El regreso a clases en México implica posibles riesgos de contagio y la necesidad de evitar que la deserción escolar y el rezago educativo aumenten. Al menos 22 entidades federativas apoyan la reapertura de aulas, en un contexto en que no hay un plan definido y en que las deficiencias formativas podrían costarle al país entre el 0.9 y el 1.7 por ciento de su PIB anual durante los próximos 80 años.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Millones de alumnos —de educación básica a superior— volverán a pisar las aulas este día. Pasaron 17 meses desde que el Gobierno federal anunció el cierre oficial de escuelas e implementó las clases a distancia. Ahora el reto es evaluar qué aprendizajes obtuvieron los estudiantes en el último ciclo escolar y trabajar a partir de ahí, porque el desempeño no fue igual para todos.
La pandemia de coronavirus obligó a las personas a implementar acciones extraordinarias para adaptarse a una nueva realidad en muchos aspectos de la vida social; esto incluye al sistema educativo que también tuvo que ser adecuado tanto por los profesores como por los padres de familia y los propios alumnos.
Sin embargo, al sistema educativo “le cuesta mucho reacomodarse” porque la institución escolar y las «prácticas áulicas» —incluido el trabajo de los docentes— no son “cosas flexibles” que cambian de la noche a la mañana para responder a una condición apremiante, sino que son estructuras que funcionan por medio de prácticas constantes, explicó en entrevista Catalina Inclán Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Inclán Espinosa también refirió que después de más de un año de clases virtuales o a distancia, el regreso a las aulas no será sencillo porque habrá que ver si eso que los estudiantes aprendieron lo puede retomar la escuela, ya que aunque «en la casa se aprende, no se aprenden los saberes escolares”.
Además de un proceso de evaluación y acciones específicas para que los alumnos retomen la vida escolar y sus saberes, otro reto del regreso a clases presenciales es proveer a los docentes con «información sólida” desde lo institucional, con la finalidad de que estos puedan reacomodar —cognoscitiva y anímicamente— a sus estudiantes en las aulas.
“La escuela es el lugar en donde se acomoda la información que se convierte en conocimiento que se transmite a otros”. Por ello, el regreso a clases presenciales no sólo implica la necesidad de adaptar a los estudiantes, sino también de readaptar a los maestros para que logren que sus discípulos se conviertan en «embajadores de información científica y fidedigna”, comenzando con protocolos para que los docentes evalúen el nivel académico actual de sus alumnos y comiencen a trabajar con base en diagnósticos grupales, de acuerdo con Inclán, especialista en políticas educativas y didáctica cualitativa en la educación.
En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública (SEP) planea que el regreso voluntario a clases presenciales incluya una «valoración diagnóstica para conocer el avance del aprendizaje [del alumnado] y establecer un periodo extraordinario de recuperación” del nivel educativo, con la finalidad de evitar rezagos y atender y prevenir —con estrategias de flexibilización de ingreso, permanencia, tránsito y egreso en los diversos tipos y niveles educativos— el abandono escolar, se lee en un boletín (no. 181) fechado al 20 de agosto de 2021.
El aumento del rezago educativo y la deserción escolar en México están detrás de la decisión del Gobierno federal de acordar la reapertura de instalaciones educativas.
“Entre 2018 y 2020 a nivel nacional, el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pasando de 19.0 a 19.2 por ciento, respectivamente; sin embargo, se observó un aumento a nivel nacional del porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con la educación obligatoria. Además, se identifica que la inasistencia de la población que aún no completa la educación media superior aumenta tanto para la población de 3 a 15 años como para la población de 16 a 21 años, aunque de manera más pronunciada en el último grupo”, concluye al respecto uno de los últimos informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El déficit educativo causado por la implementación de políticas públicas de distanciamiento social para controlar la pandemia de COVID-19 en México tendrá un alto costo monetario si no es atendido oportunamente.
En 17 meses de clases a puerta cerrada, en México pudo haber habido un rezago educativo equiparable a dos años escolares. Mientras que previo a la crisis sanitaria los mexicanos tenían un nivel general de aprendizaje escolar similar al que se obtiene hasta tercero de secundaria, en la actualidad el conocimiento del promedio de la población mexicana equivale a primero de secundaria, de acuerdo con datos del Banco Mundial, de la Universidad Johns Hopkins y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El relativo retroceso del nivel de aprendizaje del promedio de la población se debe a que poco menos de la tercera parte de los habitantes de México están en proceso de formación escolar.
