Jaime Bonilla ordenó a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, que iniciara una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, dándoles el beneficio, el mandatario habló con todos los funcionarios mencionados en el audio de Colorado, y les ordenó que regresarán el dinero.
Tijuana, Baja California, 30 de noviembre (ZETA).- La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Sin informar a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza, habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron “la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta semana.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.
En la denuncia, se destaca el mencionado acuerdo de los funcionarios con el empresario avícola, Humberto Valadez García, quien habría entregado 20 millones de pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a penales de Baja California y a los desayunos escolares
Con esta información en mano, Jaime Bonilla ordenó a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, que iniciara una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, dándoles el beneficio, el mandatario habló con todos los funcionarios mencionados en el audio de Colorado, y les ordenó que regresarán el dinero.
PAN DENUNCIA COHECHO
El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) , José Luis Ovando Patrón, presentó una denuncia contra la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y otros funcionarios del gobierno del estado, por el delito de cohecho y los que resulten.
Según da cuenta el documento presentado ante la Fiscalía General del Estado, el líder partidista exigió que se investigue el caso de las llamadas y los mensajes escritos que intercambiaron García Soberanes y el subsecretario de la dependencia, Rosendo Colorado García, en los que hicieron referencia a supuestas donaciones de empresarios realizadas en calidad de “moches”, tal como se dio a conocer en distintos medios de comunicación.
Presuntamente las aportaciones procedieron a cambio de contratos para proveer bienes y servicios al Gobierno, y de acuerdo con un comunicado, emitido por el PAN, fueron a parar a manos del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Además de García Soberanes, Colorado García y Bonilla Valdez, la denuncia penal se presentó en contra del oficial mayor, Jesús Damián Núñez Camacho, quien habría incumplido con la entrega de siete millones de pesos en material de papelería y limpieza en el proceso OM-CON-SOL-054-2018, licitado por la administración estatal anterior.
Ovando Patrón informó que resulta lamentable que en menos de un mes de haber entrado en funciones la administración de Bonilla Valdez “reviente un caso de corrupción en una secretaría que se supone debe proteger a los que menos tienen”.
El denunciante se dijo preocupado de que la fiscalía pueda pasar por alto el asunto, pues “es bien sabido que el Fiscal General del estado, Guillermo Ruiz Hernández, fue impuesto por el Gobernador y seguramente archivarán en un cajón el documento presentado por el PAN”.
Observó que cuando los integrantes del partido en el poder estatal pregonaron en campaña que Morena vendría a acabar de tajo con la corrupción en Baja California “se está comprobando de manera irrefutable que los verdaderos corruptos resultaron se quienes integran el nuevo gobierno”.
