El proyecto de «despojo» denominado Tren Maya, cuyo segundo tramo será negocio para el multimillonario Carlos Slim, es la muestra de que el neoliberalismo sigue palpitando en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusaron activistas desde la Península de Yucatán.
Ciudad de México, 30 abril (SinEmbargo).– Activistas aseguraron que la participación del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú, en el tramo II del principal proyecto de infraestructura del Gobierno federal, el Tren Maya, demuestra que el neoliberalismo continúa avanzando en el riel de la administración de Andrés Manuel López Obrador, constante crítico de este modelo.
«El corazón de la corrupción neoliberal, esto es, la complicidad entre grandes capitales y el Gobierno, sigue intocable. El Tren Maya es la prueba palpable de esto, el concurso que ganó Slim es muy claro», afirmó en un foro virtual Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena y abogado especialista en derecho agrario.
Luego de que el Gobierno federal acordó en el Diario Oficial de la Federación continuar con la construcción del Tren Maya pese a la crisis sanitaria, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha emitido dos fallos de licitación millonarios para los tramos I y II, a pesar de existir una suspensión judicial en el tramo de Xpujil, Campeche, obtenida a inicios de año por esa comunidad maya por la violación a una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, como lo obligan estándares internacionales.
Por 15 mil 538 millones de pesos, el consorcio Mota-Engil México, en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería, construirá 227 kilómetros de Palenque hasta Escárcega. Para el tramo de Escárcega a Calkiní, Campeche, desde el 12 de mayo iniciarán obras la Operadora CICSA, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, en convenio con la española FCC Construcción, por 18 mil 553 millones de pesos.
En 15 de las 30 estaciones se proyectan subcentros urbanos donde habrá desarrollo industrial, inmobiliario y turístico que no ocuparán vías sino «miles y miles de hectáreas de las comunidades indígenas y campesinas que están en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán» por lo que, dijo González, «se trata de un proyecto de despojo para beneficios de los grandes capitales».
Fonatur plantea que las tierras de los ejidos para la construcción de los subcentros sean aportadas a un Fideicomiso de bienes raíces. Pero, alertó el abogado agrario, «la Ley agraria no establece ningún esquema de eso, ¿será de manera ilegal o harán reformas en materia agraria?», cuestionó.
El dramaturgo Ricardo Andrade, miembro de la Red de Resistencia de Yucatán, reclamó que un Gobierno que se dice de izquierda está sacando a trabajadores a hacer el Tren Maya «para beneficiar a los grandes capitales, entre ellos los de Slim (rico desde el salinismo por la venta de Telmex). Hacen un proyecto que no es esencial en este momento de pandemia y no guardan la salud de todas y todos».
«El conservadurismo no es oponerse a estos proyectos, conservadurismo es pensar que se puede alcanzar el desarrollo destruyendo la selva para llenarla de cemento y atraer turismo masivo que llenará nuestros mares de mierda», lamentó Andrade, quien recordó que luego de que los miembros del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron opositores al extractivismo, «ahora hacen maroma y teatro para justificar este despojo de selva y naturaleza; tienen la idea de que son diferentes al prianismo, pero parecen iguales en muchos sentidos».
@Fonatur_MX cuida la salud de sus trabajadores en esta contingencia. Continuamos trabajando en áreas administrativas con las medidas sanitarias necesarias y regresaremos a campo sólo cuando la autoridad sanitaria lo autorice. pic.twitter.com/2N4kOmiTug
— @FonaturMX (@TrenMayaMX) April 15, 2020
Desde Quintana Roo, Ángel Sulub Santos, defensor territorial miembro del Congreso Nacional Indígena, planteó que los pueblos mayas están enfrentando una batalla muy dura contra una «pandemia» que está matando y arrebatando su libertad, una mucho más grave que la causada por el coronavirus: «la pandemia del capitalismo que bajo la bandera del desarrollo continúa con el despojo sistemático a manos del Gobierno que intenta imponernos el Tren con una consulta que viola nuestros derechos indígenas».
«Intenta imponer desoyendo la voz de académicos, científicos, ambientalistas y sobre todo las voces de pueblos que decimos No», aseguró. «Son los mismos de siempre con sus negocios de construcción, aquellos buitres esperando la carroña que llevan años poniendo sus ojos sobre nuestros recursos naturales. Se intenta poner no solo un tren, es la punta de un reordenamiento territorial, un reparto del gran pastel para los capitalistas y grandes industrias».
Y Sulub enlistó lo que defienden: sus selvas, sitios sagrados, cenotes, su lengua porque, recalcó, «para nosotros los mayas, los árboles, el agua y la milpa son sagrados».
Pero, lamentó, para el resto «todo se reduce al dinero; su argumento es el desarrollo económico y los miles de empleos. Nada tiene que ver con dignificar la vida de los pueblos».
El poeta maya Pedro Uc coincidió en que esto es el neoliberalismo aplicado, «el mismo vicio» de los gobiernos del PAN y del PRI, pero no es entendido por todos «porque nuestra comunidad ha sido bombardeada con una serie de propaganda para descalificarnos».
Y ahora por la crisis del COVID-19, percibe cómo los han intentado callar. «Se hace un buen pretexto el de encarcelarnos en nuestras casas. Con razón en una mañanera se nos dijo que viene como anillo al dedo, nos mutila las manos, nos corta los pies, nos ponen un tapabocas para que dejemos de hablar, nos inmovilicemos y que el Tren venga y arrebate nuestro territorio», comentó.
DOS AMPAROS RECHAZADOS
Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán han impedido en dos ocasiones el derecho al acceso a la justicia de comunidades amenazadas por el proyecto denominado Tren Maya al rechazar la presentación de dos amparos sin siquiera leer la demanda al argumentar que no es urgente. Además durante esta pandemia las audiencias para continuar con la suspensión obtenida en Xpujil, Campeche, se han paralizado.
«La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. No puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el Ejecutivo», aseguraron el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Ximbal”, el Colectivo Tres Colonias de Campeche, Indignación-Promoción y Defensa de los derechos humanos y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
El viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana, acudieron a los Juzgados de Distrito a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que utilizará la obra.
Fonatur, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías para no terminar en la calle.
Pero el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber siquiera leído la demanda. Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Por ello el 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.
El Tren Maya debe tomar en cuenta, todos y cada uno de los tramos, en la relación al ambiente subterráneo: Guillermo de Anda (director del Gran Acuífero Maya) #TrenMaya pic.twitter.com/aYi4ayAVtr
— @FonaturMX (@TrenMayaMX) April 23, 2020
En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo en contra del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual el Gobierno federal estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la crisis sanitaria.
Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el periodo de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas.
Primero el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, porque “no era urgente”. Si bien después de mucho insistir fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán, bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia.
«A pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado»en una actitud incongruente» pospuso su análisis una vez terminado el periodo de cuarentena, con lo cual no solo negó el acceso a la justicia a las comunidades sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de COVID-19 en las comunidades afectadas por el Tren Maya», alertan los mayas.
Para cuando pase la pandemia y los tribunales se reactiven, acuaron, los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación.
«El Poder Judicial de la Federación debe seguir reforzando las medidas para no dejar en la indefensión a aquellas personas que por su condición extrema de vulnerabilidad corren en riesgo de ver violados sus derechos más elementales», exigieron. Al Gobierno Federal le reiteraron la exigencia de suspender las obras de construcción así como el proceso de desalojo y reubicación de personas hasta no implementarse una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
