México superó este año la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas y llega a este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con pendientes a nivel federal como la instalación del Banco Nacional de Datos Forenses y fiscalías locales donde falta personal capacitado para acelerar las búsquedas. Las desapariciones de Mónica y Dan, registradas en distintos años y entidades, dan cuenta de un problema estructural que lleva años sin atenderse.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Con más de 105 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis que, aún con la existencia de legislaciones importantes y la reciente creación de instancias especializadas, preocupa a las familias de las víctimas y a la sociedad civil, quienes actúan con sus propios medios en busca de justicia ante la falta de voluntad política.
Los casos de Mónica Ruth Rojas Luna y Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecidos respectivamente en 2019 y 2008 en el Estado de México y Coahuila, muestran que «el tema no tiene que ver con el cambio de partidos políticos en el poder, sino con la poca voluntad institucional para resolver el terrible dolor que las familias sienten», dice Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas, que acompaña jurídicamente estos y otros casos similares.
En ello coincide Yolanda Morán, activista y mamá de Dan Jeremeel, quien en 14 años de búsqueda se ha enfrentado al desinterés de tres gobiernos priistas en Coahuila y de un gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN), otro del Revolucionario Institucional (PRI) y el actual, encabezado por Morena. Sobre todo a las autoridades de impartición de justicia. Aunque desde 2010 la entonces Procuraduría General de la República atrajo el caso, donde identifica a los principales sospechosos como integrantes del Ejército, eso no ha significado avances que den pistas sobre el paradero de su hijo.
«A las familias nos han dejado hacer todo el trabajo, las búsquedas, las excavaciones. Las fiscalías, las comisiones regionales, las estatales no están para darnos ayuda. Es su trabajo, pero, ¿por qué nosotras tenemos que hacerlo? No importa el color del partido en el poder, las familias seguimos siendo ignoradas», denuncia.
Desde 2018 está vigente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) que obliga a las autoridades a actuar de forma coordinada en la búsqueda, investigación e identificación de las persona desaparecidas. Incluso existen protocolos de búsqueda, pero la realidad es que constantemente las familias de las víctimas deben exigirles cumplir con sus responsabilidades para que los casos avancen.
Eso paso cuando Mónica Ruth Rojas desapareció el 21 de octubre de 2019 en Tlalnepantla, Estado de México, pues si bien la entidad cuenta con una Fiscalía especializada en atender estos casos y ese mismo mes la Secretaría de Gobernación había decretado la primera Alerta de Violencia de Género por el alto índice de mujeres y niñas desaparecidas, pasaron tres días para que las autoridades comenzaran a difundir su ficha de búsqueda.
Además, policías no pudieron recopilar información importante como los videos de las cámaras de vigilancia de la empresa Resiform, el último lugar donde estuvo Mónica, lo que se sumó a la revictimización: «Lo que se quería era investigarla, si tomaba, qué hacía en las noches, y al inicio se hicieron diligencias para desviar la investigación», recuerda Juan Carlos Gutiérrez, también destaca que los avances logrados hasta ahora se deben en gran medida a la presión que la familia de la mujer y la organización que lidera mantienen para obtener justicia.
Mónica Ruth fue hallada sin vida en 2020 y este mes, a casi tres años de su desaparición, el Tribunal de Enjuiciamiento de Tlalnepantla sentenció a un hombre a estar 17 años y seis meses privado de la libertad por la conducta que la Ley General describe como esconder o destruir restos o el cuerpo sin vida de una persona para ocultar la comisión de un delito, pero aún están pendientes sanciones contra otras dos personas.
Isabel Suárez, abogada en Idheas y representante legal de la familia, reconoce que la atracción del caso por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y su colaboración para avanzar es la excepción no sólo en el Estado de México, pues en otras entidades sigue siendo un reto que las autoridades aborden las desapariciones como tal, pues, por ejemplo, al encontrar sin vida a una persona que no había sido localizada se centran en el homicidio o feminicidio cuando ello suele ser la conclusión de un primer delito, la desaparición.
