Ahora con la resolución, el contrato de interconexión no se dará por terminado y continuará surtiendo efecto sin que sea necesaria una prórroga, esto mientras se resuelve el juicio de amparo.
Ciudad de México, 30 de marzo (EFE).- Un Juez mexicano otorgó una suspensión definitiva para que una planta paralizada de Iberdrola en el norteño estado de Nuevo León pueda volver a operar en tanto se desarrolla y resuelve el juicio, informaron este miércoles a EFE fuentes del sector.
El diario Reforma publicó este miércoles que Iberdrola logró una suspensión definitiva para uno de sus amparos promovidos para que las dos unidades de la central Dulces Nombres que fueron desconectadas en febrero tras vencer el contrato de interconexión puedan volver a operar.
La suspensión, otorgada la semana pasada, implica que mientras se resuelve el juicio de amparo el contrato de interconexión no se dará por terminado y continuará surtiendo efecto sin que sea necesaria una prórroga.
No obstante, según fuentes del sector, se desconoce si el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya cumplió la orden de reconexión.
A mediados de febrero, otro Juez alegó que la suspensión de la operación de esta planta que acordó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) afectaría a la libre competencia económica y suponía un cambio abrupto para el mercado eléctrico, lo que afecta al principio de confianza legítima de los inversionistas.
En esa ocasión, el Juez agregó que esta suspensión de operaciones de la planta tendría graves consecuencias.
El pasado 31 de enero expiró un contrato de Iberdrola que proporcionaba electricidad a decenas de grandes empresas a través de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres en Nuevo León, tras una negativa de la CRE de renovar el permiso.
Este caso no es el único acontecido en los últimos meses, aunque la CRE no quiso detallar a EFE el pasado febrero del número exacto de no renovaciones de contratos, alegando que están «bajo proceso legal».
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.
La reforma, que deberá ser aprobada por dos tercios de los legisladores a lo largo de abril, causa una enorme controversia entre empresarios y analistas.
