Raúl Martins, un tratante de mujeres argentino, acusado en su país de ser líder de un grupo militar responsable de asesinar a cientos de disidentes de la dictadura de Pinochet, eligió Cancún para vivir. Su socio, otro ex militar con expediente abierto en su país por delitos similares, goza de la mejor vida explotando mujeres extranjeras y mexicanas en bares de prostitución, supuestamente prohibidos, en la zona hotelera de Cancún.
La PGR y el Instituto Nacional de Migración en operativo conjunto intentaron extraditar a Martins, pero un juez lo impidió otorgándole un amparo. El propio gobernador de Quintana Roo aseguró que nada puede hacerse contra un amparo de esta naturaleza.
Tres miembros de la mafia rusa, junto con un húngaro y dos mexicanos operan negocios ilícitos en Playa del Carmen amparados por un juez federal. Los casinos, ilegales por el momento, también operan amparados, y manejan millones de dólares en efectivo de los cuales una buena parte, según fuentes militares, son producto del narcotráfico. Esos casinos son lavanderías de dinero sucio.
Un hombre intenta asesinar a su pareja para que no lo deje, le corta la yugular y un milagro médico salva a la mujer, pero un juez yucateco decide reconfigurar el delito y lo deja libre. Todos los días miles de jueces toman decisiones que cuestan la vida y la integridad personal a mujeres, infantes y hombres. ¿Cuántos de ellos lo hacen por corrupción y cuántos por ignorancia?
Durante diez años he documentado cientos de casos que van desde el abuso sexual infantil, la violación, la tentativa de homicidio, el tráfico de armas, las amenazas y el hostigamiento, secuestro, pornografía infantil y trata de mujeres y niñas. Me consta que se entregaron pruebas más que sobradas para consignar, detener y sentenciar en el marco de la ley. En la mayoría de estos casos las y los ministerios públicos hicieron bien o medianamente bien su trabajo, aunque fue gracias a las víctimas y a defensoras de derechos humanos (que se convierten en investigadoras expertas) que se consignaron los casos. Cada juicio lleva entre 2 y 4 años para terminar en sentencia, y queda en manos de un juez de dudosa calidad moral y limitados conocimientos sobre las nuevas leyes y los renovados procedimientos penales y civiles.
Si bien es cierto que las procuradurías tienen grandes debilidades que, a decir verdad poco a poco se van subsanando, la sociedad ha omitido señalar con la fuerza necesaria a los grandes responsables de la impunidad en México: los jueces.
Hasta hace muy pocos años casi nadie miraba o se atrevía a juzgar a los ministros de la Suprema Corte, los funcionarios públicos mejor pagados y más ineficientes del país. Una tras otra conocemos las anécdotas de cómo muchos de estos supremos jueces y juezas negocian en lo oscurito, pagan la cuota por su nombramiento con sentencias infames y favorecen a las élites, mientras las víctimas de delitos graves quedan suplicantes al pie de la corte con sus expedientes descalificados y sus vidas rotas.
En la mayoría de los casos en que un juez deja libre a un asesino, a un violador que amenazó de muerte a su víctima en el juzgado, a un narcotraficante o tratante de mujeres que sospecha o sabe quién le denunció, deja en total indefensión a las víctimas que confiaron en el sistema, desgasta a policías y ministerios públicos que hicieron su trabajo bien y en forma, desarticula todo esfuerzo por dar castigos ejemplares a delitos graves. La respuesta que he escuchado de estos jueces, generalmente en un tono de cinismo y abulia es que “siempre se puede apelar”.
Lo cierto es que en más del 70 por ciento de los casos las víctimas no apelan, quedan demasiado desgastadas moral y económicamente, desconfían de la autoridad y sobre todo, deciden salir de sus estados o del país antes de jugarse la vida ante la desprotección absoluta en que los jueces les dejan.
Basta ver la inmensa solicitud de medidas cautelares y de protección que se solicitan cada año a las autoridades estatales y federales. Resulta además de ridículo, imposible para los cuerpos policíacos asignar escoltas a las victimas y testigos que quedaron más vulnerables que nunca luego de confiar que un juez impartiría justicia.
México tiene jueces que son incapaces de redactar documentos sin graves faltas de ortografía, sufren para articular argumentos bien estructurados, no están al día en las nuevas leyes y su reglamentación, operan desde una visión misógina, racista y adultocrática (cuando de defender a la infancia se trata), muchos son de una incultura insultante.
Efectivamente el sistema de juicios orales será de gran utilidad, con tres jueces en contraste se transparentará su eficacia o ineficacia. Sin embargo casi ningún estado cuenta con los recursos millonarios para implementarlos. Mientras tanto la sociedad civil no puede bajar la guardia; debe insistir y presionar hasta que se transparenten los sistemas de elección y evaluación de quienes prohijan la impunidad en este país. Juzgar a los jueces es una tarea fundamental.
