A dos años de haberse implementado el Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila solo ha logrado resolver el 20 por ciento de las 442 denuncias interpuestas. Autoridades aseguran que ellos no se miden por la cantidad sino por la calidad de las investigaciones.
Por Esmeralda Sánchez/Infonor Diario Digital*
Coahuila, 30 de noviembre (Border Hub).– El 1 de enero de 2019, Mirasol Treviño Puente tomó el cargo de Alcaldesa del municipio de Abasolo, Coahuila. Ese mismo día se dio cuenta que la administración anterior había dejado huecos financieros por todos lados. “No me dejaron ni lápices. Nada”, cuenta la Alcaldesa. Sin patrullas, con un parque vehicular en mal estado, adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impuestos no pagados y desvío de recursos de algunos de los principales programas municipales fue como tuvo que comenzar su gobierno. Pero su situación no es única. Este caso es una de las 199 denuncias que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila entre 2018 y 2019. Hasta la fecha no ha llegado sanción en ninguno de los casos.
A pesar de que las irregularidades que detectó la ASE en diferentes entidades municipales y estatales podrían significar una afectación patrimonial al estado por casi tres mil millones de pesos, nadie sabe cuál es el estatus de las investigaciones, ya que ni la propia Auditoría tiene acceso a las carpetas y la Fiscalía Especializada mantiene esta información en secrecía. Estas 199 querellas forman parte de las 442 denuncias que la Fiscalía, órgano a cargo de Jesús Homero Flores Mier, recibió desde agosto de 2017 a septiembre de 2019; periodo en el que solo han resuelto dos de cada 10 carpetas que llegan a sus oficinas. Es decir, un total de 94 denuncias en 24 meses.
Estas cifras ponen en duda la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Tres de las partes que lo conforman –Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada y Poder Judicial –trabajan de manera desarticulada, de acuerdo con especialistas en el tema.
Y aunque los datos muestran un resultado pobre en cuestión de resoluciones, la Fiscalía asegura que lo que ellos toman en cuenta no es la cantidad. “Aquí lo importante es medir la calidad de las investigaciones. No numéricamente hablando de cuántas son o cuántas resuelvo sino qué tanto resultado estamos dando a la ciudadanía en cuanto a la judicialización”, dice Raquel González Rodríguez, titular de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía.
El ejemplo más claro que citan es el Reto de los Cien días, actividad que se llevó a cabo apenas en junio de 2019 y que tenía como meta mejorar los resultados de la Fiscalía con los recursos disponibles. Al final, lograron llevar ante el control judicial a 31 servidores públicos. Pero al solicitar más detalle de estos casos, la información nuevamente es opaca. “No te puedo dar un dato exacto de todos los funcionarios, pero lo que sí te puedo decir es que es muy considerable, al igual que el número de funcionarios públicos que han reparado el daño de alguna manera”, asegura González Rodríguez.
Pero esta justicia no llega a todos los lugares de Coahuila. En Abasolo, un municipio que apenas sobrepasa los mil habitantes, se encontró adeudos de más de 100 mil pesos en luz, 273 mil pesos de Impuesto sobre Nómina que nunca se pagaron, transporte escolar sin vidrios y con el hecho de que el dinero que se tenía que utilizar para cuestiones de seguridad se ocupó en el pago de salarios.
Estos rezagos con los que se encontró Mirasol Treviño han recaído en los más necesitados. “Dejé de dar el apoyo a los adultos mayores. Les estábamos dando un apoyo de 500 pesos y lo suspendí; pienso suspender las becas este mes, el mes pasado todavía lo di. Yo tenía un monto aproximadamente de 32 mil pesos mensuales para apoyos a estudiantes de escasos recursos, a estudiantes foráneos y por aprovechamiento y pues me veo en la necesidad de eliminarlo”, cuenta Treviño.
En la revisión de cuentas públicas que hace la Auditoría, el órgano fiscalizador logró detectar casi 200 casos de funcionarios públicos que realizaron negociaciones ilícitas, otorgaron concesiones para las que no estaban autorizados, crearon puestos para familiares o no lograron comprobar el gasto de recursos públicos. De estas, 89 corresponden a administraciones municipales. Estas denuncias representan un monto de casi 786 millones de pesos.
Abasolo tiene denuncias por 45.4 millones de pesos, más de diez millones de lo que es su presupuesto actual, y como todas las otras querellas presentadas por la ASE, el caso involucra cuentas públicas de 2014 a 2017 que no han logrado ser sancionadas.
