Arnoldo Cuellar
11/04/2013 - 12:00 am
Depuración de policías, zona de guerra
El municipio de León, en poder del PRI desde octubre pasado tras 24 años en manos panistas, está obligado a realizar una depuración de su policía que le obliga a liquidar y sustituir a 500 elementos de un total de mil 200 que componen el cuerpo. En buena medida, la descomunal reestructuración tiene que ver […]
El municipio de León, en poder del PRI desde octubre pasado tras 24 años en manos panistas, está obligado a realizar una depuración de su policía que le obliga a liquidar y sustituir a 500 elementos de un total de mil 200 que componen el cuerpo.
En buena medida, la descomunal reestructuración tiene que ver con el rezago acumulado por la última administración panista, encabezada por Ricardo Sheffield Padilla.
Con todo y lo delicado del reto, las circunstancias han puesto en manos de la alcaldesa priista Bárbara Botello la posibilidad llevar a cabo una acción depuradora, que le permitiría cumplir una de sus promesas de campaña más relevantes: la de llevar seguridad a todos los barrios y colonias de una ciudad que empieza a ver como su tranquilidad se esfuma ante incursiones de la delincuencia organizada y la elevación de la peligrosidad de las pandillas de jóvenes.
Sin embargo, las primeras reacciones de la novel administración no parecen muy asertivas. Primero trató de cuestionar la legitimidad de los exámenes de control de confianza realizados por un centro estatal, dependiente del gobierno panista. En seguido quiso litigar los resultados, examinarlos uno a uno y reclamar explicaciones de cada caso.
Al surgir la presión del estado en el sentido de que si no se acataba la determinación, prevista en la nueva Ley de Seguridad Pública federal, el municipio se podría quedar sin fondos Subsemun y, eventualmente, hasta el fincamiento de responsabilidades a los funcionarios, el gobierno leonés cedió.
Hasta esta semana, se había procedido a la separación de poco más de 100 elementos, de los cuales alrededor de 40 han realizado manifestaciones y reclamos públicos por lo que consideran una liquidación insuficiente.
El tema ha sido aprovechado por los mismos panistas, que en su momento dejaron pasar las recomendaciones de depuración que entonces no tenían carácter obligatorio, para cuestionar la ineficiencia de la administración priista.
Desde luego, el atrincheramiento partidista no es novedad alguna. La propia Bárbara Botello mantuvo vigencia política en los últimos años, tras contender por la alcaldía una primera vez en 209 y perder la elección, ejerciendo una fuerte crítica contra muchas de las decisiones de su antecesor panista.
Empero, en el delicado tema de la seguridad pública y la salud de los cuerpos policiacos, se antoja un despropósito convertir un sentido reclamo social en una arena de lucha partidista.
La autoridad, tanto municipal como estatal, han sido tajantes en señalar que las bajas de policías ocurren por tener evidencias o indicios de vinculación de los elementos reprobados con grupos delincuenciales. Sin embargo, esa explicación es sólo extraoficial, pues de lo contrario los responsables del municipio estarían obligados a poner la información en conocimiento de las autoridades ministeriales.
Es aquí donde parece existir un limbo: si algunos de los elementos cesados sólo han fallado laboralmente o carecen de perfil, resulta injusto echarlos en paquete con otros que pueden tener nexos criminales. Estos, en cambio, salen ganando al hacerse acreedores sólo a un despido.
La alternativa de pinza a la que parece estar sometido el gobierno priista de León es que, por una parte, los policías menos maleados se sumen en un movimiento de inconformidad laboral que puede recibir simpatía y apoyo desde el PAN, la poderosa segunda fuerza política en la ciudad. Por otra parte, no pocos de los policías despedidos pueden optar, simple y llanamente por colocarse al servicio de grupos criminales cada vez más activos y audaces.
En ambos casos, el de la pugna política que aprovecha las circunstancias y el del fortalecimiento del ejército criminal en la ciudad, quienes sufrirán la peor parte no serán los políticos en sus trincheras, sino una población a la que la descomposición política la ha convertido en rehén, más allá de por quién hayan decidido votar.
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