En el marco del Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua contra el Aeropuerto en Santa Lucía interpuso dos amparos contra el proyecto por violar su derecho al agua y a la consulta libre, previa e informada. Y los pueblos de la Península de Yucatán, abordados por la Fonatur, temen que el turismo masivo por el Tren Maya los convierta en Cancún o Bacalar, donde su mano de obra barata genera riqueza a los empresarios foráneos.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador planea la construcción del Tren Maya, el Corredor Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» en Santa Lucía y la refinería Dos Bocas. Pero representantes de pueblos originarios acusan que estos megaproyectos son «pensados desde afuera con su propia concepción de desarrollo» sin una consulta libre, previa, informada ni culturalmente apropiada como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y el artículo 2 constitucional.
«Lo que nosotros sostenemos es que la cuenca de México ya no aguanta un megaproyecto más. Nosotros ni Texcoco ni Santa Lucía, sino el agua», aseguró Ricardo Ovando Ramírez, del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua contra el Aeropuerto en Santa Lucía que este mes interpuso dos amparos contra Santa Lucía con asesoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero en juzgados de Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México, ajenos al colectivo de la sociedad civil #NoMásDerroches que también ha solicitado amparos.
Tras la cancelación del proyecto de Texcoco, la obra de ampliación del Aeropuerto en Santa Lucía –actualmente suspendida por un Juez– se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro del país que conformará una triada de terminales aéreas con el actual Aeropuerto Internacional «Benito Juárez» de la Ciudad de México, al que se le construirá una tercera terminal, y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Tendrá tres pistas (dos de uso civil y una para operaciones militares) para realizar 190 mil operaciones aéreas anuales y atender a 20 millones de pasajeros cada año.
Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que «la promoción de amparos masivos» contra el aeropuerto civil-militar es «sabotaje legal» con «el propósito de que fracasemos, nos vaya mal», pero se aplicará «el principio de justicia pronta y expedita, porque es un asunto de interés nacional».
No obstante, el miembro del Frente de Pueblos Originarios aclaró que el mandatario «intenta meternos en un mismo costal, y dice que todos los que estamos en contra somos fifis ardidos porque se canceló el proyecto de Texcoco y son declaraciones deplorables».
El primer amparo del Frente es por violación al derecho de los más de 20 pueblos originarios de la zona de Tecámac, Zumpango y aledaños a una consulta basada en los estándares internacionales.
En octubre pasado, durante el periodo de transición, se realizó solo una encuesta ciudadana donde hubo más de 1 millón 67 mil votos a nivel nacional, de los cuales el 69.95 por ciento optó por el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía en vez del aeropuerto de Texcoco que la administración de Enrique Peña Nieto comenzó.
«Esa dizque llamada consulta no cumplió con los estándares internacionales porque no fue previa, libre, informada, de buena fe ni culturalmente apropiada en asambleas y sistemas comunitarios. Eso no sucedió. Ni siquiera se dio prioridad a los pueblos potencialmente afectados. Le preguntaron a gente de otros estados que, con todo respeto, no conocen nuestra problemática de la cuenca. Eso fue una simulación», afirmó Ricardo Ovando.
El Consejo Nacional Indígena ya había acusado desde la consulta en febrero sobre la termoeléctrica de Huexca, Morelos, –cuando días previos fue asesinado el activista opositor Samir García– que las consultas ciudadanas «están hechas a modo para concretar el despojo» y «la decisión ya está tomada por él [el Presidente Andrés Manuel López Obrador]».
En abril solo uno de los 20 poblados indígenas cerca de Santa Lucía, la comunidad de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, aprobó la ampliación y habilitación del aeropuerto mixto civil-militar en Santa Lucía, y autorizaron aportar las tierras ejidales y comunales de su propiedad por un pago de la contraprestación correspondiente.
Pero Ricardo expuso que no fue una consulta informada porque el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría del Medio Ambiente se publicó hasta julio, dos meses después.
