguramente del sindicato— la movilidad de escuela a escuela; en ese proceso, por tanto, se mantendrá la discrecionalidad que permitirá el intercambio clientelista: si la plaza que ganaste está en la punta del cerro, ahí te quedas a menos que te hagamos el favor, ¿qué das a cambio? Además, los maestros quedaran atados al estado en que ganen la plaza y no podrán buscar opciones en otras entidades, cosa que permitiría un sistema que operara como una certificación nacional. En fin, que se trata de una iniciativa francamente decepcionante.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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