Bajo el escenario más catastrófico en medio de la tormenta por la COVID-19, alrededor de 9 millones más de mexicanos vivirán en pobreza extrema sin ingresos para comer. A diferencia de la crisis financiera de 2008-09, el apoyo debe enfocarse a ellos y no a los grandes empresarios, determina Lina Pohl, representante de la FAO México.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Por la crisis sanitaria y económica, el retroceso en la lucha contra el hambre ha sido histórico en América Latina, incluyendo México. «Esa es la gran tragedia», sentencia del otro lado del teléfono Lina Pohl, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México desde febrero del año pasado.
Por ello, dice en entrevista con SinEmbargo, la lección frente a otras crisis, como la financiera de 2008-09, es no enfocar los subsidios a los grandes empresarios porque el resultado fue mayor desigualdad, pobreza y hambre. Esta vez, más de una década después, se debe priorizar a las millones de personas que caerán en la línea de pobreza y pobreza extrema a través de transferencias transparentes y no condicionadas, para incentivar la capacidad de consumo.
«México ha tenido un retroceso histórico en su lucha contra el hambre. Se va a perder en pocos meses lo que se había logrado en dos décadas», afirma Pohl. «Por supuesto que hay que ayudar a ciertas empresas para que continúen funcionando y tengan liquidez. Pero el foco principal, la prioridad que debe haber, es atender a esta gente que va ingresar a la línea de la pobreza extrema. No se vale. No se puede desatender».
El informe de la FAO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) «Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria» estima que en México habrá 9 millones de personas más en pobreza extrema y, agrega, la reducción de remesas provenientes de los Estados Unidos podría exacerbar los problemas de hambre entre las poblaciones que dependen de ellas especialmente en las zonas rurales.
La exministra de Medio Ambiente de El Salvador (2009-2014), Lina Pohl, añade una previsión positiva: por las lluvias de este año no hay riesgo de la pérdida de cultivos. Incluso, hasta ahora –y subraya hasta ahora– la producción y abasto de alimentos no es un problema. Hay oferta y reservas. Y de cara al T-MEC, desde la FAO estiman que el sector agrícola está preparado para arrancar.
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–Considerando la crisis sanitaria, económica y climática, ¿desde la FAO qué panorama prevén para la producción de alimentos, la cadena de suministro y el abasto tanto en México como en América Latina?
–Estamos viendo por ahora –siempre decimos por ahora porque no sabemos cuánto continuará la crisis sanitaria– que esta pandemia nos encuentra en términos de oferta de alimentos en un buen momento. Tenemos una situación climática favorable. No vemos por ahora importantes impactos; tenemos un buen periodo de lluvia y por tanto una buena producción. Estamos también con reservas suficientes, sobre todo en términos de cereales, maíz, frijol… Hay una buena producción y una buena capacidad de almacenamiento, si no la pandemia sería un tema todavía mucho más grave del que tenemos hasta ahora.
–Tomando en cuenta el aumento en el número de personas en situación de pobreza por la COVID-19, ¿cómo se comportará la desnutrición y el hambre en México?
–Esa es la gran tragedia que estamos viviendo. Esa es la gravedad del problema actual. Como FAO hemos presentado un informe reciente de cómo evitar que la crisis por la COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria. Hemos dicho que América Latina y México han tenido un retroceso histórico en su lucha contra el hambre. Se va a perder en pocos meses lo que se había logrado en dos décadas. Así de grave es el problema. Ya veníamos trayendo durante siete años un lento crecimiento de la economía en toda la región, y México no ha sido la excepción. Pero con la pandemia vamos a tener una caída regional del Producto Interno Bruto (PIB) de -5.3 por ciento, y México es uno de los países más afectados dentro de América Latina y el Caribe con alrededor de -6 por ciento del PIB. Eso significará en la región un aumento en la pobreza extrema de 16 millones de personas más con relación a 2019. ¡16 millones de personas que no tendrán ni siquiera para comprar alimentos!
En esta región decir que las personas entrarán en pobreza extrema es decir que son personas que van a entrar a un nivel de inseguridad alimentaria y a un nivel de hambre, porque muchos de sus recursos los aplican en la compra de alimentos. Imagínate 16 millones de personas más. Y en México no es un tema menor. En los peores escenarios que plantea la Cepal –y que desafortunadamente se están cumpliendo– 9 millones de personas ingresarán a estos niveles de pobreza extrema. Estamos hablando de una crisis muy grave.
–Ustedes están manejando el concepto del «bono contra el hambre», ¿en qué consiste?
