Nunca subestime el poder del espionaje, esa es la lección que recientemente aprendieron las y los legisladores cuyas conversaciones fueron evidenciadas en los medios. Todos los estados de la República cuentan con sistemas de espionaje, además, claro, de los ya tradicionales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del centro de Inteligencia de la SSPF montado por García Luna con ayuda de Washington; podríamos decir que en este momento histórico lo que sobran son espías que todos los días violan la Constitución en aras de favorecer a grupos políticos, delincuentes e incluso a poderosos empresarios.
Si bien es cierto que todos los estados tienen equipos cuya función es apoyar a la procuraduría en asuntos de inteligencia contra la delincuencia, pero ante todo para proteger la seguridad nacional, también lo es que las reglas han cambiado (al menos en papel) y todas las escuchas deberían seguir una metodología, estar justificadas judicialmente y ser reportadas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, quien debe auditar a todos los estados para evitar que incurran en actos ilegales. Pero la evidencia revela lo contrario.
Hasta la fecha, los mejores sistemas de espionaje, capaces de clonar teléfonos móviles, de intervenir líneas telefónicas fijas, correos electrónicos y radios Nextel, son el del Distrito Federal, controlado por la Procuraduría local, el de Veracruz montado con millones de dólares de equipo comprado ilegalmente por el gobierno de Fidel Herrera, el de Jalisco que recibió apoyo del propio Cisen. En orden de capacidad de espionaje, intervención, discernimiento y manejo de información, los dos más modernos son el que recientemente montó Larrazabal en Monterrey y el de Garza García, que no le pide nada a los sistemas de inteligencia computarizada del Mossad. Los gobiernos de Quintana Roo, Morelos, Chiapas, Tabasco, Guerrero se modernizaron en los últimos años y tienen intervenidos a una gran cantidad de empresarios, a todas las Organizaciones No Gubernamentales, a todos los periódicos locales y a determinados periodistas incómodos. Sonora tiene un sistema bastante moderno y de gran escala.
Todos los mencionados anteriormente son utilizados para fines políticos, es decir, además de ser violatorios de la constitución, no son controlados por las procuradurías de justicia, sino por grupos de espionaje formados por los propios gobernadores. Algunos estados venden la información, otros la filtran a medios dependiendo de los intereses del momento.
Por otro lado, los procuradores que hacen escuchas políticas a gran escala son los de Sinaloa, Hidalgo, Guerrero. El de Baja California lo armó Blake Mora con apoyo tecnológico del Cisen. El del Estado de México, histórico instrumento de los Del Mazo, lo manejaba la Agencia de Seguridad Estatal; sin embargo, Eruviel Ávila cambió el esquema y ahora el Procurador centralizó y modernizó el aparato de espionaje que en este momento está más activo que nunca.
Lo cierto es que todos los gobiernos estatales hacen intervenciones ilegales fuera del marco jurídico como exige la ley. En el Cisen a las escuchas sin orden judicial de les denomina «ordenes submarinas».
Desde el Cisen, Guillermo Valdés mantuvo una fuerte obsesión para monitorear a Elba Esther Gordillo, y sobre todo para documentar su relación con Marcelo Ebrard (la cual mantenía preocupado al presidente Calderón), Valdés llegó a tal grado que en los documentos de ordenes de inteligencia, antepuso el espionaje de Gordillo y Ebrard al del propio Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Cuando el presidente Calderón entregó a García Luna el manejo de la Inteligencia, en el contexto de la guerra contra el narco, generó un cisma al interior del Cisen, que durante la historia reciente de México había mantenido el monopolio y control de la información producto del espionaje estratégico.
Actualmente se han diversificado de tal forma los grupos de espionaje que la corrupción sobre la compraventa de información delicada está en manos de cualquiera. El artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional establece las atribuciones del Cisen, y para evitar que exceda sus atribuciones y facultades deben ser auditados y supervisados por la Comisión Bicameral, por la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI, por el Consejo de Seguridad Nacional y claro, por OIC-SFP, es decir, el poder Ejecutivo; pero está claro que los controles no se han activado, y lo hicieron evidente Edgardo Campbell y Gustavo Mohar quienes se dedicaron a dar órdenes desde el Cisen para seguir a las amantes de políticos y directores de periódicos, dejando de lado la investigación de los grandes riesgos a la Nación. Por ello, el personal del Cisen más profesional, ese altamente calificado, en su mayoría entrenado en el extranjero para descifrar claves y buscar patrones de verdaderos riesgos para el país, terminó hartándose de la utilización política y empresarial del espionaje y comenzaron a renunciar. Muchos de ellos ahora trabajan en la iniciativa privada o con gobiernos estatales. Hoy en día, desde Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos es quien le da ordenes a la sección 2o para las peticiones de espionaje del Presidente, de Alejandra Sota y de empresarios con guante blanco en Los Pinos. Ellos piden que se clonen teléfonos de reporteras y reporteros, de empresarios, de activistas sociales, de ministros de la Corte y de todo tipo de políticos, incluyendo a legisladores.
La reciente “travesura” del Cisen contra Josefina Vázquez Mota es en realidad una mezcla de 2 conversaciones grabadas, una con Roberto Gil y otra con Diódoro Carrasco. En ellas, la candidata simplemente expresa que Ernesto Cordero es “un patán” (y medio país coincide con ella, al menos en esa opinión). El operador de este espionaje fue Edgardo Flores Campbell, ex jefe de la policía de Tlanepantla (que no pasó el polígrafo) y actual director de protección del Cisen.
Quien siga creyendo que ponen cablecillos en las oficinas, ve demasiadas series de televisión. Desde hace años, el espionaje de Estado hace escuchas satelitales, microchips, clonación de teléfonos (los iPhones son los más fáciles de intervenir porque Blackberry tiene un sistema de encriptado diferente). La policía británica utiliza el BB y en el 2009 un reporte de Interpol reveló que uno de los líderes de la N´drangheta (la peligrosa mafia italiana) se comunicó con líderes del cártel del Golfo vía PIN de Blackberry, confiando en que la intervención de mensajes con sistemas no sofisticados sería imposible.
Si bien es cierto que desde los años sesenta el espionaje de Estado permitía un control político de medios y empresarios, así como la persecución de activistas sociales bajo órdenes presidenciales, ahora las cosas han cambiado. El debilitamiento y la división dentro del Cisen ha generado un verdadero caos en el manejo de la Inteligencia en el contexto de la guerra y las próximas elecciones. El país requería pasar del espionaje y la guerra sucia priístas, a un sistema de seguridad nacional transparente y sólido, útil para la construcción del Estado de Derecho. Sin embargo ha sucedió lo contrario, ahora son muchos los dueños y vendedores de la información privada y pública, somos muchas las personas expuestas al espionaje y nadie sabe para quién trabajan los espías.