Resultados precarios
La Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila comenzó a trabajar a finales de 2017 como una de las principales apuestas del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Durante su primer año de funciones, de septiembre de 2017 al 28 de agosto de 2018, recibió 239 denuncias por algún tipo de ilícito de esta índole. De estas, concluyó 88. En su segundo periodo, del 05 de septiembre de 2018 al 27 de agosto de 2019, las querellas bajaron a 203 y solo en seis casos se llegó a una resolución.
Carpetas de investigación que pasan de un año a otro y poco personal son algunas de las causas que mantienen este rezago en las investigaciones. Para estas 200 causas nuevas que entran cada año a la Fiscalía se tienen a seis Ministerios Públicos (MP) y cuatro policías investigadores adscritos. Es decir, cada MP tendría que investigar y concluir alrededor de 39 casos al año para lograr que la Fiscalía elimine el remanente que trae de periodos anteriores.
Jesús Homero Flores Mier, fiscal especial, no está de acuerdo en medir de esta manera la efectividad del órgano a su cargo. “Este año hemos judicializado el doble […] estamos consolidando esta fiscalía que apenas está naciendo. No tenemos áreas de contabilidad forense, tenemos que acudir al perito de la Fiscalía General, sin embargo, estamos en este periodo de consolidación y estoy seguro de que al cerrar el año calendario vamos a tener mejores resultados”.
Pese a estas necesidades de personal expresadas por Flores Mier, la Fiscalía a su cargo no ha ejercido el total de presupuesto que le asignaron. En 2018 de los 64 millones de pesos que tenía, sólo ocupó cerca de 30 millones y en 2019, año en el que cuenta con 51 millones de pesos, se calcula que cerrará igual, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.
Si el análisis se hace únicamente tomando en cuenta la calidad de los resultados presentados por la Fiscalía, sus propias cifras también muestran resultados precarios. De las 94 carpetas concluidas, solo 18 fueron judicializadas y de estas, 15 fueron vinculados a proceso, de acuerdo con datos entregados vía transparencia por la Fiscalía Especializada. Esto representa apenas un 16% del total de sus resoluciones. Una de las tres que no fueron vinculadas a proceso fue por el delito de Contratación Ilegal de Deuda Pública y el Poder Judicial reporta que se encuentra suspendida.
Para tener una medición más apegada a la realidad de los coahuilenses es necesario conocer cuántos funcionarios públicos han sido sancionados y el tipo de sanción que recibieron, pero la propia titular de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía., Raquel González, asegura que no tienen esos datos con exactitud por ahora.
Otro análisis de estas mismas 94 resoluciones muestra que hay seis expedientes clasificados como “parcialmente concluidos”, y que fueron enviadas al archivo temporal. Esto quiere decir que el agente del MP no tiene elementos suficientes para ejercer acción penal y hasta que no se encuentren nuevas pruebas el caso estará en pausa.
González Rodríguez especificó que algunas de las carpetas comenzaron a investigarse en 2017 y aún no han sido concluidas, por lo que es importante que la productividad de la Fiscalía se mida a partir de las judicializaciones que han logrado. Pero expertos en el tema aseguran que las fiscalías en combate a la corrupción están siendo poco efectivas y el trabajo parece ser más bien una simulación.
“Muchas investigaciones no hacen más que cumplir un efecto publicitario y dejar que la gente se vaya cansando y pasa un año, pasan dos, tres y cuando menos te imaginas el delito ya prescribió y ya llegó el siguiente gobierno y esto se queda en el cajón del olvido. Esto es lo que realmente está pasando”, asegura Salvador Benítez Lozano, abogado y asesor de organismos civiles para el sistema anticorrupción en el caso específico de Coahuila.
Además, otros organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, difieren en los métodos de la Fiscalía que se enfocan en perseguir a particulares y dejan que los sistemas sigan permitiendo este tipo de delitos. “Los corruptos trabajan en red. Cuando uno está investigando un caso, es desconocido hasta dónde está afectando. Lo que tenemos que perseguir es las redes, no a las personas. La corrupción existe porque el sistema lo permitió, porque la persona lo decidió y muchas de las otras veces porque muchas otras personas ayudaron. Toda esta red es lo que tenemos que desactivar”, explica Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo.
