In memoriam a Herón Luciano Sixto López
Esta es la noticia:
Oaxaca.- Con seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, fue localizado el cuerpo sin vida del defensor indígena Herón Luciano Sixto López, desaparecido desde el pasado 15 de julio, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. El miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, fue hallado este sábado 20 de julio alrededor de las 15:00 horas, en el paraje Camino a Cahuaya, en la jurisdicción de Tecomaxtlahuaca. Según las indagatorias, el cuerpo del defensor de derechos humanos presenta seis impactos de bala con orificio de entrada y salida, tres en el tórax, dos en la cabeza y uno en el cuello, y de acuerdo con la necropsia de ley, tenía entre cinco y seis días de haber fallecido. El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, condenó estos hechos de violencia e instó a las autoridades federales y estatales a desarrollar investigaciones diligentes, completas y «»con la debida atención al especial esfuerzo que despliega el país para garantizar la seguridad de las y los defensores y periodistas»».
Esta es la política del Estado mexicano:
Estoy convencido de que este homicidio se acumulará a la pila de crímenes impunes contra periodistas y defensores que se han sucedido en el país. Aquí en Chihuahua, en 2005 asesinaron al licenciado Héctor Escobedo; en 2006 al licenciado Dante Almaraz; en 2008 al licenciado López Avitia; en 2008 y 2009, al padre, tío y hermano del licenciado Escobedo (todos ellos abogados); en 2009 a «El Gallito» de Casas Grandes, al señor Armendáriz y a su esposa; en 2010 a Josefina Reyes, Rubén Reyes y Marisela Escobedo; en 2011 a Maria Magdalena, Elías Reyes Salazar y su esposa María Luisa Ornelas; en 2012 al licenciado Luis Mayans. En 2008 asesinaron al periodista Choco Rodríguez y en 2011 a Luis Carlos Santiago. ¡Todavía no se hace justicia en ningún caso!
Viven exiliados en el extranjero más de 10 defensores, quienes abandonaron su patrimonio, su trabajo, su hogar, su vida construida por muchos años de luchar para que este trozo de desierto sea más agradable y muchos años en la resistencia a los abusos de los hombres de negocios, políticos y narcotraficantes que nos tienen asolados y que como la Santísima Trinidad a veces son un solo ser verdadero.
Pues bien, con esos antecedentes la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua construyó un protocolo para la protección a los periodistas aplicable a la protección de los defensores. No tiene un solo peso de presupuesto para esos menesteres.
La Secretaría de Gobernación, después de una gran presión internacional, estableció una ley y un mecanismo para la protección de periodistas y defensores que empezó a funcionar con muchas ilusiones a principios de este año 2013, pues lo encabezan dos profesionales de Derechos Humanos, Lía Limón y Juan Carlos Gutiérrez. Los dos son confiables para la comunidad de defensores, pero son extraños para el poder; todavía no tiene un reglamento adecuado, no tiene recursos, no los respetan los funcionarios, no atienden sus solicitudes ni siquiera las Comisiones de Derechos Humanos Estatales.
Con un botón basta: en Chihuahua ya queda sólo un pequeño puñado de defensores civiles, de tal suerte que el peso de la tarea es mucho y se carga sobre los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es una Comisión bastante fuerte, tiene 75 empleados en todo el Estado, así que los visitadores oficiales se ven obligados a enfrentar el peligro.
Como resultado de su actividad, dos de esos visitadores(as) han acudido al Mecanismo Nacional de Protección a los Defensores pues consideran que corren riesgo. El mecanismo hizo una investigación en cada caso para evaluar el nivel de riesgo que cada uno de los visitadores y encontró que sí corren riesgo en el desempeño de su trabajo. Uno de ellos por sus investigaciones sobre algunos policías estatales y otro por su confrontación con el Presidente Municipal y el Teniente Coronel Leyzaola (de triste memoria en materia de Derechos Humanos).
De manera profesional, el mecanismo resolvió que los riesgos de trabajo que corrían esos visitadores debían ser atendidos y que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque de manera provisional, decidió junto con la Fiscalía del gobierno del estado proteger el lugar de trabajo de uno de ellos.