–Se prevé que sobre todo aumentará la pobreza extrema rural, lo que afectará al 25 por ciento de la población rural en la región, es decir, una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe, y también en México, va a vivir en condiciones de pobreza extrema. Nosotros estamos planteando 10 recomendaciones y, la más importante, es un bono contra el hambre para la población vulnerable. Esto debe ser adicional al ingreso básico de emergencia propuesto por la Cepal. Este bono tendría que materializarse en transferencias monetarias, en canastas o en cupones de alimentos durante seis meses para las personas en pobreza extrema. Debe ser equivalente al 70 por ciento de la línea de pobreza extrema regional, esto es alrededor de los 47 o 50 dólares dependiendo cada país. Esto visto en términos del PIB apenas representaría entre 0.06 por ciento, si se da cobertura a población en pobreza extrema mayor de 65 años, o del 0.45 por ciento si se da cobertura a toda la población en extrema pobreza. También puede focalizarse en zonas, lo que implicará menos dinero. Pero nosotros decimos que debería ser a toda la población que estará en hambre.
–¿Qué tipo de canasta alimentaria están recomendando considerando los alimentos procesados?
–Hicimos un esfuerzo junto con la UNICEF a petición del DIF sobre una canasta alimentaria con productos sanos, naturales y nutritivos. Aquí en México enfrentamos la doble carga de la malnutrición. Un 15 por ciento de los menores de 15 años tiene bajo peso y desnutrición crónica. Pero también tenemos el problema de que siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, y uno de cada tres niños padece de ello. Es un tema muy grave, entonces en esta transferencia alimentaria hablamos del tipo de alimentos que deben ser. Para nada ultraprocesados, más bien alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico de las personas. En la última entrega con el DIF aparece la tabla con alimentos nutritivos sin muchas calorías.
–Hablando de la recomendación de transferencias, ¿cómo evalúa los programas de Bienestar del Gobierno federal?
–No podemos cometer los errores del pasado. En la crisis anterior del 2008 y 2009 lo que se promovió fue apostarle a fortalecer al gran sector empresarial porque como generador de empleo, que lo es, solventaría la crisis y sacaría adelante al país. Lo que vimos posterior a esa crisis fue mayor desigualdad y permanencia de la pobreza. Seguíamos una tendencia de mayor exclusión y más hambre. Lo que nosotros proponemos ahora está en coincidencia con lo que se está haciendo en el Gobierno. En México estos mecanismos de transferencias monetarias estaban establecidos desde 2019, lo que ha sido fundamental para que el impacto de la COVID-19 sea menor. En este momento de la crisis tenemos que reforzar este esfuerzo hacia la población que después del coronavirus va a ingresar a la línea de la pobreza o de la pobreza extrema. Estas transferencias no condicionadas se vuelven más importantes. Aquí de lo que se trata es de ampliarlos sobre la base de las posibilidades de cada uno de los gobiernos.
–Entonces, ¿la lección sería enfocar los subsidios esta vez no a los grandes empresarios, sino a la población más vulnerable?
–Efectivamente. Este es un problema no de oferta, sino de demanda. Estamos frente a una situación donde se reduce la capacidad de compra por la reducción de ingresos y se aumenta la pobreza. También se plantean los créditos para pequeños y medianos productores, y ayudar a ciertas empresas para que continúen funcionando y tengan liquidez. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero el foco principal, la prioridad que debe haber, es atender la demanda. Atender a esta gente que va ingresar a la línea de la pobreza extrema. No se vale. No se puede desatender, es a ellos a los que debemos enfocarnos para que no caiga la demanda y no se aumenten los precios de los alimentos. Esto es lo más importante.
–Habla de que las transferencias no deben ser condicionadas. Justamente vamos rumbo a las elecciones de 2021, ¿cómo prevenir el posible clientelismo?
–Todos los gobiernos deben asegurar la mayor transparencia en estos procesos. Todos los actores deben de entender que este es un momento para unirnos y enfocar los esfuerzos. Nosotros hemos trabajado con el DIF federal. Hay una serie de mecanismos de consulta y coordinación para asegurar la transparencia de las donaciones, y transferencias de alimentos e impedir este tipo de cosas. No es por ahí. Además la ciudadanía y medios tienen un poder enorme para acompañar y verificar este proceso.
–Mi última pregunta. ¿En la FAO qué expectativas tienen para el T-MEC que ya arranca?
–Se ha preparado mucho el sector agrícola en este sentido. Hay beneficios importantes que puedan generarse. Hay muchos asuntos en los que como FAO estamos trabajando para que se cumpla con las condiciones establecidas. México ha jugado un papel fundamental en el sentido de acortar las cadenas de suministro de alimento, trabajar más en temas regionales y fortalecer las capacidades de los productores para una autosuficiencia alimentaria. Pero lo que no se puede negar es que el comercio internacional tiene que seguir y fortalecerse. A través de estos tratados de libre comercio será posible.
