Francesca Polini y su esposo viven en Londres; con el permiso del gobierno inglés contactaron a la agencia Adoption Alliance en Denver, Estados Unidos; a su vez esta agencia les contactó con un despacho jurídico de Guadalajara, México, donde les aseguraron podrían adoptar al bebé de su elección. Luego de que el gobierno inglés denegara el permiso al enterarse de que la adopción no sería en Denver sino en México, la pareja decidió viajar a Guadalajara y, de cualquier manera, conocer al famoso abogado Carlos López Valenzuela, experto en adopciones internacionales, recomendado por la agencia. Este les ofreció coordinar legalmente la compra de un bebé recién nacido por veinte mil dólares.
Francesca escuchó el ofrecimiento al lado de su esposo; varias cosas les alertaron a pensar que estaban a punto de cometer un delito. López, descrito por Polini como un hombre sudoroso y mal vestido que cargaba un portafolios, les recibió en un Starbucks de Guadalajara, no en un despacho propio. Originalmente les pidió veinte mil dólares, dice ella, pero él mismo bajó el precio a la mitad. La metodología es muy sencilla, el abogado cobraría mil dólares para poner anuncios en el periódico buscando a una madre que quisiera dar en adopción a un bebé (generalmente, mujeres muy jóvenes víctimas de violación o con embarazos no deseados y en condiciones adversas), la pareja pagaría la hospitalización de la madre, el parto y los cuidados del recién nacido mientras él arreglaba toda la documentación pertinente. Para tranquilizarles les explicó que él ya había conseguido casi 200 adopciones para parejas irlandesas.
Seguí mi instinto y nos negamos buscar la adopción con ese abogado, narra la mujer originaria de Irlanda al diario Irish Mail. Años más tarde, Francesca escribió el libro Mexican Takeaway, en el que narra el encuentro con el abogado mexicano (aunque le cambia el nombre) y las técnicas para vender bebés a extranjeros.
El gobierno irlandés ha revelado que efectivamente hasta que no se creó en 2010 la ley Adoption Act, incontables parejas irlandesas adoptaron bebés en países como México y los papeles de adopción se aceptaron como legales al ingresar con la criatura al país.
La jefa de la División de Delitos Sexuales en Agravio de Menores y Violencia Intrafamiliar, Blanca Barrón Rosales, declaró en Jalisco que la autoridad está investigando a una red de venta de bebés, niños y niñas mexicanas desde 1990. Han dicho que se sabe de al menos doscientos bebés vendidos. Por su parte, el abogado ha negado dedicarse a adopciones ilegales.
¿Cómo puede un hombre como Carlos López lograr un negocio tan jugoso? Muy sencillo. México, como muchos países, hace casi imposible que una mujer que ha quedado embarazada sin desearlo pueda dar en adopción legal a su bebé. Es por ello que tantas jóvenes respondieron a los anuncios del abogado, quien aseguró a sus clientes que eso no era venta ilegal de menores, sino una transacción legal. Y en cierta forma lo era. Según las autoridades, lograron detener a jóvenes que recientemente habían parido y que para dar en adopción al bebé a parejas extranjeras, firmaron documentos legales en que rentaban a sus bebés para filmaciones cinematográficas o televisivas. Una joven indígena de 16 años que apenas habla español dijo a una trabajadora social del DIF de Guadalajara que su padrastro la había violado, que en el DIF le dijeron que era un pecado abortar y que tenía que tener a ese bebé. Su patrona le explicó que si no quería a ese bebé que “le daba pesadillas”, era más sano que lo diera en adopción; así, otra trabajadora doméstica adulta la llevó con una persona, un señor cuyo nombre no recuerda, que le pagó mil pesos por el día que ocupó en el papeleo y le prometió que una buena pareja cuidaría muy bien de ese bebé.
Interpol ahora participa de la investigación sobre una red internacional de adopciones ilegales que en realidad opera como compra-venta de bebés. Nadie sabe aún con precisión cuantas parejas de otros países han adoptado niñas y niños mexicanos bajo ese que la autoridad mexicana denomina como un esquema delictivo de tráfico de menores.
Este fenómeno se nutre de la pobreza, de la criminalización de las mujeres ante la terminación legal del embarazo y de los vacíos e inconsistencias en la regulación jurídica de la adopción en los 32 estados. Por ejemplo, en Colima, a donde según los testimonios de padres adoptivos el abogado López les llevaba, junto con la madre biológica, la ley es tan laxa que basta con que las dos partes se presenten ante un juez y aseguren desear dar y recibir la adopción para que esta se legalice. En otros estados es preciso esperar seis meses después del nacimiento, y en otros los trámites y contradicciones jurídicas hacen las adopciones casi imposibles.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen bajo arresto a 9 jóvenes madres que, a su vez, fueron engañadas para creer que la adopción era legal. Diez bebés ahora quedaron atrapados en el sistema DIF y podrían pasar años sin cuidados afectivos de una familia que desea cuidar y educar a una o uno de ellos.
La mujer inglesa asegura que cuando visitó el Hospicio Cabañas y a Vicaf, la agencia de adopciones mexicana, todos conocían a Carlos y sus métodos para vender bebés, pero ninguna autoridad lo había detenido; esto sucedió hace cinco años y apenas ahora se dio el primer arresto.
Probablemente cientos de niños que hubieran crecido en la orfandad, la miseria y el odio han vivido como ciudadanos prósperos en Irlanda y otros países desarrollados. Pero tampoco puede descartarse que el procedimiento clandestino por el que fueron adoptados, sin supervisión sobre los nuevos padres, pudo haber provocado abusos e incluso pederastia.
Tan cuestionable es un esquema laxo y sin supervisión, como existía antes, como una legislación absurda que castiga a la víctima. Tendríamos que encontrar fórmulas que hagan a un lado la hipocresía, que favorezcan la supervisión del proceso y permitan, en última instancia que niñas y niños nacidos en situaciones límite puedan crecer en hogares en los que se garantice mínimas condiciones para su seguridad y felicidad.
