Organizaciones que dan acompañamiento a comunidades rarámuris, que luchan contra la tala clandestina, el despojo y la inseguridad, denunciaron cómo la presencia del crimen organizado y la violencia que genera no son nuevas en la región, pero ahora la situación se ha exacerbado porque las estructuras criminales han extendido su dominio y han aumentado su presencia, manteniendo a varias comunidades aterrorizadas.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La delincuencia organizada ha extendido sus tentáculos por la Sierra Tarahumara, que desde hace años ha mantenido bajo acecho. Lejos de ser combatido, el crimen organizado ha ganado terreno y se expande a diversos sectores más allá del trasiego de droga, como por ejemplo en diversas actividades económicas y hasta ha permeado en el ámbito político y ejidal, de acuerdo con testimonios de organizaciones civiles que están instaladas en esta región del país.
El asesinato de los dos padres jesuitas Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años y un guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, dentro de la parroquia de Francisco Xavier en Cerocahui, Urique, ha puesto en el reflector nacional, e incluso internacional, la problemática a la que se enfrentan diversas comunidades indígenas en el estado de Chihuahua.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la organización Amnistía Internacional condenaron, por ejemplo, este crimen: “El asesinato de estos dos reconocidos sacerdotes nos recuerda la situación de violencia extrema y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
El propio papa Francisco también lamentó los hechos y expresó: “¡Cuántos asesinatos hay en México!”, afirmó. “Una vez más, repito que la violencia nunca resuelve los problemas, sólo aumenta el sufrimiento inútil”.
Chihuahua ocupa el séptimo lugar de los estados más violentos del país, debajo de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, según cifras oficiales.
La violencia en aquella entidad había registrado una tendencia al alza desde el año 2015. Tan sólo en el periodo del Gobernador panista Javier Corral, los homicidios dolosos se dispararon de mil 470 asesinatos, cuando asumió el cargo en octubre de 2016, a mil 431 en el año 2021, es decir un alza de al menos 60 por ciento.
En tanto, en los primeros cinco meses de este año, ya en el mandato de la también panista María Eugenia Campos, la entidad registra al menos 728 personas asesinadas.
SinEmbargo buscó la postura del Gobierno de Chihuahua frente a las denuncias que hicieron las activistas consultadas sobre el control que tiene el crimen organizado en diversas actividades, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
LA VIOLENCIA AZOTA LA SIERRA
Activistas de derechos humanos denunciaron que el crimen organizado tiene control casi total en la zona debido a la impunidad y la corrupción. Dijeron que la presencia de grupos delictivos y los constantes hechos violentos no se pueden entender sin la complicidad de las autoridades.
Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, y Diana Villalobos, de CONTEC, quienes dan acompañamiento a las comunidades rarámuris que luchan contra la tala clandestina, el despojo y la inseguridad, compartieron que la fuerte presencia del crimen organizado y la violencia que genera no son nuevas, pero ahora la situación se ha exacerbado porque las estructuras criminales han extendido su dominio y han aumentado su presencia, manteniendo a varias comunidades aterrorizadas.
“Hay un problema severo en la Sierra Tarahumara de impunidad y seguramente de corrupción y colusión de las autoridades con los integrantes del crimen organizado porque no se explica de otra manera este control que ejercen sobre sobre las actividades económicas”, indicó Diana Villalobos.
“A mí me parece que para que haya crimen organizado debe de haber infiltración a la clase política y al poder político. No puede existir el crimen organizado en la magnitud que existe si no tiene infiltrados los diferentes espacios del poder político”, coincidió Isela González.
Hernán Quezada, integrante del equipo de gobierno de la comunidad jesuita, explicó la semana pasada, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, que el asesinato de sus compañeros jesuitas es producto de años de deterioro de la vida y seguridad en la Sierra Tarahumara.
Además, dijo, este hecho demuestra que la violencia ha llegado a un punto en el que ha sobrepasado ciertos límites que se creían irrompibles, como el atentar contra la vida de dos sacerdotes.
“No es problema únicamente el asesinato, sino es resultado de muchos años de deterioro de la vida de las personas, de la seguridad en la Sierra Tarahumara, es una exacerbación de la violencia que hoy la vemos expresada en esta situación, no al punto de que fueron asesinados dos sacerdotes solamente, sino que eran Joaquín y Javier dos jesuitas que tenían décadas en la Sierra Tarahumara, que tenían una autoridad moral entre la gente, que hablaban la lengua, sumamente amados, respetados por toda la gente de la región y el ser alcanzados por la violencia cruza una línea que nos muestra esta exacerbación de la violencia, este rompimiento de ciertos límites que a lo mejor imaginábamos, pero que hoy nos queda muy claro que se desdibujaron”.
Diana Villalobos e Isela González explicaron que el narco ha aumentado su interés en los territorios indígenas no sólo para el trasiego de droga, sino que ahora controlan ejidos completos y a sus autoridades ejidales a quienes extorsionan. Además, aseguraron, también ha ampliado su injerencia en diversas actividades como la tala clandestina e incluso la venta de cerveza en la región.