Entonces, agrega, aún cuando ya existe la Ley General, un Protocolo Homologado de Investigación, recientemente fue inaugurado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) —que se encargará de resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas— y en los últimos años el marco normativo ha avanzado con la creación de las Fiscalías Especializadas en los estados, la Comisión Nacional de Búsqueda y la conformación del Consejo Nacional Ciudadano —un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas—, todavía hay poca voluntad a nivel nacional para que funcionen completamente.
Además, todavía hay instrumentos pendientes por integrar, como los registros nacionales de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, todos ellos a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), pero su entrada en funciones ha sido retrasada por años.
LA IMPUNIDAD DE AÑOS
Pese a que ahora existen mejores marcos normativos, poco ha servido para acabar con la impunidad. Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que hasta noviembre de 2021, sólo entre el 2 por ciento y el 6 por ciento de los casos de desaparición en México habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias por este delito.
Los años que Yolanda Morán lleva buscando a Dan, su hijo, le han dejado claro que las leyes vigentes no funcionan si las autoridades estatales y federales siguen minimizando el problema, por ejemplo, al estigmatizar a las víctimas y al no plantear siquiera líneas de investigación en los casos.
Dan Jeremeel desapareció en 2008, a dos años de que el Gobierno federal encabezado por Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico que agravó la crisis de violaciones a derechos humanos en todo el país y desde entonces no se ha contenido.
Desde 2006, cuando inició su sexenio, se reportó la desaparición de 263 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, y 2012, el último año de su mandato, cerró con 4 mil 228. En total, 17 mil 634 personas desaparecidas de 2006 a 2012 siguen sin ser localizadas.
La administración que siguió, la de Enrique Peña Nieto, tuvo en su primer año 4 mil 799 personas desaparecidas y finalizó en 2018 con un registro anual de 7 mil 507, con un acumulado de 35 mil 326 desapariciones.
Con Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo el número de personas sin localizar sigue creciendo, de 2019 hasta agosto de este año ya alcanzó el 82 por ciento de todas las desapariciones contabilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues acumula 28 mil 977 registros; sólo en lo que va del año no se sabe del paradero de 6 mil 282 personas.
En ese contexto, México alcanzó este mayo la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas y hasta este 30 de agosto acumula 105 mil 083.
El director de Idheas Juan Carlos Gutiérrez recuerda que la negligencia de los gobiernos estatales ha abonado en gran parte al crecimiento de esta crisis en materia de derechos humanos, también insiste en que se trata de un problema estructural que por años ha sido ignorado y suma distintas violencias como la relacionada con el género o el crimen organizado.
“El problema no es exclusivamente del Gobierno federal. El problema radica fundamentalmente en las fiscalías locales, en los vínculos que se tienen allí con grupo de la delincuencia organizada, también por los vínculos de corrupción que hay entre gobiernos estatales con fuerzas federales, fiscalías locales y grupos de la delincuencia organizada”.
El camino para obtener justicia de Yolanda Morán ejemplifica esa situación, pues aunque desde enero de 2009 fue localizado el auto donde su hijo desapareció y lo tenía un militar en servicio, la Fiscalía de Coahuila no siguió esa ni ninguna otra línea de investigación, además de desvirtuar la desaparición forzada, lo mismo ha sucedido en la FGR.
“Cuando he pedido avances, en la FGR me dan hojas de información de mi hijo que buscaron en Google, ¿puedes creerlo? Información que yo misma puedo buscar en Internet e imprimir. Es un desinterés total”, denuncia.
El caso de Dan Jeremeel sigue sin avanzar aún con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acredita las omisiones de autoridades de distintos ámbitos, y aunque este mes fue admitido por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, Yolanda lamenta que la esperanza deba tenerla ahora en una instancia internacional porque en México han sido años de ser ignorada.
Al alto número de personas desaparecidas en el país se suma la crisis forense que representan las más de 52 mil personas que permanecen sin identificar, esta es una de las razones por las que este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familias protestarán en distintos puntos del país en búsqueda de justicia para sus seres queridos.
«Pese a todo, como mamá, como familiar de un desaparecido, no perdemos la esperanza, siempre deseamos encontrarlos, por eso seguimos exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo», enfatiza Yolanda Morán.
