Arnoldo Cuellar
30/05/2019 - 12:05 am
Daño moral, instrumento de censura
Estamos en el país de las puertas giratorias y de las formalidades, donde alguien que violenta la ley de forma premeditada tiene recursos a su alcance para defenderse, a menudo superiores a aquellos de los que gozan los ofendidos.
Al igual que le ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista guanajuatense Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo y quien esto escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados bajo la figura de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor Aguayo ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto Moreira, el ex Gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del Colegio de México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de esa entidad. Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira apenas le reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
No es el caso de Guanajuato, donde el empresario televisivo (que no periodista), Jorge Rodríguez Medrano, nos ha demandado a Saucedo y a mí por la nada despreciable cantidad de 84 millones de pesos, debido al señalamiento realizado, con base en investigaciones del activista en transparencia y publicadas en varios medios, entre otros el portal Zona Franca que dirigí, que la cablera que hospeda el canal del empresario adeudaba esa cantidad al municipio de Guanajuato.
Además, las denuncias periodísticas que presuntamente dañaron el honor del demandante, también incluían los señalamientos de que sus vástagos trabajaban en el municipio y el Sistema de Agua Potable en condiciones por demás favorables y sin contar con los perfiles para las labores asignadas; además de que recibían contratos y pagos de servicios extras a su salario.
Todo eso ha quedado debidamente confirmado por una revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que ha detectado que el faltante por el impago de la cablera asciende ya a 115 millones de pesos, lo que aproximadamente equivale a una quinta parte del total del presupuesto anual del municipio. Además, por el resto de las irregularidades se detectaron daños al erario por otros 5.5 millones de pesos.
Parecería lógico que, si las revelaciones periodísticas que dieron lugar al juicio por daño moral quedan debidamente sustentadas, como ocurre con la auditoría de la ASEG, casi en automático la demanda del empresario debería quedar desechada, pues resulta evidente que se causó un beneficio público al detectar y poner en evidencia conductas que violentaron la ley y provocaron un daño al recurso público.
Sin embargo, probablemente no ocurra así. Estamos en el país de las puertas giratorias y de las formalidades, donde alguien que violenta la ley de forma premeditada tiene recursos a su alcance para defenderse, a menudo superiores a aquellos de los que gozan los ofendidos.
Resulta evidente que con lo lucrativa que ha sido la carrera de empresario de los medios, Rodríguez Medrano tiene recursos para tener en la nómina a abogados y hasta políticos. Por ejemplo, en Guanajuato se conoce ampliamente su red de WhatsApp denominada “amiguitos” de la que forman parte personajes como el Alcalde Alejandro Navarro, el líder moral perredista Miguel Alonso Raya, el ex Senador priista Francisco Arroyo Vieyra y el ex vocero marquista Enrique Avilés Pérez.
Sin embargo, también queda claro que la demanda por daño moral, con la estratosférica y fumadísima cifra que imaginó este personaje, no tiene otra intención que la de buscar amedrentar y silenciar a quienes indagan en los entresijos de los negocios entre personajes públicos y empresarios sin escrúpulos.
Veremos como se comporta en este escenario el Poder Judicial de Guanajuato que quiso verse salomónico y juzgar el caso con toda frialdad, ahora que se sabe que las acusaciones de Medrano contra un periodista y un activista están confirmadas por una investigación del máximo órgano revisor del estado.
Cuando este caso inicio, un grupo de defensores de la libertad de expresión le hizo saber a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Magistrada Claudia Barrera, la preocupación de que se tratara de un burdo intento de censura. Ella aseguró que, dentro de la autonomía del juzgador, estaría atenta a que se respetaran todos los derechos en juego.
Veremos qué ocurre.
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