Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Los pueblos indígenas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, de la región de la Huasteca y la Sierra Oriental han resistido por más de 500 años el saqueo y a la destrucción de la vida campesina. Ahora, con la implementación de la Reforma Energética, la explotación de minerales, tierras, agua y los atentados contra los usos y costumbres se convertirán en algo totalmente legal, lo que causará división social y empobrecimiento, acusaron ayer organizaciones defensoras de los derechos humanos de comunidades indígenas.
“El camino que el gobierno mexicano ha escogido es de entregar nuestra tierra a las empresas, dejando los recursos y las ganancias en unas cuantas manos, poniéndole signo de pesos a nuestras semillas, símbolo y carne del pueblo“, expresaron los grupos civiles.
Ante la lucha constante entre comunidades y empresarios que intentan explotar los recursos naturales y en el reciente debate entorno a la Ley de Hidrocarburos, (legislación que el lunes pasado fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y turnada al Senado ) las organizaciones reiteraron sus demandas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
“Estamos aquí en medio de todos los cambios legislativos que están colaborando para la devastación del país, en el marco amplio del proceso del TPP, cuyo capítulo se está desarrollando en México desde hace dos años», explicó Alfredo Zepeda González de Radio Huayacocotla, Veracruz.
El integrante de la pequeña comunidad –que alberga cerca de 5 mil habitantes– detalló que en noviembre de 2013, el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió a comunidades de toda la región del norte de Veracruz , e Hidalgo que a través de la organización de parteras náhuatl de la huasteca hidalguense, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, el ejido Emiliano Zapata de la Sierra del Totonacapan, la comunidad de Naopa, Molango, Hidalgo, entre otras, dieron a conocer las violaciones a los derechos humanos que el gobierno federal no ha querido atender.
«Fue una pre audiencia multitemática porque son muchas las agresiones de los gobiernos respecto de los pueblos indígenas que habitan esas zonas, que son pueblos náhuatl, otomí, tepehua, totonaco y huasteco «, agregó.
El eje temático que las comunidades indígenas abordaron ante el Tribunal fue la devastación de la vida comunitaria , «porque desde diferentes flancos, el Estado mexicano, por una parte se manifiesta como abandono de las comunidades y por otra parte con una dinámica de agresión».
Zepeda González agregó que con las nuevas disposiciones, también hay una dinámica de expropiación del territorio, de los haberes y de la riqueza natural «que el gobierno llama recursos naturales, que son el patrimonio de la madre tierra para los pueblos indígenas, y no sólo recursos», expresó.
El activista refirió que la devastación más vieja ha sido la del petróleo, «pero ahora vienen por todo, decimos, por las minas y para acabar con la biodiversidad de todos los ecosistemas del Golfo de México», y explicó que otro gran problema que enfrentan las comunidades rurales es la división social que comienza a gestarse por la intervención de las empresas quienes sólo buscan el dinero sin medir el impacto social que trae sobre las comunidades.
El comunero explicó que incluso los programas sociales que ofrece el gobierno federal, como Oportunidades y Procampo, a parte de crear división social son también mecanismos de control sobre los campesinos porque » si denunciamos las irregularidades o violaciones que hacen la empresas, nos quitan el apoyo del gobierno», acusó.
En noviembre de este año, el Tribunal dictará la sentencia final respecto a todas las violaciones a los derechos humanos de los pueblos que recabó durante dos años » por ello la importancia de hacer de nuevo un pronunciamiento sobre lo que está pasando en nuestras comunidades», explicó el integrante de radio Huayacocotla.
TALA INDISCRIMINADA
En la conferencia de prensa donde los representantes de las organizaciones expusieron sus casos, Filiberta Nevado Templos, de la Cooperativa Ocotenco, dijo que el estado de Hidalgo, Zacacautla y Singuilucan son zonas de bosque que han sido devastadas por la tala de clandestina de árboles «misma que es propiciada por las autoridades», dijo.
Nevado Templos detalló que un gran problema es que no existe una regulación sobre la tala, ya que «lo manejan como algo sustentable, y no es así. Llega una persona con el permiso de talar tres hectáreas de bosque y arrasan con todo, no les importa nada, todo se lo llevan y no ven que devastan la biodiversidad», y explicó que entre esas especies se mueren las plantas medicinales que utilizan las comunidades .
