No me rasgo las vestiduras porque Peña Nieto llegue al poder. Ya el PRI nos tenía bajo su control. Somos 20 de 32 entidades gobernadas por el PRI; y quien vive fuera del Distrito Federal sabe de qué hablo. Quien haya votado por el PRI creyendo que mejorará algo, tendrá una gran decepción.
Hace 26 años salí del Distrito Federal para vivir en Quintana Roo y sé a ciencia cierta que más que vivir en las “provincias” sometidas al gobierno federal, vivimos en pequeñas naciones autónomas, en las que los gobernantes y sus diputados federales hacen y deshacen a su antojo. En los congresos locales es prácticamente imposible encontrar congruencia entre los colores y nombres de partidos de quienes legislan y su visión del mundo. Lo mismo hallamos perredistas ultraconservadores, que panistas progres y priístas indefinidos. Se legisla con acuerdos bajo la mesa, sin visión de futuro y las diferencias con los gobernadores no las hacen los principios y valores sino los cochupos, prebendas y venganzas. Unos cuantos se salvan.
Para las y los intelectuales que viven en sus escritorios del Distrito Federal es fácil opinar sobre federalización; para quienes vivimos cada día bajo esta suerte de feudos debilitantes de la democracia ciudadana las cosas son diferentes…
En Chihuahua, César Duarte Jáquez, casi de manera idéntica que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó todos los convenios posibles con el presidente Calderón sin que se haya notado un cambio sustancial en beneficio de la sociedad. La Marina que se encarga de proteger zonas del estado, no confía ni en Duarte ni en su gabinete. El poder en manos de los dos Duartes no ha servido sino para perseguir a las y los defensores de derechos humanos y a las y los periodistas que son críticos de su administración. Como el resto de los gobernadores de ese partido, ambos han cooptado a algunos medios a través de la publicidad oficial y a los otros medios libres los mantienen bajo serias presiones, amenazas y descrédito constante. El empresariado se siente inseguro y agotado de la autodefensa.
En Coahuila, Rubén Moreira, quien como diputado local hiciera de operador de la familia, no solamente fue impuesto para encubrir todas las corruptelas de su hermano Humberto; además, su incapacidad para gobernar está dejando en una gran indefensión a la sociedad, con un estado endeudado y una credibilidad prácticamente nula, los cárteles no negocian con él sino con sus jefes policíacos y con los voceros de Humberto.
En Michoacán, Fausto Vallejo administra solamente el Palacio de Gobierno y su casa, el resto de la entidad está tomado por los cárteles. La siembra de amapola y mariguana en ese estado crece de manera significativa. El cártel de La Familia mantiene el control de comunidades enteras y cientos de escuelas; con su visión esquizoide de una supuesta ética criminal, mantiene comunicación directa con el gobierno estatal a través de alcaldes y empresarios que conforman las redes de la economía criminal del estado. En últimas fechas, el gobernador Vallejo reconoció que es la propia sociedad quien se defiende sola con armas propias en la sierra, dijo “están en una lucha, asumiendo una responsabilidad frente a la delincuencia organizada, porque para nosotros (el gobierno) es muy difícil vigilar la sierra”.
En Nuevo León, Rodrigo Medina fue secretario Técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad y, posteriormente, secretario General de Gobierno bajo el mandato de Natividad González Parás, cuyas negociaciones con la delincuencia organizada no hicieron sino dejar en gran indefensión a la sociedad neoleonesa. Nunca había habido tanta trata de personas en ese estado como bajo su mandato. Medina no ha movido un dedo para erradicar a las mafias de tratantes en las que familiares del ex gobernador González están implicadas. Fuentes cercanas dicen que sufre de insomnio y de depresión; su familia vive en El Paso y él gobierna la mitad del tiempo desde Texas. Vive indignado ante los medios que lo investigan y evidencian, su gobierno está paralizado por la corrupción heredada y su monumental ineficacia. Su cuerpo policíaco “Fuerza Civil de Nuevo León” opera discrecionalmente, como pudo demostrarse en el arresto ilegal de la periodista Sanjuana Martínez. Grupos empresariales y su propio partido planean ya su dimisión.
Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas, aceptó la candidatura luego de que la delincuencia organizada asesinara a su hermano Rodolfo, candidato oficial. Opera y administra para el PRI un estado gobernado enteramente por el cártel del Golfo. Los medios y la sociedad civil se protegen solos. Por su parte, Jorge Herrera, en Durango, vive paralizado. Entre los operativos de los Zetas, el cártel de Sinaloa y el de Juárez, la sociedad vive en el desamparo. Su gobierno ha imposibilitado la transparencia y rendición de cuentas a pesar de las fuertes presiones del empresariado, la sociedad civil y académica.
En la tierra de Beatriz Paredes, Tlaxcala, el priísta Mariano González está registrado desde 2009 como miembro adherente del PAN, sin embargo, ni sus alianzas con panistas le han ayudado para gobernar. En su estado ha incrementado tres veces la trata de mujeres y niñas indígenas, de la mano de la pobreza y la corrupción. Según Transparencia Mexicana, la corrupción de la burocracia tlaxcalteca está por encima de la media nacional. Es escondite de narcos que trabajan entre Puebla y Veracruz.
Roberto Borge, en Quintana Roo, mantiene atemorizada a toda la burocracia, entre amenazas y despidos para quien le contradiga incluyendo priístas connotados. Ha perseguido a los periodistas que no se someten; invierte sumas millonarias en el control de medios y logró que el estado se convirtiera en el menos transparente del país. Los cárteles operan libremente y su consigna para silenciar las acciones de la delincuencia organizada no ha hecho sino empoderar a los que operan en el estado: el del Golfo y los Zetas. (Fue una sorpresa que en las pasadas elecciones AMLO ganara aquí por 9 puntos a EPN).
No puedo decir que los gobernadores del PAN y del PRD lo hayan hecho mejor; por eso después del 1 de julio millones de personas volvimos a nuestro trabajo y activismo; porque sabíamos que el país no cambiaría mucho del sexenio anterior al que viene. Las discusiones sobre las elecciones, para millones como yo, ya han pasado al ámbito filosófico y de desahogo terapéutico.
El futuro nos pisa la sombra. Nuestras batallas siguen siendo las mismas: otros seis años para cambiar las reglas del futuro, para defender, bajo amenaza, a la prensa libre, para evitar los oprobios del poder, para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal. Más tiempo para cuidar nuestra integridad sin negociar nuestros principios; para construir un país que deje de creer que las elecciones cambian nuestras vidas. Para proteger a nuestras familias de la violencia y la corrupción. Para lograr que, eventualmente, nuestro trabajo cotidiano transforme los procesos electorales y más allá de ellos se fortalezca la ciudadanía.
@lydiacachosi
