Desde julio de este mismo año, la normatividad interna de la Procuraduría General de la República cambió. Cada cierto tiempo así sucede. Recuerdo la de 1997, la de 2003. Por ahí perdida hubo otra modificación en 2009. Pero los cambios “sustanciosos” se han dado en las primeras que mencioné y la de 2012. Las comillas son a propósito, pretenden denotar sarcasmo. La realidad es que en la PGR cambian para seguir igual.

Vamos, la “transformación” (otra vez, mismo sentido) más importante que causó sorpresa, sorna e incomprensión fue el cambio en el nombre de la unidad que desde las entrañas de la PGR combate al boyante crimen organizado. Ya no es SIEDO ahora es SEIDO. Y emulando a don Porfirio Muñoz Ledo, pónganle como le pongan… seguirán igual de corrompidos. La corrupción no está en las siglas de las instituciones, sino en las personas que las manejan y en el sistema estructural en el que estas funcionan.

La corrupción está arraigadísima en los adentros de la que también podemos llamar Fiscalía Nacional; no hablar de su corporación, sea como en su momento Policía Judicial Federal, o Policía Federal, o Agencia Federal de Investigaciones como también se llamó, o Policía Federal Ministerial como ahora se denomina. Las etiquetas las pueden cambiar, las siglas las pueden transformar, pero mientras sigan laborando con los mismos elementos y en la misma estructura, la corrupción persistirá.

Hace unos días, en Baja California, la Policía Federal detuvo al Comisario de la Policía Federal en Tijuana. Su nombre, Luis Eduardo Vega Camberos. Lo denunciaron en la Ciudad de México empresarios transportistas que ya no aguantaban las extorsiones de los federales. Por mes debían pagar entre 20 y 30 mil pesos en lo que ilícitamente y desde dentro de la Federal llamaban “Operativo Las Camionetas”, que consistía en seguir a los transportistas de mercancía local, de un rancho a otro, entre ciudades y por carreteras federales, para detenerlos ante la mínima falta y de ahí iniciar la extorsión. Iniciaron cobrando por dejarlos seguir su camino con alguna falta administrativa menor, hasta hostigarlos cuando ya la habían subsanado, para no buscarles más. De plano, tras la detención el interrogatorio oficial comenzaba con aquella de “¿Con quién te estas reportando?” y si no había arreglo, entonces la sentencia: “Dile a tu patrón que ya sabe la cuota”.

Después de seis años de caer en la extorsión, los empresarios se animaron a denunciar a los federales, pero lo hicieron en la Ciudad de México porque cuando aquí en Baja California lo intentaron, siempre alguien en el ámbito local protegió a los corruptos. En la PGR los escucharon y armaron una situación. Los extorsionados pidieron a los Federales hablar con quien manda en Baja California argumentando que no sabían si el dinero llegaba hasta donde debía llegar; acordaron cita, lugar, hora y pago directo de la cuota en billetes mexicanos. Atónitos, los empresarios recibieron al merito Comisario Luis Eduardo Vega Camberos y su segundo de abordo, Alfredo García Castillo. El primero les dijo que nada en esta tierra pasaba sin su aprobación y consentimiento. Procedieron a pagarle la extorsión y en ese momento el funcionario federal fue detenido.

De eso ya hace algunas semanas. El hombre fue dado de baja y abogados cercanos a la PGR dicen que lo mínimo ya no regresará a la corporación o cualquier otra en este país. No hace falta, Vega Camberos tenía menos de tres años en la ciudad y la extorsión había comenzado seis años antes, la corrupción es un negocio que se hereda entre funcionarios deshonestos, dado que la estructura interna lo permite; no hay en las entidades federales –ni en las municipales o estatales– en materia de seguridad, candados, reglamentos precisos, ni una cultura de la legalidad. Mientras se pueda abusar del ciudadano al amparo de las instituciones lo hacen y punto.

En estas condiciones hace unos días José Cuitlahuac Salinas, titular de la ahora SEIDO, informó que, efectivamente como muchos mexicanos suponen, esa entidad estaba infiltrada por el narcotráfico. Particularmente reveló un expediente donde, hasta ahora, por lo menos tres funcionarios de esa dependencia servían al cártel de Sinaloa, a la sazón el más grande, poderoso, rico y violento bajo las órdenes de la dupla Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. La clásica. Transmitían información confidencial, ministerial y de operativos contra el cártel, antes de que estos se llevaran a cabo, para que los delincuentes pudiesen salir de la emboscada oficial y continuar con su vida criminal.

La infiltración en la SEIDO no es una novedad, la novedad es el nombre. Revisando la Ley Orgánica de la PGR donde se cambian dos palabras de orden para pasar de SIEDO a SEIDO –Investigación Especializada, Especializada Investigación– no hay un argumento sólido para la transición. Vaya, cuando en 1997 el gobierno federal decidió cambiar de INCD (Instituto Nacional del Combate a las Drogas) para dar paso a la FEADS (Fiscalía Especial de Atención para la Delincuencia Organizada), la justificación fue precisamente esa, que el Instituto estaba harto corrupto desde su origen bajo el mando del aún preso General Jesús Gutiérrez Rebollo. Y que además, la FEADS tendría más atribuciones y facultades para un combate integral.

Y cuando la FEADS también se corrompió, entrada la década del 2000 le cambiaron de nombre para dar paso a la SIEDO, el argumento fue el mismo. La corrupción existente, la falta de credibilidad y de confianza hacia la Fiscalía, y además las nuevas facultades para la SIEDO. Pero en éste último cambio, no hay un razonamiento, no dijeron que pasaba a ser SEIDO porque la SIEDO ya estaba muy corrompida –que lo está–, ni que ahora que era Especializada en Investigación contaría la institución con mejores elementos, nada, sólo se dio el cambio y punto.

Bajo esa perspectiva, solamente hay de dos: uno, que al momento de escribir la Ley pusieron primero la Especialización y luego la Investigación sólo por hacerlo; y dos, que este sea un requerimiento del próximo gobierno de la República para iniciar su sexenio sin la pesadez de la SIEDO infiltrada, y con la novedad sólo en nombre de la institución. Un marcar la distancia y la diferencia entre una administración federal y otra.

El problema es que esto evidencia que ni este gobierno ni el que viene, están conscientes de que el problema no lo representan las instituciones, sino las personas que las manejan, y en este caso, una basta lista de funcionarios federales que desde sexenios atrás coleccionan tarjetas de presentación con diferentes siglas, pero con igual significado.

Adela Navarro Bello

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