El segundo amparo del Frente de Pueblos Originarios contra Santa Lucía es por la violación al derecho al agua y a un medio ambiente sano. «La Manifestación de Impacto Ambiental con la que la Semarnat autorizó la construcción de Santa Lucía reconoce que el acuífero está sobrexplotado, que el crecimiento urbano ha sido desmedido y desordenado, y que hay problemas de movilidad y contaminación», dijo el activista.
Desde inicios del 2000 se ha alterado el ciclo natural del acuífero Cuautitlán-Pachuca, donde se planea ampliar Santa Lucía, por el proyecto de Ciudades Bicentenario que generó la construcción de fraccionamientos de interés social conocidas como «ciudades dormitorio» por la lejanía de los centros de trabajo.
«Esa sobrexplotación del acuífero es causa directa de este desarrollo urbano insustentable y salvaje, y consideramos que la construcción de un aeropuerto vendría a ser el tiro de gracia para toda esta zona», advirtió Ricardo.
El activista explicó que el MIA plantea que ante la sobrexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca se traiga agua del cerro en el Valle de Metztitlán, Hidalgo, pero consideró que no es una solución porque la refinería de Tula, la descarga de aguas residuales de la Ciudad de México y las fábricas de Cemento ya implican una presión hidráulica para esa región.
«Están creando un problema socioambiental regional muy fuerte. Este proyecto es insustentable por donde sea vea», afirmó en nombre del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua contra el Aeropuerto en Santa Lucía.
«ESTÁN VENDIENDO NUESTRA CULTURA»
El Tren Maya, que a lo largo de 1,525 kilómetros y 15 estaciones pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, expone el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014.
«Lo que están vendiendo aquí es nuestra cultura. En este tipo de proyectos somos una cosa», dijo Wilma Esquivel Pat, vicepresidenta del Centro Comunitario U Kuuchil K Chibalom y habitante de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Se planea una inversión de entre 120 y 150 mil millones de pesos para «incrementar la derrama económica del turismo» en la Península de Yucatán, crear empleos, y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
«El Gobierno sigue haciendo esto de traer proyectos que se piensan desde fuera y no están pensados para reforzar a la comunidad y autonomía de los pueblos. Piensan más en el turismo masivo y el grueso del dinero se lo llevan los grandes empresarios. Al final terminamos siendo siempre la mano de obra barata para que unos cuantos se enriquezcan», afirmó la maya.
Una parte de la ruta pasará por vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos ya existentes, y se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas, plantea el Plan Nacional de Desarrollo.
No obstante, para la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal «las farsas llamadas consultas indígenas representan una falta de respeto para nuestros pueblos» porque dada su autonomía no necesitan que una institución de gobierno les pregunte lo que ya está decidido, pero «lo que buscan las empresas es el consentimiento para que empiecen a construir su proyecto».
Representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) han realizado el espacio «El Tren que nos une» con las comunidades de la Península de Yucatán, pero al omitir los contras solo han generado confusión, división y preocupación de que se generen centros urbanos como Cancún o Bacalar, donde por el turismo masivo los mayas trabajan en restaurantes u hoteles lejos de sus poblados con ganancias solo para las empresas; y se ha acumulado contaminación, deforestación e inseguridad.
«Una manera fácil de vender la idea ha sido por medio de promesas y el discurso es que aquí no hay progreso por lo que el desarrollo y crecimiento va a llegar con este gran proyecto. Al venderlo de esa forma, algunos dicen que sí y otros cuestionan qué cambios va a traer», dijo Wilma Esquivel Pat, vicepresidenta del Centro Comunitario U Kuuchil K Chibalom y habitante de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
«Pero cuando se le pregunta a Fonatur por el impacto ambiental, siguen hablando de sus puentes que pasarán por encima de las carreteras y que se utilizarán vías ya existentes. Pero la realidad no es tan simple como ellos lo plantean», agregó Esquivel Pat. «Las comunidades se preguntan qué va a pasar con la tierra, a quién le pidieron permiso, dónde va a pasar la vía y si pasará en su territorio, cuánta gente va a llegar. Toda esta idea de desarrollo no se formó desde las comunidades».