Los dos años de rezago educativo generarán pérdidas económicas por dos cuestiones fundamentales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Primero, porque las deficiencias en la calidad educativa limitarán el acceso a oportunidades de mejores ingresos de la población; y segundo, ya que habrá una fuerza de trabajo menos calificada, lo que limitará el desarrollo productivo de la economía nacional y en consecuencia, el bienestar social se verá minado.
En países como México, el rezago educativo y la posibilidad de una futura mano de obra menos calificada podría causar que los ingresos de la población se reduzcan —en toda su vida laboral— a un ritmo o tasa promedio anual de 7.5 por ciento.
En ese sentido, la OCDE calcula que en los próximos 80 años, la pérdida económica para México podría ascender a un monto acumulado de entre el 69 y el 136 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2019. Esto implica que México podría perder un potencial productivo de 0.9 a 1.7 puntos de su PIB cada año en las próximas ocho décadas.
Una pérdida económica anual de dicha magnitud sería equiparable, por ejemplo, a lo que el Gobierno federal devengó el año pasado (343.5 mil millones de pesos o el 1.5 por ciento del PIB) en el sector de Educación Pública, de acuerdo con la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la siguiente tabla es posible consultar los datos utilizados para la elaboración de este texto, entre ellos, los cálculos de rezago educativo y el costo económico de la pérdida de conocimientos escolares en México.
EL REGRESO A CLASES EN LOS ESTADOS
Para el ciclo escolar 2021-2022, la SEP calcula una matrícula de 37 millones 183 mil 677 personas a nivel nacional, que incluye a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, así como a la gente que está siendo capacitada para trabajar. El 82.4 por ciento de la matrícula (30 millones 656 mil 303 personas) corresponde a educandos de educación básica a media superior.
Hasta el corte del 24 de agosto de 2021, al menos 22 entidades federativas confirmaron que este lunes iniciarán con el proceso de transición de clases a distancia a clases presenciales; un cambio que será voluntario, paulatino y escalonado, lo que significa que en las primeras semanas o meses habrá grupos escolares que serán alternados durante la semana: un grupo de estudiantes que asistirá los días lunes y miércoles, además de otro que irá a clases los días martes, jueves y viernes.
Las 22 entidades federativas (de color verde en el mapa) que aceptaron regresar a clases concentran el 73.6 por ciento (27 millones 364 mil 731 personas) de la matrícula proyectada de estudiantes en México para el ciclo escolar 2021-2022.
En cambio, los seis estados (color gris) que hasta hoy no habían definido si retornaban o no a clases presenciales cuentan con un aproximado de 5 millones 43 mil 164 estudiantes registrados, equivalentes al 13.6 por ciento de la matrícula nacional.
De las entidades federativas restantes, Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz (color azul) anunciaron la posibilidad de regresar a clases presenciales (a corto plazo) una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, o cuando el semáforo epidemiológico esté en verde en las localidades que pretendan reabrir aulas. Por su parte, el Gobierno de Michoacán (color rojo) anunció que aún no existen condiciones para el regreso a clases.
Aunque no se sabe cuántos estudiantes regresarán este lunes, existe un antecedente que sirve de ejemplo para vislumbrar lo que podríamos esperar en el primer día de reapertura de aulas en gran parte del territorio nacional.
Entre el 7 y el 21 de junio de 2021, la SEP permitió cursos presenciales en 15 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Durante las primeras 24 horas de la primer reapertura «regresaron a clases presenciales alrededor de 1 millón 631 mil 235 alumnas y alumnos en 24 mil 406 escuelas de nivel básico hasta superior, de acuerdo a los datos proporcionados por las entidades del país y de la Ciudad de México”, se lee en un boletín (no. 113) de la SEP con fecha del 7 de junio de 2021.
La cantidad de alumnos que retornaron a clases presenciales el 7 de junio equivalió al 6.9 por ciento de la matrícula proyectada para el ciclo escolar 2020-2021 (23 millones 613 mil 816 personas) en los 15 estados referidos.
Si la situación ocurrida hace casi tres meses se repitiera de forma similar, este lunes 30 de agosto podrían regresar a clases casi 1.9 millones de estudiantes en las 22 entidades federativas que en el último mes aseguraron que se sumarían a la reapertura de escuelas.
RIESGOS Y MIEDO EN ESTE REGRESO A CLASES
Muchos alumnos y padres de familia no quieren regresar a las clases presenciales porque no están vacunados, porque hay personas en condición de riesgo en su familia, o porque simplemente tienen miedo de contraer coronavirus.
