Un grupo de empresarios interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen los malos manejos en la Subdelegación 04 Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. La cooptación de los servicios por parte de servidores públicos ha provocado que muchos opten por llevarse sus empresas a otras zonas del país.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Un señor de mediana edad acaba de abrir una lavandería en Plaza Tepeyac, ubicada en el norte de la capital de México. Espera a que lleguen los primeros clientes. Es una mañana de un jueves en pandemia, y por la mente de los pocos transeúntes no pasa la idea de que uno de los locales tiene un adeudo de millones de pesos al erario.
En esa dirección, en la que hay una lavandería, está registrado también el domicilio fiscal de más de nueve empresas ligadas a un matrimonio que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre los cuales ya reposa una denuncia en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, operación y protección de empresas defraudadoras, extorsión a contribuyentes, cobro de piso a Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Auditores, Revisores, Censores, Ejecutores y Notificadores a su cargo.
Los testimonios a los que tuvo acceso SinEmbargo muestran que en este sector del IMSS, en lo referente a lo administrativo, hay un secuestro de todos los servicios de parte de trabajadores que están ahí desde el año 2012, a pesar de que, durante el mismo periodo, posiciones similares cambiaron de titular con la nueva administración.
SinEmbargo consultó al IMSS. Dijo desconocer este caso. Aseguró que hasta el momento no tiene notificación de la SFP sobre alguna investigación vinculada a Roberto Aranda; tampoco tiene identificadas quejas por parte de personal interno a cambio de eficientar o acelerar trámites y servicios y por último recalcó que en las Subdelegaciones del IMSS en todo el país los trámites son gratuitos.
Este es el caso de Roberto Aranda Sánchez, titular de la Subdelegación 04 Guerrero del IMSS, que, de acuerdo con la denuncia interpuesta por empresarios, tiene como operadores para la protección de empresas defraudadoras, a Brenda Alejandra Ávila Flores, su esposa, quien aparece como trabajadora en algunas de las empresas en cuestión.
El fraude de estas empresas representaría poco más de 63 millones de pesos, de acuerdo con los estados de adeudo tanto de Cuotas Obrero Patronales como de Retiro, Cesantía y Vejez, emitidos por la Coordinación de Cobranza en poder de SinEmbargo.
El grupo de empresarios que interpuso la denuncia asegura que las operaciones de Aranda Sánchez en la Subdelegación 04 del IMSS configuran abusos perpetuados, que cuentan con una red que los opera tanto por el miedo a perder el empleo como por los beneficios; algunos de los empresarios, después de la travesía, optaron por llevarse sus empresas a otras zonas del país.
El caso en cuestión es el siguiente: Brenda Alejandra Ávila, esposa de Roberto Aranda, tiene a su nombre a empresa Maxbill Servicios Administrativos S.A. de C.V., esto de acuerdo con el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (Sindo) del IMSS. EL domicilio fiscal de esa empresa es Avenida Victoria 127 interior 002, que pertenece al área de trabajo de Aranda.
De acuerdo con la Coordinación de Cobranza, Maxbill, que tiene un giro de servicios de limpieza de ventanas y fachadas, de edificaciones y fabricación de resinas sintéticas y plastificantes, tiene adeudos de cuotas obrero patronales y de las aportaciones de retiro, cesantía y vejez por 13 millones 165 mil 049 pesos, pero con una causa de baja por el Artículo 251 de la Ley del Seguro Social que estipula que la empresa no fue localizada.
Pero Maxbill no es la única empresa que tiene como dirección la lavandería de Victoria 127. Más documentos de la Coordinación de Cobranza muestran que Yimma Asesoría Fiscal, que se dedica a los servicios profesionales, guarda un adeudo por lo mismo de Maxbill, por 4 millones 439 mil 449 pesos; Grupo Yumazz, que brinda servicios de protección y custodia, tiene un adeudo por 13 millones 153 mil 776 pesos; Bit Trade 123 que tiene inscritos varios giros: servicios de protección y custodia, comunicaciones y servicios profesionales, tiene un adeudo por 33 millones 134 mil 076 pesos y, finalmente, Klyptom Corporativo, de servicios profesionales, que tiene un adeudo por 4 millones 297 mil 038 pesos.
Pero en la dirección de la lavandería se localizan aún más empresas: Cobetrol S.A. de C.V. (adeudo por 5 millones 068 mil pesos); Ntac Sistema Integral de Control S.A. de C.V. (adeudo por 4 millones 639 mil pesos); Tco Servicios Integrales de Desarrollo S.A. de C.V. (adeudo por 3 millones 672 mil pesos); Servicios Integrales MAMC S.A. de C.V. (adeudo por 4 millones 238 mil pesos); Kns Proyectos Fiscales (adeudo por 2 millones 662 mil pesos); Pissa Asesoría Contable Fiscal S.A. de C.V (adeudo por 1 millón 059 mil pesos); Solublo Asesoría y Capacitación S.A. de C.V. (adeudo por 3 millones 369 mil pesos); Ibixell Solutions S.A. de C.V. (adeudo por 642 mil pesos) y Onnus S.A. de C.V.(adeudo por 7 millones 188 mil pesos).
