El cambio de discurso ha sido paulatino, sigiloso y muy inteligente. El Ejército mexicano sí lo ha detectado y “está preocupado”, de acuerdo con una fuente de primer nivel dentro de las fuerzas armadas nacionales. Y lo que más preocupa a los militares de México es que la administración federal se ha comprado el lenguaje impulsado desde Estados Unidos. Cada vez que el presidente Felipe Calderón se refiere a los narcotraficantes como “terroristas”, alienta una posible intervención militar unilateral del vecino país del norte, “con objetivos específicos”, dentro del suelo mexicano.
Para Calderón y el equipo de políticos a cargo de la seguridad nacional, llamar las acciones del crimen organizado como “terrorismo” tiene la intención de dramatizar el término, de comunicar “lo grave” de sus acciones. Es muy probable que el uso del término venga de la ignorancia.
Para Estados Unidos, la palabra “terrorismo” tiene otro sentido. Fundamentalmente, un sentido legal.
Los “ataques preventivos” o la “guerra preventiva” es básicamente una acción armada para repeler una ofensiva o un ataque antes de que suceda, en contra de lo que establece el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que justifica la acción de un Estado en otro territorio como autodefensa ante un ataque consumado. La discusión sobre la legitimidad de este ataque basado en suposiciones o en trabajo “de inteligencia” viene desde principios del Siglo XIX; fue muy común durante la Guerra Fría y revivió plenamente con George W. Bush.
Ahora, Estados Unidos fundamenta con argumentos la posibilidad de un ataque preventivo en México, de acuerdo con fuentes militares mexicanas, posicionando al crimen organizado en su vecino del sur como fuerzas terroristas irregulares.
Hace una semana, por ejemplo, Estados Unidos vinculó abiertamente a Los Zetas en actividades del terrorismo internacional. El FBI habría descubierto un supuesto complot patrocinado por el gobierno de Irán para asesinar al embajador de Arabia Saudí, Abdel Al Jubeir, mediante un atentando con explosivos contra un restaurante que suele frecuentar en Washington. Según el Fiscal General, Eric Holder, este ataque estaría a cargo del cártel mexicano de Los Zetas.
Consumar este atentado habría significado un “acto de guerra” para Irán. Y a la vez, habría dado justificación a Estados Unidos para realizar ataques preventivos en suelo mexicano en contra de la banda criminal bajo la justificación de que es acá en donde se planearon los atentados.
Debilitado, el gobierno de Felipe Calderón poco podría argumentar si tal ataque se ejecutara. Los estadounidenses dirigen ya operaciones desde suelo mexicano, y una parte de la guerra contra el narcotráfico, aunque sea menor, es financiada por ellos.
¿Por qué titulé esta columna así: Cuando EU lance misiles en suelo mexicano? Porque los ataques preventivos no significan necesariamente intervenir un país. En la guerra moderna, los ataques preventivos se realizan con misiles “inteligentes” dirigidos desde bases (suelo, portaaviones o aeronaves) estadounidenses.
Si el mismo presidente mexicano, Felipe Calderón, utiliza el término “terroristas” cuando se dirige a los criminales, ¿cómo podría interponer una queja ante organismos internacionales si Estados Unidos ataca “bases terroristas” en México que “planean” u “organizan” atentados en su suelo?
Secuestros, tortura y fin de los derechos humanos
El otro tema grave es la posibilidad de que Estados Unidos empiece a secuestrar ciudadanos mexicanos en territorio nacional bajo los mismos argumentos. En el pasado, el gobierno estadounidense y el de México se enfrentaron por esta razón. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, en 1990, la DEA secuestró al doctor Humberto Álvarez Machain bajo los cargos de tortura y asesinato en contra de uno de sus agentes, Enrique Camarena. Esto provocó que Salinas llamara a su embajador en Washington.
Ahora, bajo la Ley Patriótica (USA Patriot Act), promulgada el 26 de octubre de 2001 y reformada unos años después, el gobierno de Estados Unidos ha reafirmado ese “derecho” (el de secuestrar ciudadanos en otros países) y más: legalizó métodos de interrogación como la tortura, o la suspensión de sus derechos mínimos.
Quiero que usted se imagine lo siguiente:
Cierto gobernador es declarado narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos. Es, entonces, un terrorista. Presiona a México para que lo entregue pero la debilidad del Presidente, el fuero constitucional y las fuerzas políticas hacen imposible su arresto con motivos de extradición. Estados Unidos entonces planea y ejecuta un secuestro en territorio mexicano. Entra, actúa y se lo lleva. Le suspende sus derechos, y lo mete a prisión. Incluso lo tortura. ¿Qué va a decir México al respecto? En realidad, poco. Y poco podrá hacer, incluso si lo tortura siendo ciudadano mexicano.
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Por supuesto que este artículo da para más. Aquí me quedo yo, de momento.
Lo que puedo decir, con la esperanza de que en el futuro se debate este tema a nivel académico y a nivel gubernamental, es que la preocupación dentro de las filas del Ejército mexicano ante una intervención directa y unilateral de las fuerzas armadas norteamericanas es real.
Y entre las mayores preocupaciones de los militares es que la administración Calderón, el poder civil, justifica a diario, por ignorancia o por “estrategia de comunicación”, una acción futura de Estados Unidos.
Felipe Calderón cometió muchos errores. Más de 50 mil muertos en una guerra idiota y mal planeada ya no están para contarlo, pero son el ejemplo de este error.
Pero México no sólo está vulnerado a nivel doméstico; también a nivel internacional.
¿Qué haremos, mexicanos, cuando EU lance los primeros misiles en suelo mexicano?
