Cuenta la leyenda política de un célebre Alcalde de Tijuana, Federico Valdez Martinez, que respondía en lo corto y en lo privado a quien le preguntaba por qué no terminó investigado o en prisión, con una frase ya famosa por esta región: “soy rata pero no pendejo”.

Don Federico, «Quico» o «La Bruja», como le llamaban, ya pasó a una mejor vida que la terrenal y efectivamente no terminó en prisión aunque en su trienio de 1986 a 1989 sí construyó una bajo la premisa de no construir una escuela porque “a esa ya asistimos y a la otra quién sabe”.

Obvio un priista de linaje puro, a don Federico le tocó ser Alcalde cuando Xicotectal Leyva Mortera gobernaba el estado de Baja California y no concluyó su mandato, conocido a la postre como el quinquenio infame, debido a que el Presidente Carlos Salinas de Gortari lo sacó del gobierno, no por las irregularidades señaladas que eran muchas, sino porque en la interna priista había apoyado a Manuel Bartlett para la candidatura a la Presidencia de la República y en este estado, en 1989, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había ganado la elección representando al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

En aquella época de hegemonía priista a los gobernadores se les quitaba del cargo con una facilidad impresionante. El Presidente tenía ese poder. No terminaban en prisión por ningún exceso pero sí en la ignominia política.

Hoy día, la situación es ligeramente diferente. Ciertamente ya no se retiran gobernadores de sus cargos, pero sí se les investiga aun y cuando el tiempo ha pasado. No ha todos. Hay de transas a transas aunque la mayoría permanecen en la impunidad colgados de lagunas legales, amparos oportunos o ineficiencia del ministerio público que los acosa.

En los últimos días, dos ex gobernadores han sido harto mencionados e investigados. Uno priista y el otro panista. Andrés Granier de Tabasco, Armando Reynoso de Aguascalientes. A los dos se les investiga por delitos similares: desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, y en un caso hasta de lavado de dinero. Durante las administraciones de ambos, Granier de 2007 a 2012 y Reynoso de 2004 a 2010, mucho se habló, se escuchó y sopesó, de irregularidades en sus gobiernos, empezando y terminado por los ciudadanos esas sospechas, esas denuncias no fueron consideradas ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Judicial, mucho menos por las Procuradurías de Justicia o por la Función Pública.

Los dos hoy señaladísimos ex gobernadores ejercieron el poder, y ahora sabemos los excesos, en total impunidad. Sus Congresos les aprobaron cuentas, les autorizaron créditos, les consensuaron proyectos, les permitieron gastar a manos llenas, no los fiscalizaron, no los investigaron, no los llamaron a cuentas y hoy tenemos dos familias ricas viviendo en la persecución política.

El sistema de gobierno mexicano está hecho para la transa. Pero hay de transas a transas. Hay aquellos vaquetones transas que no son investigados, –léase Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila–; otros que son enjuiciados a medias, como Narciso Agúndez el ex Gobernador de Baja California Sur, quien pasó algunos meses en prisión para después salir sin más cargo que la reclusión de esos días. Aquellos a los que se les da un escarmiento sin mayores consecuencias, tal ejemplo es el de los tres ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos que fueron señalados por la Procuraduría General de la República de Marisela Morales, y prácticamente exonerados por la de Jesús Murillo; y los que como Granier y Reynosos están en medio de un proceso electoral y con gobiernos sucesores que no pertenecen al partido político que representan por tanto son exhibidos, investigados y probablemente juzgados, por delitos que fuera de elección y con sucesores afines, nunca se hubiesen “descubierto”. Y por supuesto está el caso único del ex mandatario en prisión, Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, detenido y procesado en México por narcotráfico y posteriormente extraditado a los Estados Unidos donde aceptó que, efectivamente, había lavado dinero para el narco.

No sabemos si Andrés Granier o Luis Armando Reynoso terminarán en prisión. El primero ha sido arraigado pero las dificultades de salud están contra la reclusión, mientras el segundo fue amparado por un Juez local para suspender la orden de aprehensión. Así pasa en México y sobre todo en tiempo de campañas electorales: los juicios a políticos corruptos (aunque suene a redundancia) son una llamarada de petate.

En el caso de Reynoso está la investigación también a su hijo, el junior que presumió dinero, fiestas, mujeres, carros, lujos y que en los últimos tres años de gobierno del padre se hizo millonario. Aparte la indagatoria sobre el ex mandatario sobre una compra simulada por más de 13 millones de pesos. Y del señor Granier pues dos de sus ex colaboradores están en prisión mientras a él se le acusa de desvío de fondos por dos mil millones de pesos luego de haberle encontrado a su ex tesorero la módica suma de 88 millones de pesos que presumen provienen de recursos federales.

Pero vaya, ahí está el caso del ex tesorero de Humberto Moreira a quien señalaron de contraer créditos por más de cinco mil millones de pesos con documentos apócrifos, y el propio ex mandatario que se dice engañado de esa situación cuando su deuda superó los 32 mil millones de pesos.

En Baja California denunciamos el depósito de dos millones de dólares a la cuenta del hijo del Alcalde de Ensenada por parte de empresas ligadas a compañías trasnacionales en la costa ensenadense, y el Presidente Municipal Enrique Pelayo defendió a su vástago diciendo que el depósito había sido un error y que el chamaco regresó el dinero. No hubo investigación oficial, la habrá sólo si el siguiente Alcalde pertenece a otro partido que no sea el PRI, y si en el ámbito de la política y la negociación nacional, deciden darle un escarmiento al del puerto de Ensenada.

En México pues hay de transas a transas, unos son enjuiciados, otros no, unos la pagan otros se salen con la suya, unos son conminados al exilio otros al ostracismo político, pero nada sabríamos los mexicanos si no se entrometiera la cuestión de la negociación política. Es evidente que al estar enjuiciando a dos ex gobernadores, uno del PRI y uno del PAN, “la justicia” termina siendo pareja para todos, aunque las ilegalidades se mantengan en la mayoría de los casos en la impunidad de la concertación política. ¿No?

Adela Navarro Bello

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