Todas estas empresas fueron declaradas como “no localizadas” y por lo tanto, no se les pudieron cobrar sus adeudos. Todas, inscritas a la Subdelegación 02 Guerrero.
Aunado a esto, un documento de dicha Subdelegación, muestra a Víctor Flores Montealegre como representante legal de la empresa Maxbill, la empresa en la que también aparece Brenda Ávila, la esposa del Subdelegado. Además de compartir un espacio en esa empresa, su nombre también coincide en Multiedificadora Turdoc y Soluciones Corporativas Promonegocios. De nueva cuenta, ubicadas en la zona de trabajo de la Subdelegación 04 Guerrero.
Por su cuenta, la señora Brenda Ávila también aparece en otras empresas: Desarrolladora Industrial MTC & Cel S.A. de C.V; Unión Secatami S.A. de C.V. y Asetrabmex S.A. de C.V, que de acuerdo con el Sindo, también están dadas de baja por el Artículo 251, es decir, que no fueron localizadas. El monto de adeudo de esas empresas asciende a 5 milones 823 mi 899 pesos.
LA MAQUINARIA
De acuerdo con una fuente consultada por SinEmbargo, el modus operandi de estas empresas es abrir empresas en jurisdicciones que les corresponden a ellos como subdelegados; luego las empresas dejan de pagar, tienen multas, interponen medios de defensa y al término de un año o dos años, una vez que estas empresas empiezan a generar cierto adeudo, un millón, 2 millones o más, como está en los documentos, ponen a la empresa como no localizada.
El encargado de la Subdelegación es el encargado de emitir los dictámenes de Responsabilidad Solidaria en contra de todos y cada uno de los Socios y/o Administradores de estas empresas. Está dentro de sus facultadas bloquear las cuentas bancarias de las empresas, socios y/o administradores e integrar un expediente por defraudación fiscal en contra de los involucrados por lo que pudiera considerarse o presumirse un delito.
Porque esto sí ocurre con otros contribuyentes. De acuerdo con otro testimonio recabado por este medio digital, en la Subdelegacuión de Guerrero, a cargo de Aranda Sánchez, están incluso establecidos los porcentajes que los empresarios deben entregar para realizar cada uno de los trámites que tengan que hacer y que además, hay cobro de piso para ser jefe de oficina, de departamento y de sección.
Para una empresa común, antes de declararla no localizada, las autoridades llevan a cabo una figura que se llama «responsabilidad solidaria» sobre los socios de la empresa, bloquean cuentas a personas morales, a socios, revisan a dónde migraron trabajadores y a esa empresa tratan de hacerle valer una figura de sucesión patronal.
Para esa modalidad hay varias medidas contempladas dentro de la ley, pero la información que hay desde dentro es que eso no lo aplican a todas las empresas.
De acuerdo con la denuncia interpuesta a la SFP, se explica que estas empresas, del total de pago a efectuar mensual por concepto de Cuotas Obrero Patronales y bimestral por las Aportaciones de Retiro, Cesantía y Vejez, las empresas presentan una autodeterminación y pago en algunos meses por el 10 por ciento del monto total a pagar y la omisión del 90 por ciento. En algunos otros periodos presentan autodeterminación y pago por el 5 por ciento del monto requerido por Ley y omisión del 95 por ciento y así sucesivamente varían el monto de autodeterminación y pago, para no repetir una conducta y con ello “aparentemente pasar desapercibidos”.
De las diferencias no pagadas, el sistema del IMSS emite una cédula de diferencia por el monto omitido, con su respectiva multa, y una vez que fuera notificado el crédito fiscal o requerido por la misma Autoridad, presentan un medio de defensa en contra de la notificación o del requerimiento de pago las veces que sean necesarias. Conforme los juicios fiscales se fueran perdiendo y antes de que fuera visible el monto defraudado, aplican la baja por artículo 251 de la Ley del IMSS, bajo el supuesto de patrón no localizado.
La ciudadana Brenda Alejandra no comete un delito al trabajar en empresas, pero levanta suspicacia que todas esas empresas corresponden a empresas que están en la jurisdicción de Roberto Aranda, su marido. Y que esas mismas empresas tienen adeudos considerables con el Seguro Social.
“No les importa si la ley ofrece beneficios. Si no hay pago con ellos, si no hay pagos por los gastos de ejecución no te desbloquean; luego que ‘si no apoyas para que trabajemos rápido no hacemos los desbloqueos’. Ya no es una cantidad, son porcentajes. Hay un secuestro de los servicios cuando ellos tienen su sueldo para hacer ese trabajo”, comentó la fuente que solicitó no publicar su nombre por temor a represalias.
