Previo al arranque de los juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la brutalidad policial desangra ese estado brasileño; mientras, las páginas del último dossier del Comité Popular de Río de Janeiro para la Copa Mundial y las Olimpiadas denuncian además, que al menos 4 mil 120 familias han sido desalojadas de sus casas y 2 mil 486 han vivido bajo esa amenaza por proyectos relacionados directa o indirectamente con los Juegos. Sin embargo, ahí no acaban las violaciones de derechos humanos relacionadas con la justa deportiva. La misma organización denuncia que también se están produciendo desapariciones de personas sin hogar en algunos de los espacios públicos donde se celebrarán competiciones deportivas.
Por Patricia Martínez Sastre
Ciudad de México, 30 de julio (ElDiario.es/SinEmbargo).- Peluches que simbolizan los tractores que han arrasado, estos últimos dos años, con cientas de favelas en Río de Janeiro. Un puzzle que recompone el coche tiroteado 111 veces por la Policía Militar en el que fueron asesinados cinco jóvenes del suburbio de Costa Barros, zona norte de Río de Janeiro. O sandalias con la estampa de negros siendo cacheados por su color de piel de camino a la playa. Estos son algunos de los polémicos «anti-souvenirs» olímpicos creados por el humorista y artista brasileño Rafael Puetter, conocido como Rafucko. Instantáneas cotidianas para el conjunto de la sociedad brasileña y que muestran el grado de represión policial existente en la inminente sede olímpica.
La brutalidad policial desangra el estado de Río de Janeiro, cuya mortandad se cobró la vida de 645 personas solo en el año 2015: el 77.2 por ciento era de raza negra o mestizo. En concreto, el año pasado, uno de cada cinco homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio. En lo que llevamos de 2016, más de 100 personas ya han sido asesinadas por estas fuerzas armadas, en su mayoría jóvenes negros y procedentes de las favelas, según denuncia Amnistía Internacional. Esta realidad de muerte e impunidad, reservada a las áreas más desfavorecidas de la Ciudad Maravillosa, no parece que vaya a mejorar de cara a las Olimpiadas, en las que se espera que unos 85 mil agentes —entre policías y militares— garanticen la seguridad pública.
«Cuando Río fue galardonado con los Juegos Olímpicos en 2009 las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En lugar de ello, hemos visto 2 mil 500 personas asesinadas por la policía desde entonces y muy poca justicia», afirma Atila Roque, director de Amnistía Brasil. Este clima de impunidad bajo el que, según la ONG, en numerosas ocasiones se esconden ejecuciones extrajudiciales, es también denunciado por la organización Human Rights Watch en su último informe. Según este estudio, las amenazas a testigos o las alteraciones del escenario del crimen añadiendo pruebas falsas son algunas de las prácticas habituales para encubrir el uso ilegal de la fuerza letal.
VOCES DESDE LAS FAVELAS
«No voy a tener tiempo de animar a Brasil en los Juegos. Estaré atenta y preocupada con mi familia y con los habitantes de (la favela de) Manguinhos por causa de la violencia policial. Para los pobres, lo que nos queda es un legado de dolor, sangre y lágrimas», escribió hace unos días para la columna feminista #AgoraÉQueSãoElas («Ahora son ellas»), del diario Folha de S.Paulo, la pedagoga Ana Paula Oliveira desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
Oliveira ha viajado desde Río hasta Europa con la única misión de denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las consecuencias fatales que tales megaeventos ocasionan en la vida de sus ciudadanos más humildes. Denunciar la militarización de sus barrios y hogares, la exclusión a la que son sometidos con el fin de mostrar «una ciudad bonita» a los turistas o la muerte de cientos de jóvenes de las favelas. Ella lo ha vivido en primera persona. Su propio hijo fue asesinado por la policía militar un mes antes del Mundial de Fútbol, en mayo de 2014.
«Es verdad que estar en Europa ya es una gran victoria, es salir de la favela hacia el mundo con la responsabilidad de representar a millares de madres. Para nosotras, que vivimos en la invisibilidad, poder dar voz a nuestros niños es muy importante. Tengo la esperanza de que las personas escuchen lo que tengo que decir y se empeñen en cambiar esa realidad», continúa Ana Paula. Una realidad de crímenes impunes y violaciones de derechos que hoy busca oídos.
La atención mediática que toda Olimpiada genera es uno de los pocos factores positivos con los que Theresa Denise Williamson, fundadora de la ONG Catalytic Communities, se complace: «Nunca antes la sociedad civil carioca ha estado tan fuerte, informada, consolidada y unida. La visión internacional de lo que es Río ahora se asemeja más con la realidad de la ciudad, lo que creará un estímulo de cambio entre una élite muy preocupada con su reputación en el extranjero», afirma Williamson, quien también lucha por transformar esa imagen internacional a través del medio alternativo RioOnWatch, donde da visibilidad a lo que sucede en las favelas .
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
«Las personas a veces piensan en el pobre como basura que debe ser retirada. No somos basura. Somos personas con derechos que tienen que ser respetados», explica una orgullosa María da Penha, símbolo de resistencia de la comunidad Vila Autódromo. Esta favela, colindante con el Parque Olímpico, ha visto su población reducida de 600 a 20 familias en apenas dos años. Pocos vecinos lucharon por su derecho de permanencia, los mismos pocos que hoy pueden celebrar que se quedan. La mayoría aceptó una indemnización o se mudó al complejo ocupacional Parque Carioca.
Un incierto tira y afloja que, lejos de ser una excepción, se repite en muchos otros asentamientos irregulares amenazados por la hambrienta reestructuración y revalorización urbana que asolan la ciudad. Comunidades históricas como la Favela do Sambódromo, Vila das Torres o Largo do Campinho ya han sido demolidas. Otras, como la Vila União de Curicica o la Colonia Juliano Moreira —esta última amenazada por el trazado de la novedosa BRT Transolímpica, un carril exclusivo para autobuses exprés— han sido mermadas poco a poco.
Las páginas del último dossier del Comité Popular de Río de Janeiro para la Copa Mundial y las Olimpiadas denuncian que al menos 4 mil 120 familias han sido desalojadas de sus casas y 2 mil 486 han vivido bajo esa amenaza por proyectos relacionados directa o indirectamente con los Juegos.
«Debido a estos desalojos muchos niños están viviendo en condiciones deplorables: sin acceso a agua, infraestructuras o posibilidad de ir a la escuela. Esto significa que podrían convertirse en víctimas de explotación, trabajo infantil o violencia sexual», alerta la Federación Internacional de ONG Terres de hommes, centrada en los derechos de los niños. El fantasma del velado turismo sexual, que ya repuntó durante la Copa del Mundo, junto al flagrante trabajo infantil —que afectaba a 554 mil niños de entre 5 y 13 años en todo Brasil, según datos de 2014— constituyen, una vez más, los principales miedos.
Tampoco acaban aquí las violaciones de derechos humanos relacionadas con los Juegos Olímpicos. La misma organización denuncia que también se están produciendo desapariciones de personas sin hogar en algunos de los espacios públicos donde se celebrarán competiciones deportivas. En solo dos meses, de diciembre a febrero de 2016, unas 209 personas sin hogar han sido retiradas y 869 detenidas, según datos de la Secretaria de Estado.
«No estoy en contra de las Olimpiadas, pero sí en contra de utilizar un megaevento para hacer higienización social; para excluir y empeorar la vida de las personas que ya viven en una precariedad inmensa», concluye con indignación Nathalia Silva, vecina de la combativa Vila Autódromo. «Hay que acabar con esa podredumbre oculta tras los Juegos».
