El temor a la deportación ya está afectando al Valle de San Joaquín, en EU, el cual proporcionan casi 13 por ciento de lo que se consume en ese país, ya sean duraznos, ciruelas, almendras, espárragos, fresas, tomates, ciruelas o ajo. Como resultado, los agricultores están viviendo una severa escasez de personal en las fincas. Esto los ha obligado a buscar la manera de retener a sus trabajadores, ya sea ofreciendo aumento de salarios, seguro médico, cuidado de niños y tiempo libre remunerado—cosa que ha sido inusual en esta región donde, según datos de la Oficina del Censo, 24 por ciento de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
Los Ángeles, 30 de abril (SinEmbargo/LaOpinion).– Los trabajadores agrícolas en el Valle de San Joaquín proporcionan casi 13 por ciento de lo que se consume en Estados Unidos. Ya sean duraznos, ciruelas, almendras, espárragos, fresas, tomates, ciruelas o ajo, pocas son las mesas no vinculadas a su labor.
El Valle de San Joaquín abarca ocho condados, incluyendo Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquín, Stanislaus y Tulare. Según datos de la Oficina del Censo, hay poco más de 4 millones de habitantes en esta región, y la mitad de ellos es de origen latino, que en su gran mayoría se dedica a las labores del campo.
Pero a pesar de alimentar a todo el país, los residentes del Valle de San Joaquín viven aterrorizadas por las políticas migratorias del Presidente Donald Trump.
Según una encuesta realizada por el Instituto de Liderazgo y Políticas Públicas de la Universidad Estatal de California, en Fresno, a nivel nacional, 21 por ciento de personas temen que ellas, algún familiar o amigo cercano sean deportados.
En la región central de California, sin embargo, la preocupación por la deportación se extiende al 68 por ciento de los latinos y al 33 por ciento de otros grupos étnicos (afroamericanos, anglosajones y asiáticos).
El temor a la deportación ya está afectando a la región, conocida como la “canasta de alimentos del mundo”. En entrevista con USA Today, Bruce Goldstein, presidente del la organización sin fines de lucro Farmworker Justice, dijo que “la altamente publicitada amenaza de deportación ha infundido mucho miedo entre los trabajadores agrícolas y sus hijos”.
Como resultado, los agricultores están viviendo una severa escasez de personal en las fincas. Esto los ha obligado a buscar la manera de retener a sus trabajadores, ya sea ofreciendo aumento de salarios, seguro médico, cuidado de niños y tiempo libre remunerado—cosa que ha sido inusual en esta región donde, según datos de la Oficina del Censo, 24 por ciento de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
La línea dura de Trump hacia los inmigrantes que no están autorizados a residir en el país, provoca escalofríos a la industria agrícola, que teme quedarse sin la mano de obra necesaria para plantar, atender y recoger las cosechas de los productos que alimentan a la nación.
Los productores de frutas y vegetales, los ganaderos y los dueños de viveros y de viñedos, están empezando a presionar a los políticos para que aborden el tema de la inmigración ilegal, de forma tal, que no afecte sus industrias.
Algunos de los líderes de este movimiento son republicanos que votaron por Trump y que enfrentan un dilema, pues están a favor de que se refuerce la seguridad de la frontera, pero al mismo tiempo, no tienen nada en contra de los trabajadores sin papeles que no son delincuentes peligrosos.
La agricultura emplea un porcentaje de inmigrantes, sin papeles, más alto que otras industrias, según el centro de estudios Pew.
Los inmigrantes sin permiso de residencia representan el 46 por ciento de los aproximadamente 800 mil trabajadores del campo, según un análisis que hizo la agencia AP dde los departamentos del Trabajo y de Agricultura.
Un incremento en las deportaciones podría tener “importantes repercusiones económicas”, indicó un estudio del 2012 del Departamento de Agricultura. Si la mano de obra no autorizada se redujese en un 40 por ciento, por ejemplo, mermaría más de un 4 por ciento de la producción de vegetales, de acuerdo con el estudio.
La Federación de Departamentos Agrícolas (American Farm Bureau Federation) dice que un severo control de la inmigración haría que los precios de los alimentos suban un 5 por ciento o 6 por ciento por una merma en la oferta y por el aumento en los costos laborales que ello conllevaría.
