Integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron que las autoridades federales y locales pretenden «desaparecer» un pueblo mexiquense que data de hace ocho siglos, donde los indígenas han luchado por brindar protección a los recursos naturales.
Los denunciantes argumentaron que en el pueblo náhuatl «estamos cansados de la imposición del Gobierno», ya que quienes representan las dependencias «no hacen bien su trabajo».
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Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron actos de corrupción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México en la edificación del Tren Interurbano México-Toluca que actualmente cuenta con una suspensión en la construcción.
Ante este panorama, la comunidad indígena ubicada en el municipio mexiquense Ocoyoacac, interpuso el recurso de queja con folio e incidente de violación a la suspensión 118/2017, concedida por un juez federal, recurso que fue resuelto por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo circuito, a favor de la comunidad.
A pesar de ello, los trabajos continúan día y noche. Por ello, exigen que se respete el Estado de Derecho y la construcción se detenga cuanto antes.
«Deben dejar de trabajar porque no están respetando nuestros derechos», exigió Francisco Montes, en entrevista para SinEmbargo.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los denunciantes plantearon que las autoridades pretenden «desaparecer» un pueblo mexiquense que data de hace ocho siglos, donde los indígenas han luchado por brindar protección a los recursos naturales.
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La corona española, destacó Montes, otorgó un título de fundación en la que se le reconocieron más de 25 mil hectáreas; poseen, además, un título de propiedad que data de 1715, y en 1856 se les extendió un título virreinal, pero un decreto presidencial de 1945 les reconoció únicamente mil 735.
«A través de la resolución presidencial nos desconocen todos los derechos anteriores como pueblo indígena. No debió haber existido nunca», señaló.
El integrante de la comunidad señaló que en el pueblo náhuatl «estamos cansados de la imposición del Gobierno», ya que, remarcó, quienes representan las dependencias «no hacen bien su trabajo».
Julio Mendoza, de Central Campesina Cardenista, destacó:
«Ya no más. Si no se acata lo dictado en el amparo no vamos a permitir que se siga con la construcción».
Gustavo Olivares, abogado de la comunidad, sostuvo que las autoridades han sido «omisas» y «concernientes» en desconocer los derechos de los náhuatls e incluso en el año 2015 un comisariado fue pagado a modo con 292 millones de pesos y así proceder al despojo de sus tierras.
«Nuestra comunidad depende de una historia que ha querido ser arrebatada por el Gobierno […] El Gobierno estatal ha formado autoridades a modo para negociar», agregó al respecto Montes.
En su oportunidad, Luis Miguel Torres, cronista de la comunidad, manifestó: «No estamos haciendo mal uso de las tierras, lo que queremos es protegerlas […] Es un pueblo fundador que tiene 800 años de existencia y ahora [las autoridades] lo quieren desaparecer».
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