Dice Enrique Peña Nieto que su iniciativa de reforma, presentada al poder legislativo por el Partido Verde porque él no está en calidad de hacerlo, tiene como propósito hacer la administración federal más moderna y eficiente, pero por alguna razón al leer los preceptos, suena a todo lo contrario. Un modelo viejo de concentración de poder.

El presidente Peña no adelgazará la nómina, la mantendrá como está pero con nombres distintos, parece ser que una vez más el problema lo sitúan en las instituciones y no en las personas que las encabezan o en las obsoletas reglamentaciones. Es decir, siguen pensando que en México hay inseguridad porque la Secretaría de Seguridad es un ente independiente en el gabinete, y no porque haya impunidad y la Ley no la apliquen quienes tienen obligación de así hacerlo.

La Secretaría de Seguridad pasará a ser con todo su personal, toda su reglamentación y todo su presupuesto –una dependencia muy rica considerando que el Plan Mérida fue su principal auspiciador económico– una simple comisión al servicio del secretario de Gobernación, titular que en la administración de Enrique Peña Nieto, será de facto uno de los más poderosos que el País haya tenido en la historia contemporánea. No originado ese poder como en el pasado debido a la confianza del Presidente en turno y a la personalidad de quien ocupaba la oficina de Bucareli, sino porque en la Ley así estará escrito.

No sólo será el responsable de la política interna de México, sino que para ello contará con una fuerza pública. Una mezcla peligrosa sobre todo en el ejercicio de un régimen presidencialista como se ve será el de Enrique Peña Nieto.

El Presidente compartirá el poder que le confirieron los mexicanos con su número dos. Será éste quien convoque a los secretarios, quien les de instrucciones, los supervise y quien además los evalúe en sus tareas.

Controlar la política interna y poder utilizar en ello la fuerza pública es una situación de la que México ya había salido. No precisamente que la Secretaría de Seguridad haya sido la solución, de hecho el manejo tan cerrado que sobre todo Genaro García Luna dio a esa institución le restó no sólo respeto, sino la convirtió en un grupo de élite para el lucimiento personal, la estrategia unilateral y no el servicio a los mexicanos.

Que regrese toda esa estructura, además muy rica en recursos debido al Plan Mérida, a la Secretaría de Gobernación en calidad de una Comisión, no favorece la administración de seguridad y justicia, acaso etiqueta a la corporación en un objetivo más centralista que otra cosa.

La nueva/vieja Secretaría de Gobernación será la culminación de la politización de la inseguridad; y si a eso le agregamos que también desde esa oficina se coordinarán las acciones para la defensa de los derechos humanos, resulta un negocio redondo: política, policía, derechos humanos, a pedir de boca de cualquier presidencialista.

Ahí no para la cesión concentración de la seguridad a quien maneja la política. En ausencia del Presidente –ya se ha visto como le gusta viajar al que viene– será el secretario de Gobernación quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública que coordina los esfuerzos entre dependencias federales, fuerzas armadas, las entidades federativas y los municipios; además será el de Gobernación quien de suyo presidirá la Conferencia Nacional de secretarios de Seguridad Pública –las similares en los estados y en los municipios no desaparecerán de entrada.

También el secretario de Gobernación tendrá bajo su responsabilidad la atención a víctimas del delito, la ejecución de penas del ámbito federal y la administración de las prisiones. Será la súper Secretaría que todo lo tendrá y todo lo sabrá. Se lee en la propuesta peñista: “Como factor esencial de la política de seguridad, el tratamiento de información es condición indispensable para garantizar la eficacia de dicha política. Por ello, además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional, se propone que la Secretaría de Gobernación coordine, opere e impulse la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrolle las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes…”.

Incluso desde Bucareli se manejaran los permisos para la portación de armas para las corporaciones policíacas de cualquier ámbito y nivel en la República Mexicana, incluso las agencias privadas que prestan ese servicio ante la ineficacia del estado mexicano para proveer seguridad y tranquilidad a los gobernados.

En estas condiciones, el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto tendrá un poder plenipotenciario, será el más poderoso que México haya tenido. Al más puro estilo priísta salinista, Enrique Peña Nieto nos está engañando con la verdad, su presidencia mezclará el poder político con el poder de la fuerza pública. Agárrense.

Adela Navarro Bello

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