Primero vino la señora Napolitano y no quiso ser considerada un flan; por el contrario, se mostró amenazante y ruda. Aquí dijo que "El Chapo" caería, aunque se escondiera como Bin Laden y en Guatemala rechazó la iniciativa del recién llegado presidente Otto Pérez de discutir la legalización de las drogas como una estrategia para restarle fuerza a las bandas de delincuentes. Al día siguiente, el representante regional de la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito, Antonio Mazzitelli, presentó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la dependencia de la ONU encargada de vigilar la ejecución de la prohibición establecida por las convenciones internacionales  sobre la materia, y aprovechó para descalificar las propuestas de legalización, pues según él es un mito que con ello se eliminaría el problema del crimen organizado y la violencia que genera.

Tanto para la señora Napolitano como para Mazzitelli de lo que se trata es de seguir por la misma ruta. Sí ha aumentado la violencia, reconoce el informe de la JIFE, pero Mazzitelli cree que ésta se acabará cuando los valores de la democracia, el respeto de las libertades individuales y la cultura de la legalidad tomen ventaja sobre los “valores individualistas criminales”. La señora Napolitano, por su parte, apuesta a que, a pesar de cuarenta años de fracaso de la prohibición para reducir eficazmente la oferta, es cosa de seguir insistiendo y que en el largo plazo la guerra dará resultados. Lástima que entonces todos vayamos a estar muertos.

Que la JIFE o la DEA quieran mantener la guerra contra las drogas, contra toda evidencia científica sobre su eficacia, es un típico caso de simbiosis entre una institución, por más ineficiente que sea, y los actores que se benefician con ella. Es obvio que si la política de drogas dejara de ser un tema policíaco y se convirtiera en una política de salud tanto la DEA como la JIFE dejarían de tener razón de ser y sus empleados tendrían que buscarse la vida en otra parte. La incertidumbre que el cambio institucional en materia de drogas les significa es ingente, por lo que mejor defienden las cosas como están, a pesar de que cada vez sean más los actores que se han dado cuenta de las devastadoras consecuencias de una política pública fallida, diseñada sobre presupuestos económicos y de salud erróneos.

El argumento del señor Maazzitelli es meramente ideológico, pues apela a los valores, y parte de un supuesto falso. Nadie ha dicho con seriedad que con la legalización de las drogas –o, mejor dicho, con una regulación estatal que diferencie los tipos de sustancias y le quite el control del mercado a los delincuentes– se va a acabar como por ensalmo todo el crimen organizado. Lo que han planteado las múltiples voces que desde la academia, la sociedad civil, la política y la medicina piden un cambio de política respecto a los estupefacientes es que la regulación estatal le quitaría un negocio sustancioso a las bandas, lo que las debilitaría enormemente, al tiempo que permitiría aplicar una política de salud enfocada a la reducción del daño para que los consumos problemáticos de drogas –sólo una parte relativamente pequeña del total­– pudieran ser tratados social y médicamente. El argumento central de los opositores a la prohibición es que la existencia de un mercado clandestino genera ganancias enormes, lo que provee incentivos para que los delincuentes saquen provecho, por más que se les intente combatir con toda la fuerza del Estado.

Lo de la señora Napolitano tiene otras aristas. Si bien el tema de la prohibición de las drogas no ha sido una cruzada central del gobierno de Barack Obama, quien desde que llegó a la presidencia redujo el nivel de la oficina encargada del tema, el hecho es que la inercia institucional y la persistencia de las creencias de buena parte de la sociedad estadounidense respecto al asunto han impedido un giro en la política pública radicalmente prohibicionista que se impuso desde la declaratoria de guerra de Richard Nixon en 1971.

Obama está en campaña y no tiene por qué darle argumentos a los conservadores de la ya de por sí exacerbada derecha republicana para que los usen en su contra. Sin embargo, en el día a día, la mayor parte de las policías locales de los Estados Unidos tratan los delitos relacionados con las drogas como lo que son: delitos de mercado. Sólo cuando hay violencia, muertes por dosis adulteradas o relaciones con otro tipo de delitos depredadores se les ataca frontalmente. Y en cuanto a la mariguana, una veintena de estados la han regulado bajo el subterfugio de los usos médicos.

El presidente de Guatemala se ha puesto a la cabeza de una ofensiva diplomática para cambiar la política mundial respecto a las drogas. El presidente Santos de Colombia también está por la labor. Aquí, en la soledad de la retirada, Calderón se mantiene empecinado en su guerra fallida. Pocos meses faltan para que le pasen la factura.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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