Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La falta de supervisión a las organizaciones civiles que trabajan con poblaciones vulnerables, como los niños y jóvenes en situación de calle, da pie a que se cometan abusos contra éstas dentro de las instituciones que supuestamente les ayudan, advirtió Sonia Martínez Osornio, presidenta de la organización Educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle (ednica).
La vulneración de niños y jóvenes callejeros puede ocurrir al interior de las organizaciones de asistencia social con una atención inadecuada, pero también puede implicar tráfico de personas, señaló.
Al respecto son conocidos los casos de los albergues “La Gran Familia”, fundado y dirigido por Rosa Verduzco, y “Casitas del Sur”, administrado por la asociación civil Reintegración Social, AC.
Martínez Osorio dijo que a nivel federal las instituciones públicas no cuentan con áreas orientadas a acompañar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso del Distrito Federal, donde trabaja la organización, expresó que el gobierno sólo acompaña a las catalogadas como Instituciones de Asistencia Privada, mientras que las consideradas asociaciones civiles u organizaciones de beneficencia pública “no son vigiladas por ningún órgano, ni de la sociedad civil, ni del gobierno, y eso da oportunidad a que haya estos riesgos, a que haya una falta de ética en el trabajo”.
Entrevistada durante el foro que ednica organizó para conmemorar sus 25 años de trabajo, la presidenta de dicha organización refirió también que el tráfico de personas y el reclutamiento por parte del crimen organizado son los riesgos a los que actualmente están expuestos los niños y jóvenes callejeros, sumados a aquéllos que se han vuelto implícitos de la vida en la calle: violencia, drogadicción y abusos de las autoridades.
Respecto a ese último punto, afirmó que los abusos de la policía continúan siendo recurrentes, aunque por momentos se agudizan y por momentos se disimulan más.
Pero lo que más los vulnera y los expone al riesgo es la invisibilización, señaló Martínez Osornio.
“A diferencia de otros grupos que se nota la ausencia y alguien puede preguntar por su paradero, estos chicos al ser invisibles para la sociedad, al ser invisibles para sus familias, pues nadie se cuestiona dónde están y quién puede estar abusando de su condición tan vulnerable”, expuso.
La presidenta de ednica señaló que hay una diferencia crucial en cómo trabajan las instituciones públicas y cómo lo hacen algunas organizaciones civiles: “Es que nosotros sí entendemos que estas transformaciones en los niños y en los jóvenes son procesos, son procesos de largo tiempo […] Esa continuidad y esa visión de acompañar procesos y no personas es lo que no tienen los programas institucionales, los programas públicos”.
EL PAPEL DEL ESTADO
La presidenta de ednica subrayó que si bien el Estado mexicano es responsable de atender a las poblaciones callejeras infantiles y juveniles, su “debilidad” ha dado lugar a que sean las organizaciones civiles las que hagan primordialmente ese trabajo.
Además, agregó, las necesidades de atención que tienen los niños y jóvenes callejeros “rebasa la capacidad del Estado o de los programas del Estado”, pues requieren procesos largos de tiempo, que implican un mayor uso de recursos humanos y económicos.
“Se requiere de un recurso que las instituciones [públicas] no tienen, y de una continuidad y solidez de los programas que las instituciones no tienen”, consideró.
La Ley de Asistencia Social, vigente desde 2004, establece que el Estado tiene la rectoría de la asistencia social, la cual comprende acciones tanto de protección y rehabilitación como de previsión y prevención.
De acuerdo con la ley, tal rectoría abarca al sector público y al privado, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. En dicho sistema participan instancias tan diversas como las Secretarías de Salud y de Educación, los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional Indigenista, el Consejo Nacional contra las Adicciones o el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras, amén de las instituciones de asistencia privadas.
No sólo su estructura es diversa; también lo es el crisol de poblaciones a las que atiende: menores de edad en situación de desnutrición, maltrato, abuso, abandono o explotación; personas que viven en la calle; migrantes; ancianos en desamparo o maltratados; personas discapacitadas; personas dependientes de internos en reclusorios, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de farmacodependientes; indigentes; víctimas de delitos; alcohólicos y farmacodependientes.
María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, reconoció que no hay coordinación institucional para cumplir con la obligación de la asistencia social.
No obstante, justificó que el gobierno está trabajando en “nuevas formas de correlación entre gobierno y sociedad”.
Luna y Parra y Trejo Lerdo, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión de Fomento de Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconoció también que actualmente no hay un mecanismo que vigile o supervise a las organizaciones civiles.
“La Ley de Asistencia sí marca una responsabilidad […] de una normatividad y vigilancia. Pero sí te digo que realmente no se ha implementado”, dijo.
Pero aun si se implementara, cualquier mecanismo sería limitado, pues sólo tendría injerencia sobre las instituciones registradas en el Directorio Nacional de las Instituciones de Asistencia Social, cuya inscripción es un requisito para recibir recursos públicos.
Actualmente existen 197 instituciones, públicas y privadas, registradas en ese directorio en todo el país.
Uno de los problemas que la titular de de Indesol consideró son las organizaciones “piratas”, que quedan fuera de cualquier registro y que, por lo tanto, son difíciles de rastrear.
Al respecto, mencionó un trabajo de colaboración entre el Indesol y el Consejo Nacional contra las Adicciones, que consistió en intercambiar información sobre las organizaciones que apoyan, a fin de saber si realmente estaban haciendo un trabajo contra las adicciones.
Pero ese mismo trabajo no se replica en le resto de las instituciones, sino que depende de esfuerzos individuales.
“Tendríamos que ser un conjunto de instituciones que compartiéramos directorios, que compartiéramos conocimientos”, expresó.
La funcionaria, quien tiene una amplia trayectoria como servidora pública, dijo que la sociedad civil ha conseguido reaccionar y trabajar con las poblaciones vulnerables más rápido que el gobierno.
«En eso sí tengo que reconocer que nuestra capacidad de reacción, estando en el gobierno, es a veces, la mayoría de las veces, más lenta que la que tuvieron organizaciones que pudieron atender un problema de manera mucho más rápida”, dijo.
Cuestionada sobre si eso no implicaba un problema, respondió diciendo que era un problema que ocurría en todo el mundo. La integrante del gabinete peñanietista propuso, sin embargo, “zarandear las estructuras”.