Por lo demás, el presidente de la Comisión era la autoridad que primero debía brindarles protección, y en caso de que no tuviera recursos propios suficientes, solicitar el apoyo a las autoridades estatales. Este acuerdo del mecanismo se le notificó al licenciado José Luis Armendáriz, quien encabeza esa comisión, hace más de tres meses.
El manejo de uno de los casos ha sido totalmente discreto y desconozco qué medidas tomó el presidente, pero en el otro sí conocemos la evolución y su manejo es de muy dudosa efectividad. Como información específica diremos que los visitadores de derechos humanos tienen tres actividades principales: 1. acompañar, apoyando a las victimas, 2. investigar los hechos denunciados y 3. documentar los casos.
La Comisión de Chihuahua ha puesto énfasis en la documentación burocrática de los casos, por considerarla menos peligrosa, y sólo los avances documentales los considera de productividad valorable para efectos salariales. El acompañamiento y la investigación son tareas secundarias que no representan productividad, eso trae como consecuencia que atornilla a todos los visitadores tras el escritorio a hacer trámites.
En el caso concreto, la primera medida que tomó el presidente de la Comisión fue retirarle al visitador(a) el conocimiento de todos los asuntos que llevaba contra el municipio, y específicamente contra el Teniente Coronel Leyzaola, con el argumento de que si el riesgo residía en este funcionario, la solución es alejarse de él y asignarle un visitador que no le cause molestia al funcionario de marras, así reduce el riesgo del visitador(a) porque reduce la presión sobre el funcionario. Entre los casos que retiró fue la resolución de una investigación sobre desaparición forzada y homicidio de cuatro jóvenes a punto de dictarse. Igual sucedió en los asuntos que ameritan la visita de este(a) visitador(a) al penal estatal, porque el director ha manifestado molestias contra este funcionario(a), y ya no va al penal, para evitar que el director de la cárcel se enoje.
Adicionalmente a lo anterior no hizo nada, así: nada, nada, nada. Tiene tres meses pensando que hacer para proteger a ese(a) visitador(a). Nosotros que hemos asistido a tantos sepelios de defensores de derechos humanos, nos quedamos atónitos.
El mecanismo de protección a cualquier ciudadano es muy simple: expresado el miedo por el ciudadano, si este es creíble, se toman medidas inmediatas y se inicia la evaluación del riesgo. Si la evaluación del riesgo resulta positiva, se toman medidas cautelares de mayor temporalidad, y si es defensor o periodista se le protege para que siga desempeñando su trabajo, pues si el riesgo proviene de su empleo, estos riesgos son inevitables y no se puede huir, sería aceptar una especie de chantaje contra el Estado. Salvo cuando el peligro sea insalvable, y el Estado sea incapaz de proteger al defensor o periodista mientras hace su trabajo, entonces se opta por salvar la vida, trasladándolo a otra ciudad u otro país y si es el caso pasarlo a la secrecía total. Sólo hasta el final se opta por suspender el trabajo que genera el peligro sobre todo cuando es una función pública.
Los casos que denuncio de Chihuahua todavía no llegan a ese extremo, pero con prácticas tan erráticas, para allá van. Y resulta una gran paradoja que una dependencia encargada de proteger a los ciudadanos contra los violadores de derechos humanos no acate las indicaciones que le da un organismo especializado en ese trabajo y que evite los peligros negándose a si misma y a su esencia de investigar las violaciones a los derechos humanos.
Sólo en México, donde hay un total desprecio por los defensores de derechos humanos, los cuales son considerados por las autoridades políticas y policíacas como tábanos molestos e insoportables, se presentan tamañas incongruencias entre lo legislado y lo actuado. Sólo en México ignoran y desatienden de esa manera tan grosera a los mecanismos de protección a defensores y periodistas. Y sólo en México una dependencia de derechos humanos estatal ignora de esa manera a una dependencia federal especializada sin que le pase nada a ningún empleado.
Así que sin lugar a dudas podemos decir que en México ser periodista o defensor de derechos humanos es una profesión de alto riesgo, a menos que haga su trabajo de tal manera que no publique ni investigue la verdad de las autoridades o civiles corruptos.
