Uno de los temas más publicitados de la reforma educativa es la mejoría de la calidad de la educación. Hablando de buena fe, diremos que para supervisarlo necesitan certificar si los maestros en verdad enseñan adecuadamente, o no lo hacen. Y para hacer eso requieren un sistema nacional de evaluación, con una política de aplicación estricta, sin conflictos de interés, sin complicidades ni abusos. Simplemente un sistema nacional de evaluación de los maestros justo, diseñado científicamente, y considerando el entorno sociológico y económico de las escuelas.
Si eso es lo que busca el régimen, lo que debe hacer es legislar a partir del Artículo 3o Constitucional, o tal vez hasta con un reglamento de la Ley de Educación sea suficiente. Lo que deben aprender las autoridades es a cumplir y hacer cumplir la ley, y no andar haciendo leyes como tortillas de harina por acá en el norte.
La elaboración de leyes debe seguir una metodología, conocida en el medio como técnica jurídica, que es una de las disciplinas del conocimiento más viejas y probadas en la historia de la humanidad. La técnica jurídica establece que en la Constitución se escriben los principios generales y las grandes alamedas por las cuales ha de circular la legalidad de un país. La técnica jurídica aconseja que la Constitución contenga el mínimo de artículos y el mínimo de palabras posibles, pero las suficientes para darle sentido y rumbo al proyecto de nación.
El primer gran ejemplo de un documento que inaugura esta disciplina del pensamiento universal es el Código de Hammurabi. Y sorprende que hace 3,800 años, un grupo de sacerdotes, que aún creían en dioses humanoides, fuera capaz de redactar cerca de 300 artículos que organizaban la vida en la Babilonia de entonces, y que la redacción del mismo respete la forma preceptiva que habrían de usar los códigos hasta nuestros días.
Por eso, promover la reforma educativa mediante una reforma constitucional que fundamentalmente construye un aparato para la evaluación de los maestros es un error técnico y legal que haría sonrojar al mismo rey babilonio.
En la Constitución va el modelo de Educación que queremos como nación y nada más. Todos los detalles que la desarrollan van en las leyes o en los reglamentos. Si querían darle fuerza constitucional al sistema nacional de evaluación magisterial bastaba con escribir: “El legislador establecerá un órgano autónomo e independiente para evaluar el desempeño del profesorado”. (14 palabras)
Pocas palabras pero las suficientes, lo demás debe ser flexible y perfectible no se puede amarrar en la constitución. Pero no lo hacen así. La reforma utiliza 1,126 palabras, cada una de las cuales será sujeto a interpretación y permitirá litigios interminables, requerirá leyes secundarias y reglamentos para convertirse en práctica cotidiana.
¿Que no habrá un constitucionalista cerca del Presidente de la República que le diga qué se puede hacer con la Constitución y qué no se puede hacer? Esta reforma constitucional llega al extremo de regular hasta el proceso de sucesión de los miembros del consejo del sistema evaluatorio designando que algunos durarán dos años, otros tres, otros cuatro etc. Esa es una absoluta falta de respeto por la legalidad en el país y una muestra de ignorancia jurídica de quienes están trabajando la reforma educativa o actúan de mala fe a sabiendas.
Más grave aún es que nos han querido vender la idea de que todo esto es necesario para controlar a Elba Esther Gordillo y su pandilla de truhanes. Nada más falso. Para controlar a Elba Esther Gordillo se necesita lo mismo que necesitó Carlos Salinas para controlar a Carlos Jonguitud: unas dos horas a puerta cerrada, el acuerdo de quien la sustituye y una elección por aclamación del nuevo dirigente. Si el Presidente de la República no puede controlar a esta mujer con la fuerza y el valor de la Presidencia, y necesita una reforma constitucional para meterla al orden, creo que debemos ir diciéndole adiós a la idea de un mandatario poderoso que controla este país.
Miguel de la Madrid no necesitó ninguna reforma constitucional para meter a la cárcel al Negro Durazo, ni Salinas de Gortari requirió reformar ninguna ley para encarcelar a «La Quina». Es más, Lázaro Cárdenas sólo necesito un par de pasajes de avión para sacar a Plutarco Elías Calles y a Luis L. León del país. Y esos sí eran pesados, la maestra junto a Elías Calles sería una pequeña Bambi con patitas temblorosas junto a un elefante africano.
Para controlar a los corruptos del sistema y dentro del sistema sólo falta voluntad, o como dijera López Mateos al felicitar a un diputado que lo defendió retando a duelo a un antagonista que insultaba al Presidente: “lo felicito, la política se hace como los buenos desayunos oaxaqueños: con muchos sesos pero si le ponemos poquitos huevos saben mejor”.
Lo que advierto en el fondo no es ningún interés verdaderamente serio por la calidad educativa del país, ni tampoco un deseo profundo de controlar a la maestra. En el fondo advierto algo mucho más grave: la intención de corporativizar dentro de la estructura del Estado la organización sindical de los maestros, sólo así nos explicamos que la reforma contenga el anuncio de una legislación especial para el profesorado y la construcción de un súper poder con origen constitucional que tendrá facultades de admitir, promover o separar del servicio al maestro que lo decida esta especie de Frankenstein pedagógico constitucional que se está creando.
Lo único que se construye dándole fortaleza constitucional al órgano de evaluación magisterial es un nuevo poder supra-legal. El cual será manejado precisamente por el Presidente de la República incluso al margen del secretario de Educación Pública.
Alguien leyó por lo menos párrafos importantes de Mi Lucha, de Adolfo Hitler, o si no tienen costumbre de grandes lecturas por lo menos les platicaron cómo controlar corporativamente a la sociedad.
De tal suerte que el futuro no se advierte muy agradable. Esta reforma educativa ya tiene varios puntos negros que pueden generar graves efectos perversos:
1.- Una legislación exclusiva para los maestros.
2.- Un aparato de control estatal de los profesores.
3.- La obligada coparticipación de los padres de familia en el sostenimiento de las escuelas.
Esa no es una reforma educativa es un complot contra la educación. Realmente parece un rebaño de ovejas negras más que uno normal con alguna que otra borrega pintada por lo que seguiremos tratando en aproximas ocasiones esta ya famosa reforma educativa.
