Resulta paradójico que el primer gran documento que reconoce Derechos Humanos, la Carta Magna, arrancada al rey normando Juan sin Tierra por los sajones de Inglaterra en 1215, y que contiene los principios básicos del debido proceso –»Solo debe condenarse a quien se le prueba con evidencias su culpabilidad»–, haya tenido como uno de sus efectos perversos el uso de la tortura para arrancar confesiones a los acusados y así obtener evidencias para sentenciarlo.
Con esa obligación de probar la culpabilidad de los acusados, las instancias de poder refinaron sus procedimientos para arrancar la verdad. La Santa Inquisición y finalmente el nacionalsocialismo nos demostraron que tratándose de destruir a otros seres humanos, la imaginación de los fuertes socialmente es inagotable. Pero en 1789 y después en 1948, se decidió poner fin a esos excesos y se reconocen como derechos inalienables los de los humanos. Aquel viejo derecho fundamental se complementó más adelante con otro principio básico en el proceso moderno: «Nadie puede ser obligado a declarar en su contra». y La Constitución mexicana protege puntualmente ambos derechos.
Así pues tenemos que se garantiza a todos los procesados en México a guardar silencio, a tener un abogado defensor, a no ser objeto de malos tratamientos durante su detención y a ser considerado inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. Todo eso consta por escrito y es formalmente imperativo para las autoridades, quienes además están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, existen leyes secundarias que contemplan la tortura como delito y obligan a las autoridades de cualquier nivel a denunciar, bajo apercibimiento de ser procesados cualquier información que tengan en el sentido de que alguien fue torturado.
Nadie pudiera pensar que la tortura está permitida en este país, no hay salida, las autoridades no tienen para donde hacerse. Sin embargo, y como una mala paráfrasis a Galileo, tenemos que decir que “La tortura se mueve”. Un solo botón de muestra: México se comprometió mediante un tratado a aplicar un protocolo para investigar la tortura en su territorio, y ese compromiso empieza por establecer unidades de investigación, muy similares a las unidades de investigación de delitos sexuales, con miembros independientes a las corporaciones policiacas y a seguir un itinerario de investigación que les permita reunir una gran cantidad de evidencias para encarcelar a los torturadores. Se conoce como el «Protocolo de Estambul». Pues bien, yo tengo conocimiento de solo dos unidades de investigación especialidades en todo el territorio mexicano.
Resulta inconcebible que las autoridades federales, que han jurado perseguir todos los delitos que se cometan en el territorio nacional, y que puedan alcanzar con su corto brazo de la ley, no vean lo que sucede bajo sus ojos. Resulta inconcebible que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores ignoren o sientan que pueden ignorar que la tortura es cotidiana en el país y que cuando se acude a los tribunales internacionales no se enjuician a los Presidentes Municipales que la animan ni a los Gobernadores que la toleran, sino que se enjuician a las autoridades federales, al Estado mexicano y este (querámoslo o no) está representado por EPN y las sentencias internacionales lo debilitan, le generan baja credibilidad, hacen aparecer a México como un país bárbaro y salvaje que no merece ir al concierto de las naciones civilizadas.
Diariamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales, las procuradurías de los estados, las dependencias de control interno institucional, reciben información de que personas acusados de delitos fueron objeto de torturas tolerables físicamente en unos casos y graves, muy graves en otros. Ese disimulo ante la evidencia de un sistema de justicia construido sobre la ilegalidad y la conducta delictiva de sus operadores, generan una duda constante y permanente sobre la responsabilidad penal de los sentenciados, la duda arropa a todos a honorables y delincuentes, a inocentes y culpables.
Y los defensores de derechos humanos de provincia tenemos que reconocer y señalar que no podemos enfrentar solos a la hidra de 250 cabezas (porque ese es el número de policías que nos toca vigilar más o menos a cada visitador). Así como ellos no pueden enfrentar al crimen organizado, nosotros no podemos desde la individualidad detener a este tipo de personajes poderosos en la impunidad, que constituyen hermandades y que, sabiéndose facultados a torturar hasta arrancar la confesión de cualquier cristiano, tienen la herramienta que pueden cambiar por oro en el mercado de la delincuencia productiva.
Asumimos el riesgo y los denunciamos, los identificamos, presionamos a las autoridades investigadoras y a las oficinas de asuntos internos, pero solo tenemos una secretaria como auxiliar y nuestros esfuerzos resultan vanos. Es como gritarle a los peñones de granito que permanecen incólumes en medio del desierto y que han resistido la erosión de millones de años sin volverse arena como sus antiguos vecinos que no fueron tan consistentes.
Cuando uno sabe lo que hacen, se impresiona del grado de peligrosidad que enfrentamos a diario. Son sicópatas que gozan con el dolor ajeno, y para dar fe que tienen una visión con perspectiva de género, han cooptado damas con las mismas perversidades conductuales, para que trabajen a las mujeres que son detenidas e investigadas. La sociedad fue permisiva y lo es en las zonas de alta incidencia delictiva, erróneamente permiten que a los presuntos delincuentes se les trate como los delincuentes reales tratan a las víctimas de sus acciones.
Pero no advierten que ese tipo de métodos de investigación es tan gravemente violatorio de la ley tan delito como el que tal vez combatan, pero además resulta que una vez instalado el método de la privación de la libertad, de la desaparición forzosa temporal, de las diversas formas inhumanas de trato a los sujetos a investigación, durante la crisis, permanecen intactos cuando pasa la emergencia y se convierte en “el método”.
Y ese método primero les produce eficacia en el trabajo que hacen, pero luego les genera un gran poder, y los vincula con los grupos de delincuentes con impunidad ganada, y finalmente, quien empezó dándole una cachetada a un chamaco para que confesara el robo en una tienda departamental termina convertido en un sicario al servicio de los poderosos con registro o sin registro en la sección de sociedades mercantiles.
Como siempre cuando uno escribe estos artículos para SinEmbargoMX, tiene la esperanza de que alguien con autoridad moral y política los lea y le remueva sus recuerdos de la impotencia que sentía cuando era agredido por sus padres enfurecidos por sus impertinencias, y se decida a hacer algo, porque la verdad quienes estamos en la trinchera de disparos (las trincheras de combate tenían muchas secciones, eran verdaderas unidades completas de combate y el 90% de la tropa estaba ubicado en la retaguardia, brindando apoyo logístico al 10% que estaba en la trinchera del frente desde la que se hacían los disparos, y así se conocían esas trincheras, las trincheras de los disparos) a veces nos sentimos un poquitín frustrados de ya cerca de 400 denuncias sin detenidos y sin saber a quienes tenemos como enemigos.