La activista explicó que un talador tiene la obligación de plantar más árboles, sin embargo, no lo hace conforme a las especies que se llevó y sólo siembra pino pátula que causa plagas, además de que las plantaciones son de 30 a 40 años por lo que esos árboles «ya están condenados a morir».
Filiberta Nevado agregó que aparte autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), tampoco ha hecho nada para intervenir la tala irregular de los bosques.
MINERÍA
Las organizaciones denunciaron que las empresas y el gobierno difunden información de manera imprecisa sobre los beneficios de la minería, en tanto que las comunidades afectadas por su presencia experimentan dificultades a causa del incumplimiento de los compromisos y por las afectaciones.
En ese sentido, Diana Mata, de la comunidad de Naopa, Hidalgo, denunció que la actividad minera por parte de la compañía Autlán está afectando la salud de los habitantes debido a la liberación de gases tóxicos que dañan principalmente a los niños.
La joven, que también colabora en una organización para la educación de menores, agregó que la compañía no se ha hecho cargo por los daños provocados en sus casas en la trasportación de materiales, además de que a sus trabajadores no les ofrece un seguro médico, cuando las actividades que llevan acabo son de alto riesgo.
Ante dichas condiciones laborales, los habitantes de Naopa se han manifestado en contra de la compañía, sin embargo, la empresa se ha encargado de «comprar a los trabajadores con televisiones u otras cosas», acusó, por lo que crean división social entre los comuneros.
Diana Mata también dijo que la empresa regaló uniformes de basquetbol a sus trabajadores para que tuvieran un equipo. Aquella factura mostró un gasto de 200 mil pesos.
Los habitantes de Hidalgo explicaron que también la empresa ha cerrado caminos «luego es de noche, los tractores que utilizan los cambian de lugar e impiden el paso, por lo que demandamos derecho al libre paso».
EXPROPIACION DE LA TIERRA
Perdo Hernández Flores, integrante de la organización defensora de la Huasteca y la Sierra Orienta, dijo que en su lucha por la tierra ha habido 250 personas asesinadas y denunció el deliberado despojo que trae la Ley de Hidrocarburos.
Hernández Flores explicó que aunque los trabajadores logran recuperar sus espacios, estos les son de nuevo arrebatados por las autoridades por que «la ley dice que ya son propiedad de la nación y nos dan 24 horas para que lleguen las perforaciones de los pozos».
Explicó que si no hay trabajo en el campo, los jóvenes comienzan a migrar a Estados Unidos donde se les otorgan mejores oportunidades para el cultivo.
El activista dijo que la tierra » es una madre que nos da alimento día, no es una mercancía», aseveró.
» YA NO HAY NIÑOS»
Irma Martínez Martínez, defensora de las parteras del municipio de Huautla, Hidalgo de la Huasteca, acusó que el gobierno federal haya implementado campañas que pretenden esterilizar a las mujeres sin una consulta previa y denunció que los niños de esa comunidad «se están acabando» a causa que las mujeres ya no pueden tener hijos.
«Se nos están acabando los niños de los municipios porque en nuestra comunidad hace quince años nos empezaron a vacunar cuando supuestamente nosotros éramos fértiles y no entendíamos porqué lo hacían», expresó.
«En mi comunidad sólo hay dos niños en el kínder y ocho o diez en la primaria en todo el municipio de Huautla», agregó.
La activista explicó que al no existir una consulta se violan derechos de las mujeres «porque no las dejan decidir […] a veces nos la ponen a la fuerza», denunció.
Sin embargo, el Artículo 4º expresa: «Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos».
Martínez agregó que también se violenta el trabajo de las parteras por lo que ya se comienzan a manifestar y explicó que temen por su trabajo, además de que las autoridades sanitarias no permiten que las mujeres den a luz en sus hogares si así lo decidieran, lo que para las comunidades indígenas representa un riesgo para sus costumbres porque «expropian el saber», explicaron los integrante de la Organización de Parteras Náhuatl.
Finalmente, los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas descartaron algún tipo de levantamiento o guerrillas ante la explotación y expropiación de las tierras, pues expresaron que «el pueblo indígena es inteligente, defiende la vida, por ello busca el diálogo y evita la violencia».
