El periodista Francisco Goldman dice que México vivió un año de mentiras. Pero el grupo de expertos ofreció una teoría que parece tener, por fin, algo de sentido.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- En México se ha vivido un año de «muchas mentiras», dice el título de un reportaje publicado hoy en la prestigiosa revista The New Yorker y firmado por el periodista Francisco Goldman. Las investigaciones independientes sugieren que hasta el Ejército participó u omitió su responsabilidad en los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 43 de los cuales están desde hace un año, tres más fueron asesinados y muchos otros resultaron heridos, algunos de gravedad.
Goldman narra lo que sucedió aquel 6 de septiembre pasado, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó los resultados de su investigación sobre los sucesos del 26 de septiembre y 27 de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero. Después, dice Goldman, los periodistas afines al Gobierno federal intentaron desvirtuar o desacreditar una conclusión a la que se tardó 6 meses en llegar, luego de revisar casi 1 millón 725 mil páginas de los expedientes, dice el periodista.
El autor dice que los estudiantes no se dirigían originalmente a Iguala. Fueron circunstancias las que los llevaron a aquel municipio en donde después desaparecerían desde hace más de un año.
Goldman ha publicado en New Yorker, Harper’s, The New York Times Magazine, Esquire, The New York Review of Books, Outside. Acumula varios premios y reconocimientos por sus crónicas, algunas de ellas sobre los procesos políticos y sociales de México y Guatemala.
Ese día, cuando se presentó el informe, se «demolió» la «verdad histórica» dicha por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dice Goldman. Las protestas mundiales para conocer la verdad del caso trajeron la suficiente presión para que cinco expertos, de varios países y varias especialidades, fueran nombrados por la CIDH para dar una versión distinta de la investigación «profundamente viciada y de posible complicidad criminal» que realiza el gobierno mexicano, agrega.
Fue medio año de investigación en la que los expertos del GIEI entrevistaron a los sobrevivientes, a los familiares de los secuestrados, a muchos de los hombres y mujeres que han sido detenidos en el caso hasta el momento, a la Policía, a los funcionarios judiciales, y a muchos otros. Goldman narra cómo los investigadores designados por la CIDH llevaron a cabo su propia probatoria o exámenes forenses, además de que estudiaron los archivos: ciento quince volúmenes de aproximadamente mil páginas cada uno.
En total, 1 millón 725 mil páginas.
Los expertos del GIEI emitieron solicitudes a la Procuraduría General de la República (PGR) para así poder entrevistar a otros testigos posibles, en muchos casos, personas con los cuales la PGR aún no había hablado. Aquel domingo, dice Goldman, la expectativa por conocer los resultados de la investigación independiente fue tal, que la conferencia con sede en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estuvo repleta de periodistas, activistas, diplomáticos, miembros de ONGs y personalidades de la cultura, convocados desde una semana antes. Además de funcionarios del gobierno federal, «vestidos con sobrios trajes, que ocupaban las primeras filas y que se saludaban efusivamente con besos y abrazos».
“La otra mitad del auditorio presentó un agudo contraste, con filas de personas que se sentaron en silencio y con severidad, la mayoría de ellos con rasgos indígenas, vestidos con ropa rústica y sudaderas con capucha. Nadie en ese grupo estaba enviando besos al aire a través del cuarto. Estos fueron los miembros de la familia de los cuarenta y tres jóvenes que habían desaparecido en Iguala, y de los tres que murieron. Con ellos estudiantes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que habían sobrevivido a los ataques, y otros partidarios de los calientes, rurales y pobres pueblos donde la mayoría de los estudiantes eran originarios», narra Goldman.
Cuando los expertos al fin salieron a tomar sus asientos en la larga mesa del podio, los familiares y estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a gritar: «¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!».
El reportaje publicado en The New Yorker recuerda como cada uno de los expertos del Giei presentó su parte de la investigación grupal.
«Sería difícil exagerar lo que fue una demolición de la historia oficial del gobierno mexicano, una historia ya burlonamente conocida en México como la ‘verdad histórica’, desde que el ex Procurador Jesús Murillo Karam, lo llamó enfáticamente así durante una conferencia de prensa, a finales de enero. En ese caso, Murillo Karam había anunciado que, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores de la PGR, los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Iguala a sicarios de los Guerreros Unidos e incinerados en el vertedero de la vecina ciudad de Cocula. La conclusión oficial, se dio con el supuesto apoyo de expertos científicos y las confesiones de los narcotraficantes», escribió Goldman.
LA TEORÍA QUE PODRÍA DERIVAR EN LA VERDAD
Ya en el escenario, los expertos narraron todos los hechos ya conocidos de su versión, dice el periodista. Que los estudiantes salieron de Aytozinapa aquel 26 de septiembre con el objetivo de apoderarse de autobuses de transporte comercial, para con ellos viajar a una marcha en la Ciudad de México que se desarrollaría el 2 de octubre, para irónicamente conmemorar la masacre de los estudiantes de Tlatelolco en 1968.
