La CNDH señaló que la consulta es un ejercicio de las libertades y de participación ciudadana, que es importante para la democracia y señaló que es un acto a favor de la ciudadanía.
Ciudad de México, 30 julio (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México respaldó este viernes la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto con la que se pretende enjuiciar a los expresidentes del país porque «da voz al pueblo».
En un comunicado el organismo autónomo afirmó que el objetivo de este mecanismo de participación ciudadana es poder «dar voz y voto al pueblo», y generar conciencia sobre una deuda histórica y de aplicación de la justicia.
Señaló que la consulta es un ejercicio de las libertades y de participación ciudadana, que es importante para la democracia y señaló que es un acto a favor de la ciudadanía.
Asimismo, destacó la labor del Gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Instituto Nacional Electoral (INE) en la difusión, promoción y desarrollo de la consulta popular.
La #CNDH hace un #Pronunciamiento expreso respecto de las condiciones, alcances y garantías en torno de la #ConsultaPopular del 1o de #Agosto.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/5yoh8HXzwv
— CNDH en México (@CNDH) July 30, 2021
Este domingo, los mexicanos podrán participar en la consulta que impulsó el actual mandatario para enjuiciar por corrupción y otros delitos a sus predecesores, que él define «del periodo neoliberal», Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta para omitir los nombres de los expresidentes y consultar de forma más general sobre el esclarecimiento de acciones «del pasado».
La CNDH puntualizó que ha empleado labores, mecanismos, programas e incluso ha generado áreas específicas internas dedicadas a hacer una observancia a etapas históricas.
«En una línea de acontecimientos recientes y no tan recientes» para generar un proceso similar que se centre en investigar, esclarecer y solicitar el acceso a la justicia de las víctimas.
Recordó que en enero de 2020 se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.
Dicha área busca la reivindicación del derecho a la memoria y a la justicia, respecto de actos violatorios graves por parte de agentes del Estado.
Explicó que en el periodo 1994-2018 ha emitido un total de 3.299 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, a las que les está dando puntual seguimiento con el acompañamiento a las víctimas hasta lograr Justicia, reparación integral y la garantía de no repetición.
Recordó el caso de la recomendación emitida por el «Caso Iguala» sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», donde se acordó la extinción de la llamada Oficina Especial para el caso.
Señaló que ahora se trabaja en coadyuvancia con las víctimas indirectas, de la mano de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, tratando de aportar y fortalecer las nuevas investigaciones, de las que se esperan resultados claros y más certeros
que los obtenidos hasta 2018.