La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Informática fue presentada por el legislador el pasado 27 de octubre, sin embargo, integrantes de organizaciones sociales han denunciado que esta iniciativa lo que busca es “criminalizar” todo lo que los internautas hagan.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El Senador priista Omar Fayad Meneses defendió su iniciativa, la “Ley Fayad” de las críticas de las organizaciones no gubernamentales y de los usuarios de las redes sociales “que podrían haberse sentido ofendidos”.
En tanto, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Derechos Digitales alertaron este día por los graves riesgos para las libertades en internet de los ciudadanos mexicanos que supone la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos presentada por el Senador priista Omar Fayad.
Las organizaciones internacionales dijeron que esta propuesta de fue redactada de la mano de la Policía Federal y atenta contra los derechos a la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información. «Además, propone sancionar con cárcel actividades legítimas en internet e incrementa las capacidades de vigilancia de los cuerpos policiales», dijeron.
Fayad rechazó que la propuesta haya sido redactada por la Policía Federal o la Secretaría de Gobernación con el propósito de criminalizar a los críticos del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobierno federal, aunque reconoció que sí consultó su punto de vista sobre este tema.
En conferencia de prensa, Omar Fayad afirmó que la iniciativa es 100 por ciento de su autoría y fue redactada por sus asesores legislativos y se basó en recomendaciones de diversos organismos internacionales, tras analizar el marco jurídico nacional existente y particularmente, dijo, atendieron recomendaciones de la Convención de Budapest.
“Sí consulté y si consultamos a la Policía Federal Preventiva respecto de este tema. Hay consulta, pero no quisiera que tratar ahora de desvirtuarse el camino para llevar [la iniciativa] a la Policía [Federal] o a la Comisión Nacional de Seguridad, ésta es la iniciativa de su servidor Omar Fayad, Senador de la República, y consultamos a instituciones públicas privadas, expertos, especialistas, instrumentos internacionales, en fin”, afirmó.
No obstante que defendió su iniciativa, el senador priista de quien se dice aspira a ser candidato priista a la gubernatura de Hidalgo, se dijo abierto a recibir observaciones de los usuarios de internet y de expertos en la materia y ofreció cambiar cualquier redacción que “pudiera prestarse a la interpretación de limitar la libertad de expresión”.
Dijo que es falso que se criminalice a quienes den retuit a críticas a actores políticos, divulguen información periodística, descarguen software sin licencia o inclusive tiren computadoras, como sostienen organizaciones de la sociedad civil.
Omar Fayad afirmó que estas inquietudes son generadas por una versión “pirata” de su iniciativa que circula en las redes sociales, aunque el senador no ofreció ninguna prueba de la existencia de este supuesto documento.
“Si alguna parte del texto de la iniciativa se presta a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de internet o la libertad de expresión, la retiraríamos de la iniciativa. No es objeto de esta iniciativa limitar la internet ni la libertad de expresión”, afirmó el senador por Hidalgo.
Fayad se dijo abierto a la discusión con los cibernautas para explicar que el interés de su iniciativa es crear una ley que proteja a los mexicanos de los actos delictivos realizados por “agresores digitales” que atentan contra la infancia, empresarios y la ciudadanía en general.
“Hay conductas que hoy se cometen con el anonimato de internet que deben ser tipificadas como delitos”, recalcó.
Será el próximo jueves 5 de noviembre a las seis de la tarde cuando el Senador Omar Fayad instalar la primera mesa de trabajo con internautas y expertos en las instalaciones del Senado de la República, para para intercambiar ideas y resolver inquietudes.
Las organizaciones Artículo 19 y R3D dijeron este día mediante un comunicado de prensa que la iniciativa ante contra el derecho a la privacidad. Explicaron que lo anterior está contenido en los artículos 11 y 12 que obligan a cualquier empresa de telecomunicaciones y a cualquier proveedor de servicios en Internet a entregar a la policía la información y geolocalización de sus usuarios.
Dijeron que no se requiere autorización judicial y no hay salvaguardas para el abuso. Por otro lado, detallaron, el artículo nueve faculta a la Policía Federal para solicitar la suspensión de sitios web que atenten contra la “seguridad pública”.
«Si esto se interpreta de manera amplia, podría dar pie a numerosos abusos», alertaron las organizaciones.
Con respecto a la libertad de expresión, indicaron que la iniciativa impone restricciones «ilegítimas» y considera que las actividades como “el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes sociales” pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien.
«En esta lógica, el artículo 3 fracción, II hace alusión al término ‘terrorismo informático’, que sanciona con cárcel cualquier ‘difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública Esto abre la puerta a que se penalice a cualquier persona que comparta contenidos críticos al Gobierno que puedan ser considerados bajo esta categoría», alertaron.
Las organizaciones dijeron que el artículo 21 de la iniciativa propone sancionar con cárcel a quien “acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática.”
«Aunque la intención de la Ley es regular el acoso, no se toma en cuenta una adecuada perspectiva de género, y su redacción es tan amplia que puede criminalizar a voces disidentes, minoritarias y/o incómodas con el poder», denunciaron.
Dijeron que el proyecto contempla delitos que ya existen en otras leyes, como el terrorismo informático y el ciberespionaje, pero en la iniciativa se definen en términos demasiado ambiguos, abriendo la puerta a áreas grises y abusos.
Esta semana, Freedom House alertó en su informe “Libertad en la Red 2015″ que México permanece como uno de los entornos más hostiles para los periodistas online y los blogueros, mientras que informes recientes sugieren que la vigilancia estatal es generalizada en el país.
La organización dijo que la vigilancia no sólo afecta a los periodistas en uno de los países con menor libertad de expresión, sino también al ciudadano de a pie. El reporte, que califica a México como un país “parcialmente libre”, refiere que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, “la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo”.
En este clima de inseguridad, refiere el informe, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team “sugieren que la vigilancia estatal es generalizada”.
