En el Pleno del Senado se discutirá que los medios públicos –con menos presupuesto que los comerciales– que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales este 31 de diciembre tengan la oportunidad de avisar al IFT para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones y con ello eviten las sanciones respectivas y la revocación del permiso o concesión.
Ciudad de México, 30 noviembre (SinEmbargo/Notimex).- Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos aprobaron con 10 votos a favor en lo general y lo particular el proyecto de decreto que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para que los permisionarios o concesionarios de radiodifusión de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas, puedan concretar la transición digital.
Algunos canales de televisión pública son el 22, el 11, TV UNAM o el Canal del Congreso.
En el dictamen se explica que está previsto que sea discutido y votado en el pleno, que los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, con antelación a esa fecha, den aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones y con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión.
Además, propone garantizar la continuidad del servicio público para la televisión de baja potencia, ya que el IFT deberá implementar un programa para que la población continúe recibiendo el servicio público de interés general, en tanto las estaciones de televisión inician transmisiones digitales o se alcanzan los niveles de penetración establecidos.
Con ello, se menciona en el documento aprobado, “se da cauce a las inquietudes de los medios públicos ante la cercanía del apagón analógico y la imposibilidad de muchos de ellos de cumplir con la transición digital”; además de garantizar la pluralidad de contenidos culturales, educativos y científicos.
El Senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, enfatizó que de lo que se trata con la reforma es que sólo este tipo de televisoras puedan suspender operaciones.
El panista explicó que la iniciativa busca eximir las sanciones a las empresas privadas por no haber invertido en las zonas más marginadas del país. Detalló que la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones señala que en México existen 460 estaciones principales de televisión radiodifundida, de éstas 445 operan –14 están en proceso de instalación y una en proceso de autorización–.
Pero además hay 907 señales complementarias, de las cuales 846 son concesiones, y el 94 por ciento pertenece a Televisa o Televisión Azteca, y de ellas: 67 son permisos, 67 están digitalizadas, 313 tienen solicitud de migración pero ninguna se ha convertido, y 466 no han solicitado migrar al regulador.
El dictamen modifica el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Plantea que aquellos permisionarios o concesionarios de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
O en su caso, se agrega, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo.
INTERVENCIONES DE LAS COMISIONES
El Senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dijo que la suspensión temporal no es una solución para los medios públicos porque a la población de las zonas más apartadas del país, aunque ya tuviera un dispositivo para la recepción digital, se le estaría privando de contenidos en lenguas indígenas y en materia de protección civil
Indicó que es necesario “salvar” a este tipo de estaciones, pero no violentando el derecho de las audiencias o dejándolas sin la obligación de generar contenidos, sobre todo cuando los gobiernos estatales tuvieron tiempo para implementar la transición.
Pero su homónima Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, argumentó que la reforma tiene el objetivo de que los medios públicos tengan las condiciones suficientes para transitar hacia la transmisión digital y no se queden rezagados y se vean afectados en su concesión.
Destacó que este tipo de medios, al no tener un carácter comercial, se encuentran frente a importantes retos económicos para financiar el proceso de transición a la tecnología digital, más aún cuando muchos de ellos no han recibido los recursos necesarios y algunos de ellos por falta de presupuesto no van a poder migrar de señales analógicas a digitales.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas consideró que con este dictamen se pretende establecer un “régimen de excepción para el sector público de la televisión” y, por ende, los legisladores también estarán obligados a otorgarles esta excepción a quienes ofrecen estos servicios de manera comercial.
Afirmó que no existe petición expresa del sector público para que se aplace el apagón analógico, al contrario “ha dicho que está listo, que está preparado para que el día 31 apaguemos y vayamos a la nueva era”, por lo que se pronunció por deslindar responsabilidades, y si el concesionario privado o el sector público no transitó de manera correcta a la era digital que se le sancione.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde, dijo que el retraso en la asignación de recursos para realizar el apagón es resultado de Legislaturas pasadas en la Cámara de Diputados, quienes no asignaron el presupuesto que se necesitaba para tal efecto.
Subrayó que sí es necesario que se dé una prórroga, para que las estaciones de baja potencia sustituyan los equipos necesarios para trasmitir en señal digital. “Los cambios son prudentes y nada que esté fuera de lo razonable”, dijo.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del PRI, señaló que alrededor del mundo la transición también ha sido compleja, y siempre queda un margen de ciudadanos que se quedan sin el servicio. Dijo que se debe reconocer que se tenía que poner un orden a la ley, desde antes de que se propusiera la modificación.
Agregóque se debe pensar cómo mantener la señal, sin violar lo que establece la ley; “estamos de acuerdo en que tiene que haber un plazo, pero no debe exceder más allá del 31 de diciembre de 2016”, subrayó el senador.
PARA EL 2016
El dictamen precisa que los plazos que autorice el Instituto a los operadores para que lleven a cabo la suspensión de sus transmisiones, en ningún caso, excederán del 31 de diciembre de 2016.
En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, y/o no hubieren alcanzado el nivel de penetración, el IFTdeberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general en las áreas respectivas, en tanto inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras agregaron que “los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa”.
Además, acordaron que “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral se suspenderá la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como los programas de entrega de televisores digitales, en aquellas entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales durante 2016”.
El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición y aplicará, en su caso, las sanciones correspondientes. La entrega, distribución o sustitución de equipos receptores, decodificadores o televisores digitales, en contravención a lo dispuesto en este artículo, se reputará como propaganda gubernamental y será sancionada en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
