Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La Reforma Política del Distrito Federal, que fue aprobada en lo general en el Senado de la República el pasado martes y que busca convertir a la capital del país en una entidad federativa, con más autonomía y una Constitución propia, pone en riesgo la participación ciudadana en la definición del nuevo texto constitucional, consideraron legisladores y ciudadanos agrupados en diversas organizaciones.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, una de las organizaciones civiles que integran la Asamblea Ciudadana del Distrito Federal, y que ha estado cercana al proceso de la Reforma Política en la capital del país, refirió que en la etapa de elaboración de la reforma hubo un debate arduo de las organizaciones civiles con el Jefe de Gobierno, los legisladores y los representantes del Poder Ejecutivo federal sobre cómo se iba a integrar la asamblea constituyente.
Sin embargo, añadió, la conformación avalada es deficiente “porque da ciertas ventajas al partido en el poder y hay un cierto tutelaje de parte del Gobierno federal a este proceso que todos sabemos es un proceso autónomo (…) Nosotros creemos que al final esto le generará una mayoría al partido oficialista, lo cual nos alarma».
Ventura reconoce como un logro que se haya aprobado crear una asamblea exclusivamente para elaborar y aprobar la nueva Constitución, diferente al Congreso local representado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero el resultado, destacó, es insuficiente y contrario con los objetivos presentados.
El académico Manuel Canto Chac, quien es presidente de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil y quien ha hecho varias publicaciones sobre el desarrollo social de la Ciudad de México, planteó que si bien durante la etapa previa a la discusión de la reforma en el Senado hubo participación de organizaciones sociales y civiles, en esta fase –que considera definitoria para la creación del nuevo texto constitucional– “hay una seria resistencia de la clase política a abrirse a la opinión de la ciudadanía”.
Los especialistas consideraron que la conformación de la asamblea constituyente, tal como fue aprobada, pone en riesgo la participación de los ciudadanos, pues restringe la decisión sobre su integración a los partidos políticos, a los legisladores, al Jefe de Gobierno y al Presidente de la República.
Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera, anunció que la Reforma Política del Distrito Federal se queda en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde deberá ser analizada a fondo. “No puede salir de manera forzada y sin los consensos de todos los grupos parlamentarios”, dijo.
El Partido Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza también anunciaron su rechazo, así como distintos grupos sociales que reclaman por qué no hubo consultas. Eso mismo dijo Beltrones. Y algo parecido expresaron los otros partidos.
Mientras líder panista, Ricardo Anaya Cortés dijo que con la reforma ”se crea más burocracia, [y] habrá más personas en las delegaciones sin darles más facultades, sin ser municipios, van a costar más y no habrá más eficiencia”.
El dictamen aprobado en lo general por los Senadores plantea que la asamblea constituyente –encargada de la elaboración, discusión y aprobación de la nueva constitución local– se integrará por 100 personas: 60 de ellas elegidas mediante votaciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las otras 40 designadas por la Cámara de Diputados (14), el Senado (14), el Jefe de Gobierno capitalino (6) y el Presidente de la República (6). Los 60 asambleístas votados (el proceso electoral se realizará en junio de 2016) serán elegidos por el principio de representación proporcional, mediante listas propuestas por los partidos políticos.
Canto Chac dijo sobre la presencia de 40 asambleístas designados: “Denotan otra vez esta tutela o pretensión de tutelar a la ciudadanía de la Ciudad de México como si fuéramos menores de edad, como si nuestros derechos no los pudiéramos ejercer por nosotros mismos”.
No es el primero en señalarlo así. El martes pasado, previo a la presentación del dictamen de la Reforma Política ante el pleno del Senado, Mario Delgado Carrillo, Senador presidente de la Comisión del Distrito Federal, acusó que la integración de la asamblea tenía una trampa que favorecería al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Basado en proyecciones electorales, expuso que ese partido, al cual pertenece el Presidente Enrique Peña Nieto, obtendría un 32 por ciento de los asambleístas, con lo que tendría una mayoría ficticia.
La designación de una parte de los asambleístas no es el único riesgo que advirtieron los especialistas y representantes de organizaciones civiles. Otro es que no hay hasta ahora claridad en cómo los ciudadanos interesados en participar de la asamblea constituyente podrían hacerlo.