La requisa temporal de autobuses para tales fines, «ha sido una práctica tradicional» de las escuelas normales en todo México, ampliamente conocidas por las autoridades y las empresas de autobuses. Había sucedido muchas veces antes, incluso en Iguala, casi siempre «sin incidentes, represalias o sanción legal», dice el informe del GIEI, estableciendo como un hecho lo que algunos periodistas habían dicho durante mucho tiempo antes: que el 26 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, un centenar de estudiantes y tres conductores de autobuses dejaron Ayotzinapa, en dos autobuses Estrella de Oro previamente requisados, y que como es habitual, se le estaba dando seguimiento por el Comando Central de la Policía del Estado, o C4I4, que recopila información y la comparte con las corporaciones de seguridad federal, estatal y la policía local, además del Ejército.
Goldman retoma la versión de que los estudiantes originalmente tenían la intención de requisar más autobuses en las caseta de peaje ubicadas en la Autopista del Sol que se encuentra a las afueras de Chilpancingo, sin embargo, se encontraron patrullas de la Policía Federal esperando allí.
Tal como lo registró el C4I4, los estudiantes fueron desviados a Iguala exactamente a las «17:59». En las afueras de Iguala, uno de los autobuses, el Estrella de Oro número 1531, fue estacionado afuera de un restaurante en una zona conocida como Rancho del Cura, y el otro, número 1568, pasó la caseta de peaje de Iguala y en ambos lugares se encontraban elementos de la Policía federal.
Los estudiantes también estaban siendo observados por un agente de la inteligencia militar que informó al Comandante del 27 Batallón del Ejército Mexicano, que se basa en Iguala. No fue hasta que dieron las «20:15», según el informe, que los estudiantes fuera de Rancho del Cura lograron detener a un autobús, el Costa Line Número 2513.
El plan era dejar los pasajeros del autobús allí y los alumnos de los tres autobuses regresarían de inmediato a Ayotzinapa, ya que no era probable que fueran capaces de detener más autobuses ahora que la noche había caído, narra Goldman. Pero el conductor del autobús de Costa Line insistió en llevar a sus pasajeros a la estación de autobuses de Iguala, antes de entregar el autobús. «De cinco a siete» estudiantes se fueron con él.
«En la estación de autobús, el conductor no mantuvo su palabra. En cambio, él se bajó del autobús y encerró los estudiantes. Estos estudiantes llamaron a sus compañeros que esperaban fuera de Iguala, que respondieron conduciendo uno de los dos autobuses requisados hasta la estación, lugar en donde los estudiantes se apoderaron de otros tres autobuses, no sólo de dos más, como la PGR había insistido en toda su narrativa oficial, a pesar de los testimonios de los estudiantes sobrevivientes».
La versión del GIEI rebatieron todas las hipótesis generadas por la PGR, entre ellas, la de la «verdad histórica». Goldman dice que el gobierno había propugnado durante mucho tiempo la teoría de que los estudiantes habían llegado a Iguala de boicotear o interrumpir el discurso político que iba a ser dado en zócalo de la pequeña ciudad esa misma noche por la esposa del Alcalde José Luis Abarca.
«Pero los estudiantes no tenían la intención de entrar en la ciudad, y para cuando lo hicieron ese evento había terminado. Del mismo modo, si los estudiantes, que estaban completamente desarmados, no habían entrado en la ciudad intencionalmente, no era plausible sugerir que el gobierno tenía un posible motivo penal por su incursión, así como una relación con una banda rival del narcotráfico [Los Rojos] que desafiaban al grupo del narco local dominante, los Guerreros Unidos».
Sin embargo, los estudiantes que viajaban en los cinco autobuses pronto fueron atacados de una manera violenta y aparentemente bien coordinada. El asalto se dio, en diversas funciones, en todas las ramas de la Policía en la zona, así como de los militares.
«Esto está en contraste con los desmentidos oficiales, desde la parte superior del gobierno de México para abajo, que ninguna autoridad oficial mexicana que no fuera Policía municipal había participado», enfatiza Goldman.
El reportaje narra además los resultados del GIEI sobre la incineración masiva en el vertedero de Cocula, en los que el Dr. José Luis Torero, experto investigador reconocido internacionalmente, fue contratado para llevar a cabo un examen independiente sobre el escenario de la incineración.
Torero, un peruano que participó en las investigaciones forenses de los ataques al World Trade Center, tiene un doctorado de la Universidad de Berkeley, y anteriormente fue profesor de seguridad contra incendios en la Universidad de Edimburgo. Actualmente dirige la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland, Australia.
«La incineración de los cuarenta y tres cuerpos en un terreno al aire libre como la del vertedero de Cocula, concluyó Torero, habría requerido unas treinta y tres toneladas de madera o catorce toneladas de neumáticos, junto con la misma cantidad de combustible diesel, además, el fuego habría tenido que quemar durante sesenta horas, no las doce que la PGR habría afirmado que sucedieron, con base en las confesiones de sicarios capturados de los Guerreros Unidos. El humo del incendio a más de 300 metros hacia el cielo y habría sido visible desde kilómetros alrededor».