Sin procuración de justicia
La realidad que enmarca el trabajo de la Fiscalía Especializada es que desde el 2017, año en que comenzó a trabajar, arrastra carpetas de investigación no concluidas y no se cuenta con mayores recursos que prometan una mejor resolución de los casos. Uno de los problemas es que la propia ley marca “todos estos tiempos para que la autoridad pueda arrastrar los pies y no se castiguen los hechos de corrupción que han ocurrido en Coahuila, lo que propicia de alguna manera, que los delitos prescriban, y eso es lo más grave”, asegura Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputado local del PAN y quien en enero de 2019 solicitó un informe detallado a la Fiscalía de todas las carpetas de investigación que estaban trabajando.
Esta falta de tiempos restringidos es una de las razones por las que casos como el de la alcaldesa de Abasolo no sólo quedan sin sanción, sino que conforme pasan los meses se van complicando más. En el último bimestre del año, la Secretaría de Finanzas de Coahuila le recortó aproximadamente dos millones y medio de pesos a este municipio por incumplimiento en el reporte de la recaudación de impuestos como el predial. Este adeudo fue uno de los tantos que descubrió la alcaldesa cuando tomó el cargo.
La falta de sanciones visibles para los ciudadanos ha hecho que la lucha por eliminar estos delitos y por ganar la confianza de la población se vea estancada. “La rendición de cuentas y la fiscalización han quedado hasta cierto punto interrumpidas al no materializarse en el esquema del debido sancionamiento. Ahí es donde tenemos que avanzar”, dice Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila.
Anaíd García, especialista en corrupción y miembro de la organización Fundar, coincide plenamente con esto. “Muchas veces aunque la misma Auditoría presente estas denuncias, no son atendidas por las Fiscalías Anticorrupción, a pesar de que esa es su mayor facultad. Y muchas de las deficiencias de las averiguaciones previas son devueltas ante los jueces porque hay una mala integración del expediente. Hay deficiencias en las labores de investigación”.
Coahuila es un claro reflejo de esta situación. De las 199 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, ninguna se ha concluido. No solo eso, igual que en el nivel federal, aún se arrastran incluso denuncias del sistema anterior.
Denuncian por montos millonarios “preliminares”
De las 442 denuncias presentadas hasta hoy ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción, sólo las 199 que corresponden a la Auditoría Superior de Coahuila son públicas en el portal del organismo fiscalizador. Del resto, 243, se desconoce la mayor parte de los detalles, entre ellos los montos millonarios que se están reclamando.
Las querellas promovidas por la Auditoría suman reclamos de 2 mil 836 millones de pesos por delitos cometidos entre 2014 y 2017. Esta cifra supera por mucho lo que la Fiscalía ha logrado recuperar por acuerdo reparatorio o reparación de daño en todo el tiempo que lleva trabajando: 1 millón 26 mil pesos.
Estos montos tampoco representan una mala calificación para la Fiscalía. Aunque las denuncias se presentan presumiendo un daño económico determinado de acuerdo con las observaciones que realiza la Auditoría, conforme se avanza en la investigación los elementos de prueba presentados generalmente van abatiendo dicha cantidad, y es el juez quien finalmente dictamina cuál es el total, explica Flores Mier.
Esta disparidad de cifras es una de las mayores debilidades que el Auditor Armando Plata encuentra en el Proceso Nacional de Rendición de Cuentas. “Todos los órganos fiscalizadores del país estamos informando cifras preliminares y todo mundo debería suponer que cuando la ASF o ASE hace su informe de resultado y lo presenta ante el público eso fue ya propiamente en lo que se incurrió en un ilícito, y no, porque la parte auditada tiene sus derechos resguardados para poder anteponer nuevas pruebas, nuevas averiguaciones y decir eso lo gasté debidamente. El hecho de que estemos haciendo públicas ese tipo de cifras, que están muy por encima de lo que materialmente pudiera llegar a ser materia de sanción, simple y sencillamente no estamos coadyuvando ni un ápice a la construcción de confianza, que es nuestra principal función”.
De las 199 denuncias presentadas por la ASE, 89 fueron contra administraciones municipales; 52 contra organismos paraestatales; 44 contra Sistemas Municipales de Agua; 10 contra organismos paramunicipales; una contra el Poder Judicial del Estado y tres se clasificaron como especiales al ser solicitadas expresamente por el Congreso del Estado y denunciar delitos que en algunos casos fueron continuados, es decir, se perpetraron por más de un año.
