Lo que nos faltaba: el gobernador de Veracruz con delirios al estilo George Bush. Para él, dos personas que mandan por Twitter un rumor sobre ataques del narco a escuelas de su estado, son terroristas. Y no sólo eso, además el joven priísta hace un despliegue de manipulación de la procuración de justicia que sólo nos recuerda las estrategias del famoso “Góber Precioso” de Puebla.
Entre tanta violencia, hartazgo e inquietud social, el gobernador jarocho eligió usar “toda la fuerza de la ley” en una vergonzante pantomima judicial para arrestar a la columnista María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo) y al maestro Gilberto Martínez Vera (@gilius_22). Luego de que estos tuiteros enviaran mensajes sobre el posible ataque a una escuela de Boca del Río, las redes sociales reaccionaron en una típica cadena de confusiones al estilo teléfono descompuesto. Maestras y directores de algunas escuelas de esa zona conurbada de Veracruz fueron avisados, y, conociendo los notorios casos de balaceras en escuelas y universidades en diferentes estados del país, hicieron lo que cualquier persona haría: llamar a las familias, avisarse unos a otros e ir por sus hijos e hijas a las escuelas.
Los medios locales grabaron en video lo que con harta exageración muestran como un “caos total en el estado”, que consiste en escenas de tráfico (al estilo Distrito Federal), autos estacionados en doble fila en algunas calles, madres y padres angustiados corriendo con sus hijos e hijas; nada más que eso. No hubo muertos, ni heridos, nadie entró en crisis emocional causándole daño a nadie, no hubo balazos ni amenazas. Sin embargo el “Góber Miedoso” escribió en su Twitter: “Ya tenemos ubicado el origen de toda la desinformación de hoy, quiero informar q esto tendrá consecuencias legales». De inmediato, dio órdenes a la ciberpolicía para que localizara a la columnista y al maestro; luego ordenó al Procurador que el Ministerio Público les acusara de terrorismo y sabotaje.
En su papel de premier estatal, Duarte, violentando la división de poderes, habló con la jueza penal Beatriz Hernández, con sede en Xalapa, quien obedientemente dictó auto de formal prisión contra ambos. En tres días les arrestaron, no les dejaron ver a sus abogados, les arrancaron declaraciones con presión psicológica y les dictaron formal prisión a 30 años. Uno de los policías que llevó a cabo el arresto dijo “no manches estos son un par de chismosos, ¿cómo que terroristas?”.
El personal de la Procuraduría de Veracruz y del juzgado de Xalapa no da crédito de las acusaciones excesivas. Basta revisar las definiciones más aceptadas internacionalmente para el terrorismo: dominación por medio el terror de grupos con motivaciones políticas; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror a una comunidad o Estado; la actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos y debilitar el poder del estado.
Mientras tanto Duarte, sumido en un balbuceante y absurdo discurso legaloide, declaró que los tuiteros no solamente “perturbaron el orden público y causaron pánico social, sino además demeritaron el poder del Estado”. Esa declaración la hizo luego de que las redes sociales le ignoraran en sus tuits argumentando que todo estaba estupendamente y no había balacera alguna. ¿Por qué habría la sociedad de creerles a los gobernadores cuando nos dicen que todo está bien?
Basta leer todos los tuits de @Javier_Duarte desde el momento en que inicia el rumor hasta hoy. El 3 de septiembre, ante la oleada de tuiteros pidiendo que reconsidere una absurda sentencia de 30 años a Maruchi y Gilberto, además de su evidente ataque a la libertad de expresión, el gobernador escribió: “El hecho de q alguien irresponsablemente atropelle a una persona no justifica q todos los q tenemos coche nos tengamos q solidarizar con él”. No solamente se muestra desesperado por defender su manotazo judicial, además denota una gran angustia por sentirse incomprendido y pretende acallar la crítica. En todos sus argumentos no hay uno sólo que se sostenga jurídicamente ante una corte que no esté dominada por él.
Hay evidencia de que en un centenar de ocasiones ha sido gracias a tuiteros que nos hemos enterado de ataques, balaceras, asesinatos o amenazas que, horas después, los propios medios profesionales corroboran. Está claro que al gobernador no le basta seguir la escuela priísta al controlar entre amenazas y dinero a los medios locales, para que digan lo que el góber ordena, ahora se ha tomado la atribución de censor de Estado, controlador de redes sociales, haciendo una persecución abierta a la libertad de expresión. Duarte quiere ser el rey de Twitter, gobernar no solamente en su tierra, con la mano dura de Fidel y sus padrinos políticos, quiere gobernar el ciberespacio con sus propias reglas.
Mientras que Duarte, el «Rey del tuit», orquesta un delirante control de redes sociales, los zetas operan en Boca del río, extorsionando a manera de cobradores de impuestos feudales a maestros, médicos, pequeños y medianos empresarios. Mientras que los pederastas operan en su estado produciendo pornografía infantil, promoviendo turismo sexual con menores, Duarte pone a su ciberpolicías a perseguir tuiteros que cometieron un error y pidieron disculpas antes de ser arrestados.
Luego de una campaña solidaria en redes sociales, el priísta, amigo cercano de Enrique Peña Nieto escribió: “Soy twittero de corazón, estoy a favor de la libertad de expresión pero también defiendo nuestro derecho de vivir tranquilos y en paz”; Así miles de ciudadanos veracruzanos le preguntan a Duarte ¿y el narco apá?
Sin duda los tuiteros arrestados se equivocaron en esta ocasión, recibieron una información y no la corroboraron; sin embargo, no hubo dolo, ni subyace en sus comentarios una instrumentación política para destruir al gobierno o aterrorizar a la sociedad veracruzana. Está claro que será provechoso un debate ciudadano sobre la auto responsabilidad individual en las redes sociales, y la urgencia de que las autoridades distingan entre una idiotez y un delito. Recordemos al sacerdote veracruzano que mandaba pornografía infantil por correo electrónico con sus amigos pedófilos. La ciberpolicía se tardó en arrestarlo casi seis meses, por citar solamente un caso. No hay razón legal para mantener en prisión a María de Jesús Bravo Pagola y al maestro Gilberto Martínez Vera. Duarte es sin duda uno de los miembros de esta nueva cepa de jóvenes dictatoriales ineptos para gobernar, buenos para censurar.
P.D: la ley veracruzana dice: Se fincará responsabilidad como terrorista «A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años».
