Las grandilocuentes propuestas de cambio de régimen presentadas en los últimos años –la fallida de Calderón, la archivada de Peña Nieto, la del “pacto” y la disparatada de los senadores del PRD y el PAN­– han evitado un tema crucial: el sistema de partidos, cerrado por una ley que ha protegido, desde 1996, a una oligarquía tripartidista.

En México para formar un partido político se tienen que hacer doscientas asambleas distritales con 300 asistentes o diez asambleas estatales con 3,000 asistentes cada una, además de lograr la afiliación de al menos el 0.26% del padrón electoral, casi doscientos mil ciudadanos. Se trata de un mecanismo heredado de la legislación electoral surgida en 1946 para proteger al PRI de la competencia y que, con modificaciones, se ha mantenido desde entonces, aunque entre 1977 y 1986 y de 1990 a 1996 existió el llamado “registro condicionado” que abrió temporalmente la posibilidad de formar partidos en torno a un programa y una lista de candidatos, como suele ser en casi todas las democracias del mundo.

Con el mecanismo actualmente existente sólo aquellos grupos con clientelas políticas cautivas, como el SNTE, o quienes estén dispuestos a pagar a intermediarios de esos que acarrean a los pobre a cambio de una comida o una despensa pueden obtener el registro, con lo que consiguen un financiamiento insuficiente para competir con los partidos establecidos pero ingente para recuperar con amplia tasa de ganancia lo invertido en la movilización clientelista.

El sistema de registro con base en asambleas es una simulación que deforma cualquier proceso de construcción partidista, pues incluso cuando ha sido utilizado como medio para lograr la participación electoral por grupos auténticamente interesados en convertirse en partidos ciudadanos, ha llevado a que los operadores políticos con los que necesariamente han tenido que pactar los promotores originales pasen después la factura por sus servicios y exijan cargos de dirección, candidaturas y recursos. Así le ocurrió a Democracia Social, a México Posible y a Alternativa Socialdemócrata, proyectos que no cuajaron en buena medida por la voracidad de quienes entraron a ellos no por el proyecto programático sino por el botín de las prerrogativas.

De los partidos actualmente existentes sólo dos –Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza– consiguieron originalmente su registro con el método de las asambleas de acarreados. El primero lo hizo en 1999 con la red de operadores concitados por Dante Delgado, en aquel entonces todavía con vínculos de lealtad y reciprocidad producto de su paso por el gobierno de Veracruz y otros cargos con manejo presupuestal generoso y en un tiempo en el que los requerimientos de afiliación y movilización eran la mitad de los actuales. El PANAL, por su parte, logró sus asambleas en tres fines de semana gracias al control corporativo del SNTE sobre la carrera de los maestros, convertidos en militantes partidistas a cambio de promesas de mejora o promoción laboral.

El resto de los partidos –con excepción del PAN y el PRI, que se registraron con las reglas de la ley de 1946, lo que entonces implicaba fundamentalmente contar con el visto bueno del gobierno para que sus asambleas fueran validadas– consiguieron sus reconocimientos oficiales gracias al sistema del registro condicionado, para el que bastaba presentar unos documentos básicos que cumplieran con lo establecido por la ley y demostrar, por medio de sus publicaciones, que se trataba de una corriente política con actividad en los cinco años previos; después era el electorado el que definía si las organizaciones así registradas permanecían o no. El PRD heredó el registro obtenido por esa vía por el Partido Comunista en 1979, el cual pasó primero al Partido Socialista Unificado de México y después al Partido Mexicano Socialista, partido que se lo cedió al PRD después de que esa organización fracasara en su intento por conseguir la franquicia a través del sistema de asambleas en los duros tiempos de la oposición a Salinas. El Partido del Trabajo y el Partido Verde consiguieron la patente con las reglas del primer COFIPE, que reestableció la fórmula condicionada después de que había sido suprimida por el restrictivo Código Federal Electoral de 1986.

En 1996 lo primero que pactaron los tres principales partidos fue reestablecer el sistema de registro basado únicamente en asambleas. Así, el proteccionismo de la época clásica del PRI, diseñado para que el partido oficial no sufriera escisiones y no tuviera competencia riesgosa, comenzó a servir para proteger a los tres partidos que entonces se coludieron. A partir de entonces la legislación se ha hecho cada vez más restrictiva: primero, en 2004, se duplicaron los requisitos de movilización y afiliación y después, en 2007 se restringió el registro exclusivamente al período previo a las elecciones intermedias, con el objeto de que los partidos aspirantes tuvieran más difícil obtener el 2% de los votos requeridos para su permanencia en unos comicios donde carecerían del tirón de un candidato presidencial.

La fallida reforma política de Calderón incluía entre sus propuestas las llamadas candidaturas independientes, mecanismo que fue presentado como la gran apertura del sistema electoral y que algunos ingenuos han considerado la solución para romper el control partidista de la representación. Esa fue una de las pocas propuestas del proyecto del anterior presidente salvadas por el Congreso, en buena medida porque se trataba de una obligación de Estado mexicano en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque ya están en la Constitución falta ver cómo serán reglamentadas, pero es un hecho que no van a resolver el problema central de la estrechez representativa del actual sistema de partidos.

Los partidos actuales pueden justificar su cerrazón a acabar con el proteccionismo electoral gracias a que los partidos pequeños, surgidos en torno al botín del financiamiento público, gozan de una muy mala fama pública. Sin embargo, el actual sistema recorta los derechos ciudadanos a la organización política y mantiene un sistema de incentivos perverso, que sólo pueden aprovechar aquellos que hacen política a imagen y semejanza del PRI de siempre, mientras quienes quieren atraer votantes por sus propuestas o por la personalidad de sus candidatos se ven excluidos.

Una reforma política realmente eficaz para ampliar la representatividad del arreglo actual y para propiciar gobiernos con intereses menos estrechos pasa por la liberalización del sistema de partidos, por abrir la posibilidad de que múltiples organizaciones ya sea de carácter local o nacional, con causas diversas, puedan participar en los procesos electorales y sean los ciudadanos los que decidan cuáles los representan y cuáles no. Desde luego, esa reforma requeriría de un cambio en el sistema de financiación de los partidos y de un reparto más equitativo de los recursos públicos, de manera que el registro no fuera un botín económico tan jugoso como lo es actualmente.

El problema es que esa apertura le restaría poder a las cúpulas partidistas actuales y son ellas las que controlan el proceso de reforma. Así, la reforma política no será más que un nuevo parche para mantener el actual reparto.

- La reforma política que no será (1)

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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