La experiencia pasada —la del regreso a clases del 7 de junio de 2021— indica que habrá contagios. Por ejemplo, cuatro días después de la reapertura de salones en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino confirmó tres casos confirmados de COVID-19 en dos escuelas públicas (en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac) y una privada (en Benito Juárez).
Entre el 18 de febrero de 2020 y el 24 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud registró 221 mil 716 casos confirmados de coronavirus en personas de cero a 19 años, que cubre los rangos de edad de estudiantes que cursan desde preescolar (tres años cumplidos) hasta el primer año de educación superior.
Lo anterior implica que cinco de cada mil personas entre cero y 19 años han contraído coronavirus desde que inició la pandemia. Aunque la tasa de contagios en este sector poblacional no es elevada, los jóvenes en edad escolar no están libres de riesgos e incluso son vulnerables a sufrir complicaciones graves de salud.
Las cifras oficiales indican que cuatro de cada 100 personas de cero a 19 años que contrajeron coronavirus (9 mil 90 casos) tuvieron que ser hospitalizados. Además hubo registro de 921 defunciones ligadas a la COVID-19, lo que supone que dos de cada 100 muertes de este grupo de edad fueron causadas por la pandemia.
Aunque regresar a las aulas implica un riesgo de contagios y recontagios, no es una situación excepcional considerando el contexto actual en que, a pesar del distanciamiento social y de las medidas sanitarias practicadas a diario, niñas, niños y jóvenes ya están expuestos a la enfermedad, sea porque salen en ocasiones de casa, o porque conviven en reuniones familiares o con personas que no están vacunadas y/o aisladas por diversas razones, entre ellas por la necesidad de salir a trabajar o recrearse.
Al respecto, Catalina Inclán Espinosa refirió que existe una contradicción y un miedo razonable, ya que se observa un agravamiento del riesgo de contagio por un factor adicional de exposición al coronavirus entre el alumnado, como lo es regresar a clases presenciales. Sin embargo, la pedagoga del IISUE-UNAM indicó que no es un problema que responde a lo que se debería hacer, sino a lo que los gobiernos están haciendo.
Por ello, Inclán explicó que a corto y mediano plazos el reto para el sistema educativo en México es y será retornar a clases con estándares sanitarios básicos —porque no hay forma de garantizar la salud en nuestro país o en el resto del mundo— y disponer y ejecutar un plan educativo que responda a las necesidades actuales de formación, para lograr que los educandos se desarrollen integralmente y se inserten en la sociedad, en beneficio de ésta.
“Hay mucho miedo, muchas contradicciones que tenemos los padres de familia, los maestros y las instituciones que guían los destinos escolares. […] Exigirle a un gobierno que tenga las cosas más ordenadas me parece sensato y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, pero exigir que nos dé garantías de cosas cuando esto [la pandemia] le cayó encima es difícil”.
Para la investigadora del IISUE-UNAM, mientras haya pandemia no habrá garantías, pero sí medidas sanitarias que dependerán de acciones organizadas entre escuelas, padres de familia, docentes y alumnado, como aspectos simples que van desde el adecuado uso de cubrebocas, el lavado constante de manos o el uso de gel sanitizante, hasta controles escolares y escalonamiento de clases, e incluso la responsabilidad de los padres de familia de estar atentos de sus hijos para evitar mandarlos a clases si hubiera presencia de síntomas.
No obstante, cada caso tendrá que ser evaluado por la diferencia de condiciones de contagio y de infraestructura educativa en todo el territorio nacional. No obstante, como todo lo que ha sucedido en pandemia, dependerá del riesgo que cada quien decida asumir —considerando que el regreso a clases es voluntario— y de que autoridades y ciudadanía se responsabilicen de un asunto que será constante en nuestro país: situaciones de emergencia educativa por causas de fuerza mayor, que implican estructuras de educación presencial y a distancia de manera intermitente.
México tiene que “empezar a pensar en instituciones y sistemas en condiciones de emergencia de todo tipo”. Existe miedo, reaccionamos como sociedad con parches ante la emergencia, pero también es obligatorio que haya protocolos para situaciones de apremio que partan de conocimientos empíricos, máxime para analizar y detectar dónde están las vulnerabilidad en las escuelas, concluyó al respecto Catalina Inclán Espinosa, especialista en políticas educativas.
De acuerdo con cifras del Inegi, durante el ciclo escolar 2020-2021 hubo 2 millones 311 mil 104 estudiantes que no asistieron a clases por cuestiones directamente relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esta cantidad de alumnos equivalió al 10.8 por ciento del número total de personas (21 millones 357 mil 104) de tres a 29 años que no se inscribieron al último ciclo escolar.