Y, por supuesto, el riesgo de que la asamblea constituyente no tenga una representación plural y termine convertida en un órgano de negociaciones entre partidos, apuntó Ventura.
Para Canto Chac un elemento que abre la puerta a la participación ciudadana es el carácter de la asamblea constituyente, ya que es un nombramiento honorífico, es decir sin pago, y temporal. Son condiciones, dijo, que a los políticos no les interesa.
“Eso abre la posibilidad a que los partidos políticos compitan no por los puestos sino por ofrecer las mejores listas de dirigentes sociales, civiles, académicos, especialistas. Es una posibilidad, no hay garantía al respecto”, consideró.
¿Y LAS DEMANDAS CIUDADANAS?
Desde su aprobación en lo general la noche del martes pasado, lo que se ha resaltado de la reforma constitucional del Distrito Federal es que se cambiará su nombre oficial a Ciudad de México y tendrá su propia Constitución, que las actuales delegaciones se convertirán en alcaldías gobernadas por un Alcalde y un concejo de entre 10 y 15 integrantes, que el Ejecutivo local podría nombrar a los titulares de las Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y que la nueva entidad decidirá su techo de deuda (facultad actualmente en manos de la Cámara de Diputados).
Se trata de los grandes logros desde la óptica de la clase política, a decir de Canto Chac. «Eso es lo que los políticos quieren ponerle a la Constitución, pero nosotros ¿qué queremos ponerle, de qué manera la ciudad que queremos tener, la dinámica social que queremos tener, el control sobre el gobierno, de qué manera lo ponemos en la Constitución?», cuestionó.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana expuso que en el dictamen aprobado debió quedar incorporado que se le daría la más amplia participación a la ciudadanía capitalina. Agregó que si bien la omisión de este punto es “preocupante”, no significa que los ciudadanos no puedan presionar para participar en el proceso de elaboración del nuevo texto constitucional.
La participación de los habitantes del Distrito Federal en este proceso no sólo es relevante por la suma de otro actor, dijo, sino por los temas que podrían impulsar, que no necesariamente son los mismos que interesan a los grupos políticos.
Entre los temas que los ciudadanos tendrían que promover, Canto Chac destacó la rendición de cuentas de los servidores públicos y los mecanismos ciudadanos de vigilancia, que no haya retrocesos en los derechos políticos y civiles alcanzados, o que los concejos en las nuevas alcaldías sean ciudadanos y no convocados por los alcaldes a cambio de prebendas.
«Hay muchísimas posibilidades. Por supuesto que el poder político va a tender a minimizarlas y lo que toca a la ciudadanía es maximizar las posibilidades que abre esta coyuntura donde, lo sabemos, no es aceptable pero tampoco es sorpresa, siempre los políticos tenderán a minimizar y a estorbar la participación ciudadana», expresó.
MOMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN
La Reforma Política del Distrito Federal aún tiene que ser aprobada en ambas cámaras legislativas y en los congresos estatales para que efectivamente se ponga en marcha. Canto Chac refirió que por ahora, lo que corresponde a las organizaciones civiles es difundir el tema, tal como lo han hecho con otros asuntos que le son relevantes, como las denuncias de corrupción o la observación electoral.
“En todos los sectores sociales habrá que organizarse para formular propuestas muy concretas de cuál es la Constitución que queremos para nuestra ciudad”, expuso.
Los especialistas no lo ven como una posibilidad lejana. El Distrito Federal, capital de los poderes políticos y económicos del país, tiene una amplia participación ciudadana, ha avanzado muchos en temas de derechos y tiene una ciudadanía crítica, propositiva y una maduración en la postura y la participación, sintetizó Ventura.
Por ello, dijo, se trata este de un momento muy importante, histórico incluso, porque abre la posibilidad de que los derechos ganados en la capital del país se reconozcan en un texto constitucional.
“Puede ser un momento de la redacción de una constitución progresista, de avanzada, garantista de derechos humanos, pero además puede ser una reactivación de la sociedad civil en el Distrito Federal, que sabemos que es muy participativa (…). Creemos que es un momento de oportunidad para materializar más las conquistas de derechos de las organizaciones sociales”, expresó.