“Han diversificado sus actividades y control de los ejidos. Controlan todo: las carreteras, los vendedores de refrescos y cerveza; los que llevan víveres, pero no sólo eso, controlan también los ejidos y a los ejidatarios. Están utilizando permisos de aprovechamiento forestal, les piden a los ejidatarios cuotas y de eso van bajando la ‘utilidades’, cómo les llaman ellos”, ejemplificó la directora de Alianza Sierra Madre.
“Nosotros lo que hemos observado en los últimos años es, por ejemplo, el control de la venta de cerveza. Eso algo muy evidente en muchos lugares, que quién la controla es el crimen organizado. Otra de las actividades es la tala ilegal, para la venta de madera y para ocultar los cortes ilegales”, confirmó Diana Villalobos.
La tala ilegal, de acuerdo con las defensoras, se ha agravado en la zona porque nadie lo atiende debido a que no existe una legislación para erradicarla, ni regular la venta de madera y mucho menos castigar a las empresas y a quienes cometen estos delitos.
Isela González abundó que desde el año pasado la tala ilegal se ha visto principalmente en la región de Bocoyna. Ahí, abundó, también se han elevado los incendios provocados. “Entendemos que los incendios los provocan para destruir las evidencias de la tala clandestina”, dijo.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Las activistas también denunciaron que otro problema en la Sierra Tarahumara es el desplazamiento forzado, el cual, desde octubre de 2021 a la fecha se ha incrementado, derivado de enfrentamientos armados y amenazas que les llegan a los pobladores a sus teléfonos en los que alertan de balaceras en la Sierra.
“Si uno revisa la prensa, ve que estos desplazamientos que se han dado en los municipios de Uruachi y Guadalupe y Calvo, donde ha habido muchos enfrentamientos que provocan que la gente tenga que salir”, dijo Villalobos.
Los asesinatos de defensores ambientales originaron una fase de desplazamiento en las comunidades de Monteverde, El Manzano y Coloradas de la Virgen, detalló González.
“Ya había habido periodos de desplazamiento forzado, aunque no tan visibles; pero, desde octubre del año pasado (en ese periodo rindió protesta la Gobernadora María Eugenia Campos) se vieron tres períodos de desplazamiento de decenas de familia en Guadalupe y Calvo, y esa información es pública”, dijo.
Otro de los motivos por los que se generaron desplazamientos forzados, dijo, es porque en las comunidades reportaban enfrentamientos en la zona de los Alisos San Fernando y otras comunidades. “A nosotros nos escribían (la gente de las comunidades) y nos pedían apoyo porque estaban huyendo de las balaceras y enfrentamientos”, narró Isela.
A todo esto hay que sumar cómo el asesinato de los de los jesuitas y el guía de turistas, abundó la activista Isela González, cimbró la zona.
«Es como cuando nos cimbró el asesinato de Isidro Baldenegro, Julián Carrillo Martínez y Juan Ontiveros que fueron asesinatos emblemáticos de los defensores del territorio y medio ambiente. Ahora lo de los jesuitas nos vuelve a cimbrar”, dijo.
La novena edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney, presentado el pasado 16 de junio, reveló que en el 2021 se habrían registrado 44 mil 905 desplazados en todo el año pasado.
“Las personas que huyen de sus hogares en busca de mayor seguridad se han convertido en un tema de mayor preocupación en México durante el último año”, subraya el informe y destaca que entre 2016 y 2020, más del 97 por ciento de los desplazamientos registrados ocurrieron en seis estados: Guerrero, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca.
PIDEN CAMBIAR ESTRATEGIA Y ROMPEN DIALOGO CON MARU
La comunidad jesuita en México hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para atender de fondo el problema de la violencia que acecha desde hace varios años a la Sierra Tarahumara, luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El sacerdote jesuita Javier Ávila externó, durante los cortejos fúnebres, que México es un país “invadido por la violencia y por la impunidad”.
“Respetuosamente pido, pedimos, al señor Presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública. No vamos bien y esto es clamor popular[…] Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, son parte de las palabras que ha externado públicamente el párroco.
Además, Javier Ávila anunció en una entrevista con La Jornada que los jesuitas rompieron el diálogo con Gobierno de Chihuahua ante inacción en materia de seguridad y porque no han aparecido los dos jóvenes que fueron privados de la libertad tras el múltiple homicidio.
“Rompo ese diálogo, no tiene sentido seguir hablando si no se resuelven los problemas […] Hoy corto cualquier diálogo con el Gobierno del estado de Chihuahua, hasta que no aparezcan estos jóvenes. Su madre clama por ellos. Ya pasaron ocho días. A mis hermanos Javier Campos y Joaquín Mora los encontraron en 72 horas y lo agradezco de corazón. Pero a estos muchachos, ¿por qué no? ¿Por qué no salió en la prensa? ¿Por qué no fue una bomba internacional como lo de los jesuitas? ¿Quieren colgarse la medallita de que son muy efectivos?”, dijo.
Isela González explicó que la Gobernadora María Eugenia Campos, desde su llegada al Gobierno de Chihuahua, ha sido “muy insensible”. «No le interesa mucho reunirse con quienes están trabajando una agenda social eso lo dijo públicamente el vicario de la tarahumara Héctor Fernando”, detalló la activista.
SinEmbargo también buscó la postura del Gobierno de Chihuahua sobre esta ruptura del diálogo, pero tampoco obtuvo respuesta.