Goldman dice que un detalle que recordará siempre es la intervención del experto chileno Francisco Cox, el cual recalcó que en las confesiones de los sicarios, estos dicen haber llegado cerca del fuego, como si se acercaran a un hoyo de barbacoa, para añadir más combustible mientras los 43 estudiantes se estaban quemando.
«Cualquiera que fuera a estar tan cerca de un fuego tal, según Torero, habrían sido incinerados instantáneamente», se lee en The New Yorker.
A pesar de que los expertos GIEI reconocieron que el gobierno les había invitado al país y había facilitado su investigación, expresando su gratitud y optimismo sobre lo que podría deparar el futuro pidieron que se les permitiera a miembros del 27 Batallón del Ejército Mexicano, ya que el expediente que le fue proporcionado al GIEI del monitoreo de esa noche por el C4I4 monitoreo «tenía dos lagunas notables», uno inmediatamente después de los primeros ataques armados contra los estudiantes y otro que cubre el período de tiempo cuando el segundo ataque se llevó a cabo.
«El Secretario de la Defensa [Salvador Cienfuegos Zepeda] había ocultado esa información a GIEI», asegura Goldman.
UN DURO GOLPE PARA EL GOBIERNO Y SU CREDIBILIDAD
El daño para la imagen del gobierno de Peña Nieto ya estaba hecho. De inmediato, cuando distintos funcionarios del gobierno federal, entre los cuales estaban funcionarios de la PGR, subieron a recibir copias del informe del GIEI, la audiencia los recibió con un «fue el Estado».
La oficina de la actual titular de la PGR, Arely Gómez González, llamó de inmediato a una apresurada conferencia de prensa a las poca horas. Rígidos, con «expresiones faciales sombrías, perturbadas», inquietas», los funcionarios trataron de explicar de manera concisa y breve, su versión de las investigaciones sobre los hechos lamentables ocurridos en Iguala: «continuará hasta sus últimas consecuencias», se prometió.
Esa largo e inolvidable domingo terminó con una tercera rueda de prensa, en la que familiares de los estudiantes de Ayotzinapa hablaron en un centro comunitario en la colonia Tabacalera. Se sentaron en varias filas de asientos, sosteniendo pancartas que muestran los nombres, así como las caras de sus hijos y hermanos desaparecidos. Sus rostros, cansados, determinados, tristes, reflejaron la cifra de casi un año de angustia, de dolor y de incertidumbre».
Aunque se trató de desacreditar la versión de los expertos del GIEI sobre el quinto autobús por parte de periodistas «de línea dura», aliados del gobierno, […] nadie parecía saber donde estaba el Presidente Enrique Peña Nieto y los principales poderes del gobierno, «si estaban unidos o divididos sobre qué hacer».
«El informe fue histórica, no sólo porque era la primera vez que el gobierno mexicano había accedido a tal intrusión por parte de extranjeros en su autoridad, pero, creo, fue también la primera vez que los mexicanos habían visto nunca una investigación real realizada por profesionales independientes, autónomos y no por los subordinados a un gobierno posiblemente cómplice», dice Goldman.
El diario Milenio, el portal La Silla Rota o el columnista Héctor Aguilar Camín, entre otros, intentaron desviar la atención del resto del informe, «una investigación penal que no tenía precedentes, sobre todo en el México moderno, ya que, dentro de cientos de páginas, los hechos fueron puestos de forma objetiva, de forma que se acumulan en una narrativa compleja, pero coherente, de un delito complejo. El informe no saltó a conclusiones tendenciosas no soportadas por su pruebas recogidas, que no cubrían o hacían caso omiso de pruebas clave, que no trataba de fortalecer su caso al ignorar las contradicciones recurrentes y extremas en las declaraciones de los detenidos hasta el momento. Y el informe expresa el escepticismo de los testimonios extraídos mediante el abuso y la tortura», concluye el reportaje.
Durante mucho tiempo, muchas personas se han sentido desconcertados por la falta de un motivo convincente para la severidad del ataque perpetrado contra los estudiantes en Iguala. «¿Por qué matar a cuarenta y tres estudiantes cuyo único delito fue requisar los autobuses?», se pregunta Goldman.
«Ahora la propia evidencia sugiere al menos una hipótesis plausible: los ataques fueron provocados cuando un autobús utilizado para transportar heroína fue requisado por los estudiantes, y que el motivo por el que la Policía municipal y otros involucrados en los ataques no sabían cuál de los autobuses requisados tenían las drogas a bordo, o tal vez habían sido especialmente equipados para el contrabando de drogas sin detección, podría haber sido para prevenir cualquier autobús saliera de Iguala durante esas horas. También sugiere que no sólo la Policía municipal, sino también las autoridades estatales y federales y el Ejército Mexicano participaron en el ataque, o no impidieron en modo alguno los hechos violentos que se desarrollaron».