El monto del daño calculado equivale a toda la Inversión Pública contemplada para 2019 en Coahuila (2 mil 608 millones). Con ese dinero se habría podido pagar casi cuatro veces el Hospital Materno – Infantil en Saltillo (694.6 millones) que tiene cuatro años de haber sido inaugurado y aún no entra en funciones y se lograría cubrir casi dos veces el presupuesto para 2019 del Poder Judicial del Estado (mil 30 millones).
Opacidad en la lucha anticorrupción
El diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez solicitó en enero de este año al Fiscal Homero Flores un informe detallado de las denuncias por delitos cometidos desde 2013 y en especial las que llevaran más de dos años en proceso. En abril recibió respuesta, pero “muy a groso modo”, sin el detalle necesario que reflejara una verdadera rendición de cuentas. “Ni como diputados tenemos acceso a las carpetas de investigación por no ser los afectados directos, así seamos representantes populares”, aclara Aguado Gómez.
Estos niveles de opacidad son el constante para cualquiera, ciudadano o autoridad, que desea obtener más información del trabajo de la Fiscalía. De las 243 denuncias presentadas ante este órgano por otras instancias como las administraciones municipales entrantes, se solicitó vía transparencia datos como qué instancia en específico la presentó, contra quién, qué delitos se denunciaron y el monto que se está reclamando. La Fiscalía respondió con una negativa para brindar esta información anteponiendo el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “los registros contenidos en una carpeta de investigación se encuentran estrictamente reservados”.
También se solicitó la información de las carpetas concluidas, pero citando el mismo artículo, la Fiscalía respondió que “el Ministerio Público sólo podía proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad […] siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate… sin que pueda ser menor de tres años”.
Esto se traduce en que de las denuncias de 2017 que ya se concluyeron, será hasta 2020 que se pueda conocer la información, y así sucesivamente; aunque dependerá del delito que se haya perseguido, ya que, por ejemplo, el peculado (uno de los más denunciados), prescribe en un periodo de seis años y seis meses, de acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación.
“En el Estado de Coahuila existen leyes corruptas, aquellas que fueron creadas para permitirle a la autoridad tener discrecionalidad en la persecución de delitos por hechos de corrupción, dando un mensaje de que están hechas para cuidar solamente a los amigos, a los cuates y a este círculo de corrupción que ha imperado”, asegura de manera firme Aguado Gómez.
La falta de acceso a la información la ha padecido la propia ASE, ya que a pesar de ser el sujeto que interpone las denuncias, la autoridad no la reconoce como víctima directa de los ilícitos y por lo tanto no tiene derecho a conocer el avance de sus propias querellas.
“Con la Fiscalía Especializada tuvimos una especie de confrontación profesional en el entendido de que no se nos da la calidad de parte agraviada, y por lo mismo estamos en riesgo de que si ha habido resoluciones de esas casi 200 denuncias, pudiera ser que oportunamente no nos enteremos de las cosas y con seguridad no antepondremos también a nuestro derecho los recursos que nos corresponden”, señaló el Auditor Armando Plata Sandoval. Lo que hasta ahora les queda es confiar en que esto se aclare y la Fiscalía los reconozca como víctimas y les den acceso a los procedimientos que ellos mismos iniciaron.
Uno de los principales cambios que están por ocurrir dentro del sistema, y que se espera ayude a reducir el rezago en las averiguaciones, es que ahora los casos se dividirán entre la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de delitos graves o no, cosa que aún no ocurre. Con esto los procesos sean mucho más rápidos y la Fiscalía ya solo se enfocará en lo que realmente es un delito sin tener que perder el tiempo en otro tipo de casos.
La Fiscalía Especializada ha mantenido la postura de que se están armando mejores investigaciones y eso requiere tiempo, cuestión que algunos especialistas ponen en duda. “Una investigación bien hecha te puede llevar de seis meses a un año, hay algunas excepciones en las que puede tardar hasta dos años, pero no es lo más común”, asegura Salvador Benítez.
Pero a pesar de los bajos resultados, de la escasez de información y del trabajo poco coordinado entre los diferentes actores, para el Fiscal Flores Mier, el órgano a su cargo está logrando su principal objetivo: inhibir la corrupción. “Estoy seguro de que en las actuales administraciones ya lo piensan tres veces antes de cometer alguna conducta ilícita. Estamos dejando huella”, asegura Flores Mier.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
