Aún no dimensionamos cómo la violencia contra la prensa afecta nuestra democracia. Estamos insertos en la emergencia, en lo imediato. En el asesinato, en el hecho. Es imposible ver el futuro. Pero lentamente la evidencia aflora. Cada vez conocemos o leemos de periodistas o medios de comunicación que al no tener las garantías para hacer su trabajo de informarle a la sociedad, optan por el silencio y la autocensura. La decisión es completamente comprensible, válida y, si me lo permiten, recomendable. Ninguna información vale una vida.

Una democracia se alimenta de información. Nuestro flujo de información de interés público está ante un grave riesgo. Un periodista debería decidir su línea editorial y publicación de la información por motivos de interés público. Así lo dictan los principios básicos del periodismo. En México, la mayoría de los medios de comunicación y periodistas deciden la publicación de la información una vez habiendo pasado esta por la pregunta: ¿qué pasa si publicamos esta información? ¿Nos matarán o nos privarán de nuestra libertad? ¿Enojará la información a los delincuentes y a los funcionarios, etcétera? Ningún periodista debería pasar por este miedo a la hora de decidir qué información publicar. El hecho es que cada vez más información de interés público se está quedando guardada.

Por lo tanto, nuestra democracia está evolucionando sin la información necesaria para la toma de decisiones de la sociedad. La violencia contra la prensa se está encargando de lastimar (y es ahí donde todavía no podemos ver el daño que está sufriendo) el derecho a la información de todas y todos nosotros. Nuestro sistema político está condenado al fracaso si dejamos que la violencia contra la prensa avance. Al mismo tiempo debe de quedar claro que el silencio de la prensa, es decir, la falta de escrutinio periodístico beneficia un estatus quo de injusticia social, de violación a derechos humanos, de corrupción y malos actos de gobierno. La prensa comprometida con los intereses públicos de la ciudadanía es fundamental para crear ciudadanos y ciudadanas capaces de cambiar el perdido rumbo de nuestro país. Lamentablemente, un gran porcentaje de la prensa en nuestro país está más cercana (por conveniencia propia) a los intereses de poderes públicos o fácticos. Realidad por la cual la sociedad mexicana está desentendida del hecho que en nuestro país están matando a sus mensajeros.

Desde 2000 al 2012 han asesinado a 72 y secuestrado a 13 periodistas. En ese mismo periodo de tiempo en 39 ocasiones se han atacado con explosivos instalaciones de medios de comunicación. Ante este contexto de violencia sistemática el estado ha dado respuestas que no son más que una simple simulación. Revisemos: tenemos un programa de agravio a periodistas en la CNDH (cuya eficacia en la protección a la prensa está más que cuestionada); una fiscalía especial contra la libertad de expresión en la PGR (a cinco años de creación su ineficacia y falta de resultados es prácticamente del 98%); una comisión de seguimiento a agravios a periodistas en la Cámara de Diputados (su único logro ha sido impulsar la facultad para que la federación investigue casos de agresión a periodistas); y un mecanismo de protección en la Secretaría de Gobernación que el año pasado contó con 25 millones de pesos y tuvo un subejercicio del 95%.

Somos una sociedad que puede presumir de crear instituciones para resolver los problemas. El más claro ejemplo ha sido la creación de la CNDH, cuyo presupuesto para el 2012 es de 1,286 millones de pesos y sus resultados reales y efectivos de protección a los derechos humanos son sumamente cuestionados. Tenemos una larga lista de ejemplos que le dan sustento al dicho “quieres que nada funcione, crea una comisión”. Probablemente la creación de todas las instancias citadas sea necesaria para la protección de los derechos humanos. Pero lo cierto es que nuestro sistema de protección debe de transitar de una simulación a una consolidación real.

El último mecanismo creado para la protección de periodistas es la recién aprobada Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. El proceso de elaboración de la ley y mucho de su contenido ha sido severamente cuestionado. Pero la realidad es que dicha ley es ya parte de nuestro ordenamiento legal. Por lo que nos obliga, como sociedad, a involucrarnos en su correcta y efectiva ejecución.

A pesar de que la ley no aborda el problema principal de las agresiones a la prensa que es la impunidad rampante en la que se encuentran todos los casos, la ley busca centrarse en dar paliativos de protección a periodistas cuyo riesgo sea alto. El mecanismo de protección diseñado en la ley buscará aportar medidas de protección a periodistas qué hayan sido amenazados o agredidos, en aras de que dichas medidas le permitan seguir con su labor de informador.

El mecanismo de protección contempla la incorporación de ocho miembros de la sociedad civil, cuatro de ellos deberán ser periodistas o defensores de la libertad de expresión. Si queremos que la ley tenga un efecto positivo en la protección de nuestra prensa, es fundamental que los ocho miembros que trabajen en el mecanismo generen un elemento fundamental: confianza. Si en poco tiempo volteamos a ver el mecanismo y éste carece de confianza en la comunidad periodística, podríamos afirmar que se convirtió en otra simulación más.

El reto para lograr su eficacia es mayúsculo, sobre todo viendo en todo lo que hemos fallado como estado. Pero a pesar del escepticismo y las muchas dudas que todavía hay, debemos de trabajar a la par con las autoridades para lograr salvar vidas de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo. Así salvamos nuestra democracia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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