Los Zetas están enojados, en realidad furiosos, y no es para menos. Un pequeño grupo de personas ha puesto en jaque su gran negocio de la extorsión de transmigrantes. Desde el sur de la frontera en Tabasco y Chiapas, pasando por Oaxaca, y hasta el norte en Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, quienes trabajan afanosamente en los albergues para transmigrantes han logrado establecer pequeños oasis donde hombres, mujeres, niños y niñas encuentran asilo temporal lejos de la inenarrable violencia que han vivido para cruzar buena parte de Latinoamérica persiguiendo el sueño de la supervivencia económica, ese que les permitirá convertirse en trabajadores clandestinos y explotados que mandan dinero a sus familias.
Las y los transmigrantes son seres humanos que lo arriesgan todo, porque no tienen mucho que perder; porque a pesar del discurso de los gobiernos norteamericano y canadiense, las economías de estos países encuentran el equilibrio gracias a la explotación laboral de millones de personas a quienes no tienen que dar cobertura médica y a quienes el Sistema considera desechables. Estos sobrevivientes del paradójico discurso migratorio internacional, atraviesan medio continente porque saben que, digan lo que digan, encontrarán algún tipo de trabajo en las potencias del norte. Y tienen razón, en 2012 las remesas de Norteamérica a Latinoamérica ascendieron a 64 mil millones de dólares, y el Banco Mundial prevé que para 2014 estas crecerán un 10% más. Cada año llegan a México 24 mil millones de dólares de trabajadores sin estatus legal en Estados Unidos y Canadá.
Anualmente viajan a través de México medio millón de personas desde Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, entre otros países, y su mejor alimento, agua limpia y las mejores horas de sueño las pasarán cobijados por los equipos de alguno de los 66 albergues para migrantes operados en todo el país por organizaciones civiles y pastorales.
Estos hogares son liderados por personas como el padre Alejandro Solalinde en Oaxaca, por Ruben Figueroa y Fray Tomás González en el refugio «La 72» en Tenosique, Tabasco, por el equipo Huehuetoca del Estado de México y el padre Pedro Pantoja del albergue Belén en Saltillo. También están Prisciliano Peraza en Sonora, y otros tantos acompañados por Jorge Andrade de «Ustedes Somos Nosotros».
El Movimiento de Migrantes Mesoamericano (MMM) forma parte de una red humanitaria que busca asegurarse de que los derechos humanos de quienes cruzan los más de 200 puntos de entrada en las porosas fronteras del sur de México no sufran malos tratos, ya sea en manos de las autoridades o de la delincuencia organizada. Pero también buscan, según una de sus expertas migrantólogas, Matha Sánchez, erradicar los prejuicios contra transmigrantes y mejorar las condiciones de vida de quienes van al norte donde se necesita su mano de obra.
Según Joan Hall, de Ayani NL Consultores, el volumen de las remesas transferidas a los países de América Latina y el Caribe es de tal magnitud que supera con creces la suma de los flujos de inversión extranjera directa (IED) y de la ayuda externa oficial a la región.
Lo cierto es que hay 12 millones de migrantes sin documentos oficiales en los Estados Unidos, que si su mano de obra, tenacidad, esfuerzo y conocimiento para el trabajo, esa potencia del norte no podría tener la estabilidad y estilo de vida que tiene. El Banco Mundial admite que todas las partes ganan con el trabajo, temporal y estable, llevado a cabo por migrantes de diversos países. El problema central radica en que las contradictorias políticas migratorias de México, los Estados Unidos y Canadá (hablando sólo de la región por el momento) genera la absurda criminalización de las personas trabajadoras, además acrecenta el racismo y la discriminación de quienes están de paso por las comunidades mexicanas. La política mexicana por un lado reconoce y promueve el respeto a la movilidad humana global, pero por otro, obedeciendo órdenes de Washington, hace razzias discriminatorias, fomentando el fortalecimiento de los vínculos entre agentes del Estado corruptos vinculados con los cárteles y bandas criminales (bacrims) que viven de extorsionar y secuestrar transmigrantes.
En 2012 fueron secuestrados más de 20 mil transmigrantes en México. A cada persona secuestrada le exigen el pago de hasta 15 mil pesos, que pueden conseguir de diversas formas, incluyendo la prostitución forzada o el transporte de un paquete de droga de un lugar a otro dentro de México. Las ganancias que obtienen los Zetas de la explotación de la ruta de migración que atraviesa México suma millones de pesos. Las casas de migrantes y sus activistas se han convertido en el gran enemigo de los Zetas y otras bacrims, y ante la ausencia del Estado mexicano para asegurar el bienestar de quienes van de paso, los criminales infiltran los albergues, amenazan de muerte a quienes trabajan en ellos y contabilizan a sus víctimas potenciales para saber cuánto dinero podrían obtener si quedaran desprotegidas. Por ello, muchos de estos albergues han denunciado las amenazas, y por lo mismo la Corte Interamericana ha ordenado a la PGR y a los gobernadores que aseguren la vida y seguridad de las y los activistas pro migrantes, pero nunca han recibido ni la protección ni el respeto del Estado mexicano.
En este momento la vida del equipo de «La 72» está en peligro; de hecho el 50% de los directivos de albergues viven bajo amenazas de muerte y vigilancia criminal. No están solos, millones de personas se preocupan por su bienestar, pero el peligro es real e inminente. Esos albergues deben desarrollar –como lo tienen los refugios para mujeres en México– sistemas de seguridad más elaborados, porque lo cierto es que ante el desinterés de las autoridades sólo la sociedad civil y las redes de migrantólogos les protegen. Hacer donaciones a estas organizaciones es vital, no solamente para alimentar a quienes migran y pasan por nuestro país, que es nuestro hogar, sino para que a través de este magnífico trabajo, las bandas criminales queden debilitadas. Esa es la verdadera fuerza que tiene la sociedad al apoyar a las organizaciones civiles de movilidad humana: impulsar la educación sobre migración, promover la compasión y el respeto por la vida de todas las personas. El resultado siempre fortalece el trabajo honesto, salva familias enteras, promueve los derechos humanos y como colofón arrebata fuerza a la delincuencia organizada.
Para aprender más entre en www.migrantologos.org
@lydiacachosi
