Por lo que se puede saber, en medio del hermetismo con el que ha trabajado la Secretaría de Educación Pública, ya existe un proyecto para la reglamentación del servicio profesional docente establecido por la reciente reforma al artículo tercero constitucional y ya lo están discutiendo los integrantes del Pacto por México para convertirlo en iniciativa legislativa.

Mientras, en Guerrero los diputados locales trabajan chantajeados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación para dictaminar una iniciativa de reformas a la ley de educación del estado elaborada por los propios maestros rebeldes, con la cual pretenden blindarse contra una hipotética legislación federal que condicionaría la permanencia en el puesto a la aprobación de las evaluaciones establecidas tanto por las condiciones del nuevo servicio profesional como por el sistema nacional de evaluación educativa. Al mismo tiempo, los profesores disidentes reclaman mecanismos de evaluación que tomen en cuenta la diversidad sociocultural de la entidad, el incremento del número de plazas de base que se asignen a los egresados de las normales públicas del estado y mecanismos de selección de directores de escuela que tomen en cuenta criterios como la antigüedad y la “laboriosidad”.

En las demandas del grupo sindical, lo mismo que en lo poco que se ha sabido de los contenidos del proyecto de la SEP, se pueden observar algunos de los retos de diseño que implica la creación de un servicio profesional docente auténticamente basado en el mérito, a contrapelo de la larga tradición mexicana que tiende a premiar otros valores como la lealtad o la disciplina. Pocas experiencias tenemos en este país de servicios profesionales relativamente eficaces; el del IFE o el servicio exterior son de tal vez las excepciones, en un entorno donde históricamente ha privado un sistema de reparto del empleo público basado en el reparto del botín entre los validos y las clientelas políticas, no en el desempeño profesional y el conocimiento.

En el caso del magisterio, los incentivos tradicionales de la carrera han estado vinculados a la lealtad y la disciplina magisterial. El proceso de reclutamiento se dejó durante décadas en manos de las normales públicas, donde bastaba con inscribirse y no morirse para obtener la certificación oficial como profesor y, una vez obtenida esta, la plaza docente era automáticamente concedida en los tiempos de expansión del sistema educativo presionado por la dinámica demográfica. Después, cuando la demanda disminuyó, el reclutamiento principal quedó en manos de los dirigentes sindicales y las autoridades locales, que repartieron las plazas como prebendas o como producto de un intercambio clientelista.

Por lo que toca a los directores y supervisores, los criterios para alcanzar los puestos han sido una mezcla de favor clientelista o prebenda política con antigüedad, de manera que alcanzar una dirección o una inspección de zona es visto como el final de la carrera y la garantía de una mejor jubilación.

El tema de la diversidad sociocultural y lingüística se ha convertido en un subterfugio para justificar la incapacidad de buena parte de los profesores de las zonas rurales con población indígena para cumplir con estándares de calidad docente. Tanto en las demandas de los profesores de Oaxaca, como en las de los de Michoacán o Guerrero, el pretexto de la especificidad indígena se ha puesto por delante para pedir una evaluación a la medida, como si las comunidades indígenas sólo pudieran aspirar a una educación de segunda clase. Es evidente, sin embargo, que el derecho a ser educado en la propia lengua no puede estar en contradicción con la enseñanza de calidad y el aprendizaje del español como lengua vehicular para adquirir los conocimientos necesarios para la igualdad de oportunidades.

De ahí que el diseño del servicio profesional deba hilar fino en torno a estos elementos nodales del sistema educativo mexicano. En cuanto al reclutamiento de los maestros, por más que los normalistas amenacen con ponerse en pie de guerra, es indispensable que se abra a todos los egresados universitarios. Todo aquel que aprobare el concurso de selección y un curso de homologación docente debería poder ocupar una plaza de profesor, sin necesariamente provenir de una normal pública. Al mismo tiempo, es indispensable la reforma integral del sistema de formación profesional del magisterio, para que las normales dejen de tener el monopolio de la educación de los educadores y la de maestro se convierta en una profesión universitaria especializada, con niveles de exigencia equivalentes a los de los médicos, los ingenieros o los abogados.

Si el reclutamiento se hace de manera adecuada, el proceso permanente de evaluación puede convertirse en una mera rutina, para dejar de ser una fuente de conflicto. Una vez dentro del sistema, los profesores deberían estar sometidos a un sistema de promoción que tenga como horizonte la permanencia, pero ésta no debería estar garantizada de inicio. Un sistema de categorías con tramos de estabilidad cada vez más largos, que partan de una primera para los maestros de reciente ingreso con un período máximo de cinco años y con tres oportunidades para pasar a la siguiente, en la cual se podría permanecer hasta diez años, con posibilidades de promoción desde los siete, para finalmente acceder a la titularidad –y por tanto a la definitividad–. Para la promoción de categoría a categoría los profesores deberían ser evaluados en su desempeño integral, de manera parecida a los profesores universitarios: las pruebas estandarizadas y los resultados del desempeño de los alumnos serían una parte de su evaluación, pero sus resultados tendrían efecto en el mediano y largo plazo y no de un año para otro, como parecerían pretender los reformadores influidos por prácticas recientes de los Estados Unidos seriamente criticadas por diversos especialistas.

Las direcciones de escuela y las supervisiones deberían ser concebidas como ramas específicas del servicio profesional, no como parte de la promoción para los maestros viejos. Las plazas de directores y supervisores deberían estar sometidas a concursos con reglas particulares y a ellas podría acceder cualquiera que cumpla con los requisitos establecidos por una rama especializada del servicio profesional. Con ello se promovería la llegada de cuadros jóvenes con talentos específicos a las direcciones y a las supervisiones escolares.

Por último, si en algún lugar se requiere de profesionistas altamente calificados y especializados es en la docencia destinada a las comunidades indígenas. El servicio profesional debe tener una rama orientada al reclutamiento y a la formación de estos profesores, que deben convivir con los monitores con conocimiento de las lenguas locales.

El mayor reto del diseño será, sin duda, el de los mecanismos para incorporar a los profesores actuales al nuevo sistema. No es concebible simplemente un cambio de reglas del juego que implique despidos masivos. Por el contrario, debe buscarse que los maestros en servicio vean en el nuevo arreglo incentivos lo suficientemente atractivos como para arriesgarse a cambiar. La transformación no será de la noche a la mañana y sus resultados sólo se podrán ver a lo largo de los años.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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