La controversia en la que nos hemos metido tras la liberación de Florence Cassez es simple y sencillamente producto de lo que a lo largo de 2,603 días hicieron las autoridades, para lo cual se valieron, como lo hacen sistemáticamente, de su aliada la televisión. Claramente, la ministra Olga Sánchez Cordero ha expresado que la Corte no declaró inocente a Cassez, pero con base en el desarrollo del caso, la Corte, tres votos a dos, optó por liberar a la francesa debido, entre otras razones, a que no se dio un “debido proceso”.

Florence Cassez supone –ella dice “creo”– que la han declarado inocente. Esto no es correcto y hay que reiterarlo. Una cosa es que al gobierno francés le haya dado por el aldeanismo para colocarla como su nueva heroína y otra lo que la Corte determinó. Al gobierno francés, suponemos, la liberación de Cassez le cayó ni mandada a hacer y más ahora que tiene un problema mayúsculo en Malí. Imagine la puesta en escena que hubiera hecho el ahora ex presidente Sarkozy, en una de esas supera a las del mismísimo García Luna. No cabe que desde el desenlace del caso Cassez ahora se nos vea desde Francia con otros ojos solo porque fue liberada una de los suyos, pero el problema no empieza ni termina en ella aunque para el gobierno francés todo sea diferente.

Cualquier decisión que tomara la Corte hubiera dejado un mar de dudas y preguntas. No queda muy claro cual es el estado en que quedan los otros acusados, particularmente Israel Vallarta quien después de siete años sigue sin sentencia. Así como está la duda sobre este parte de la historia está también lo que va pasar con quienes nos metieron en este lío mayúsculo. Liberar a Florence Cassez por la razones que se hizo y no perseguir a quienes perpetraron el escándalo, a lo que se suma un juicio discrecional y sesgado que buscaba a como de lugar hacer a Cassez culpable, deja a las víctimas en un estado mayor de indefensión y se les vuelve a victimizar brutalmente.

Una de las preguntas que las actuales autoridades están obligadas a responder es sobre el papel clave que jugaron las televisoras en el caso, que para la ministra Olga Sánchez Cordero fue fundamental. El productor de aquellos, del noticiario matutino de Televisa, aseguró hace pocos días que la escena de la supuesta detención in fraganti se repitió para que “saliera mejor” a petición expresa; o sea, la farsa dos veces y en su máxima expresión. Las televisoras tienen que responder y la pregunta es más que justificada: ¿a estas alturas vale, en medio de un asunto que nos tiene enfrentados y que ha puesto en evidencia las tripas de la justicia mexicana, un mea culpa y con ello pasar la página?

Nadie ha quedado satisfecho con el desenlace porque el caso mismo es de gran complejidad y en la medida en que avanzaba se incrementaban los intereses en su entorno. No es un asunto juzgado, queda mucho por resolver. Está Israel Vallarta, quien ahora pide que se le juzgue de la misma manera que su “ex”; están la autoridades de la PGR y de la SSPF; está el dupolio que además se dio el lujo de correr por el caso a dos reporteros, quienes lo único que hicieron fue cumplir una orden de trabajo que se decidió entre cúpulas; está la presidencia que suponemos algo debía saber de los montajes; están otros casos, Rubén Omar Romano, en que la detención fue a destiempo y con eso adquirió otra dimensión. Es cuestión de hacer justicia a las víctimas y para dignificarlas, y no hacerlas de nuevo víctimas. Hay que hacer justicia porque no podemos permitirnos que una de la víctimas diga en su dolor que su país es una “porquería”. Esto no ha terminado.

Javier Solórzano

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Es periodista. Conductor de radio y televisión.

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