«Esperamos que regrese el movimiento de barcos al terminar el periodo de lluvias», que concluyó el 28 de octubre, apunta a Efe Vivian Tan, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la oficina regional en Bangkok.

«Lo que desconocemos es cómo el desarrollo de la situación actual en Birmania puede afectar a la partida y si el ‘modus operandi’ de los traficantes ha cambiado», subraya.

Una idea que concuerda con las opiniones de organizaciones que luchan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y The Arakan Project, que ofrecen protección a la población de la minoría étnica musulmana rohingya perseguida por las autoridades birmanas en el estado Rakhine, en el oeste birmano.

El pasado mayo, el Gobierno militar de Tailandia inició una campaña para luchar contra las mafias que actúan en la región tras descubrir en el sur del país varios campamentos clandestinos y 36 cadáveres relacionados con el tráfico de personas.

Dicha operación desencadenó una crisis humanitaria en la zona, después de que los medios informaran de decenas de barcos a la deriva cargados con inmigrantes y tras descubrir en el lado malasio de la frontera otros 28 campamentos y 139 tumbas con presuntos restos de traficados.

«Las redes de tráfico de humano del Sudeste Asiático son muy sofisticadas y probablemente han aprendido de los acontecimientos del pasado mayo. Esto puede significar que el tráfico se realice aún de manera más clandestina», apunta Anna Shea, investigadora para los refugiados de AI.

Según datos de Naciones Unidas, unas 94.000 personas habrían embarcado entre enero del 2014 y junio de 2015 en esta peligrosa odisea que, según la ONU, ha costado la vida a más de 1.100 personas en el mismo periodo, aunque AI estima que las víctimas mortales podrían ser muchas más.

La mayoría de las 3.000 víctimas rescatadas el pasado mayo de las redes de tráfico de personas son migrantes económicos bengalíes, que huyen de la pobreza y falta de oportunidad en su país, y birmanos rohingya, cuya ciudadanía no es reconocida por el Gobierno de Naypyidaw, que opta por clasificarlos como inmigrantes bengalíes.

«Hasta el momento, el número (de botes que parten) está siendo muy bajo, lo que muestra que la campaña de Tailandia contra el tráfico humano ha interrumpido de alguna manera el movimiento marítimo ya que los traficantes no pueden utilizar este país como lugar de tránsito», apunta Chris Lewa, fundadora de The Arakan Project.

En un correo electrónico a Efe, Lewa expone los temores de que la situación empeore tras la celebración de las elecciones generales de Birmania, programadas para el 8 de noviembre, en la que la Comisión Electoral y los diferentes partidos rechazaron las candidaturas de representantes musulmanes, en particular de candidatos rohingya.

Para AI, este rechazo «viola los derechos humanos» e incrementa la «discriminación».

«Al denegar a los rohingya la oportunidad de votar en igualdad de condiciones con sus vecinos, las autoridades han creado una situación en la que es muy probable que más de un millón de personas se quede sin representación política en el nuevo Parlamento birmano», declara a Efe Shea.

Naciones Unidas, Amnistía Internacional y The Arakan Project coinciden en reclamar que se aborde «la raíz» de los problemas para evitar futuras crisis e instan a una mayor «acción de respuesta humanitaria coordinada» de los países, más allá de los «escasos» compromisos adquiridos en las distintas reuniones regionales.

«La presión constante para que (los rohingya) dejen el país está siempre ahí y puede incrementarse. La principal táctica es a través de restringir su acceso a medios de vida», sentencia Lewa.