Los representantes de las comunidades informaron que hace siete años se cometió el asesinato de Juventina Villa y su hijo de 10 años, Reynaldo Santana Villa, sin que a la fecha se haya hecho justicia. El caso permanece en la impunidad y hay abandono para las familias que fueron forzadas a dejar sus comunidades.
Por Caterina Morbiato
Ciudad de México, 30 de noviembre (El Sur).– Representantes de las comunidades desplazadas de La Laguna y de Hacienda de Dolores, del municipio de Coyuca de Catalán, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que su caso sea atendido, se les reconozca como víctimas de violación de sus derechos humanos y puedan regresar a sus comunidades en condiciones que garanticen su seguridad.
Los demandantes se dirigen al presidente: “Usted ha dicho que el Estado mexicano hoy no es más ese Estado criminal que perpetró tantos abusos al pueblo”, según se lee en la carta que leyeron en una conferencia de prensa realizada este viernes en Ciudad de México. “Tomamos ese mensaje como cierto y acudimos ante usted, para trabajar juntos por nuestra causa”.
Los representantes de las comunidades, acompañados de Javier Manzano Salazar, diputado federal por Guerrero, y de integrantes de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), informaron que hace exactamente siete años se cometió el asesinato de Juventina Villa y su hijo de 10 años, Reynaldo Santana Villa, sin que a la fecha se haya hecho justicia, el caso permanece en la impunidad y hay abandono para las familias que fueron forzadas a dejar sus comunidades ante las amenazas de muerte.
Hace siete años, el 28 de noviembre de 2012, Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, fueron ejecutados por un grupo de al menos 30 hombres armados, mientras se dirigían afuera de su comunidad para realizar una llamada telefónica de emergencia.
De nada valieron las medidas cautelares de protección con las que contaba Juventina, quien había relevado a su marido Rubén Santana Alonso en la defensa de los recursos naturales de las comunidades de esa parte de la sierra de Coyuca de Catalán.
Rubén Santana, quien fue asesinado en febrero de 2011, había hecho un férreo trabajo en defensa de los bosques, la tierra y el agua en esa región serrana de Tierra Caliente.
Luego del asesinato de Juventina Villa, los integrantes de ambas comunidades emprendieron un éxodo en busca de refugio y dejaron atrás todo: sus tierras, cultivos, animales, casas, hábitos y vida.
Siete años después, y frente a las condiciones precarias en que viven, varias familias han decidido migrar hacia el norte del país, mientras que las que se quedaron en los nuevos asentamientos no cuentan con el acceso a medios de producción, ni servicios básicos de salud y educación.
El diputado Javier Manzano Salazar informó en la conferencia, que este jueves se abordó el tema del desplazamiento interno forzado con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
El subsecretario hizo el “compromiso de atender a los afectados, conocer la problemática actual y dictar medidas de atención urgente a la complicada circunstancia que están viviendo”, para lo cual se incorporará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó el diputado, quien también mencionó la necesidad de involucrar al gobierno estatal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según lo que informó el legislador, Alejandro Encinas se comprometió a establecer mesas de trabajo con las comunidades, para atender las violaciones a derechos humanos que el desplazamiento forzado implica, así como casos de las personas que se encuentran desaparecidas o en prisión.
“Hay que emprender múltiples acciones, no sólo buscar un lugar en donde acomodar a los desplazados y ahí dejarlos. Que el subsecretario Encinas haya ofrecido la posibilidad de hacer mesas de solución, es un avance importante“, comentó María Elena Hernández, coordinadora de AMAP.
Cuestionada acerca de las dificultades que las personas desplazadas enfrentan al momento de buscar el reconocimiento de su calidad de víctimas, Hernández detalló que para las comunidades La Laguna y Hacienda de Dolores, los trámites resultan ser demasiado estrictos.
“Cuando hablamos de desplazamiento, son familias enteras las que estarían pidiendo el apoyo. Esto hace que la CEAV sea rebasada, no tiene capacidad para atender a tantas víctimas”, explicó Hernández.
En este caso concreto, exigen que las víctimas tengan una denuncia penal contra los perpetradores. “Pero sabemos que por cuestión de seguridad y miedo, no van a levantar una denuncia. Además existen altos niveles de corrupción en niveles del estado, y esto dificulta aún más las cosas”, destacó la abogada.
La coordinadora de AMAP reiteró que miles de víctimas de desplazamiento forzado siguen sin contar con un marco normativo que las proteja y recordó el reciente amparo que obtuvo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Se trata del amparo que este organismo obtuvo frente a la CEAV para que una familia desplazada de Chihuahua fuera reconocida como víctima de violación a sus derechos humanos, a causa de la misma situación de desplazamiento forzada.
